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Reforma a la ley de cooperativas: despejan nuevas indicaciones

Los legisladores están abocados a revisar los distintos aspectos de esta norma que pretende dinamizar estas organizaciones incentivando su eficiencia económica, facilitando su constitución y fortaleciendo su gestión.

27 de octubre de 2014

Imagen foto_00000015La fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la importancia económica en función del número de socios, y el registro de árbitros fueron algunos de los aspectos debatidos al interior de la Comisión de Economía, en el marco de la tramitación del proyecto que modifica la ley de cooperativas.

 

SBIF

 

El articulado de la norma en segundo trámite, está siendo analizado por esta instancia parlamentaria. En la última sesión, sus integrantes discutieron la situación de las cooperativas, cuyo patrimonio está a punto de pasar de las 400 mil Unidades de Fomento (U.F.), por lo que debe comenzar a ser fiscalizadas por la SBIF.

 

En este sentido, el senador Jaime Orpis explicó que “nos parece necesario que exista un tiempo de aprendizaje, de manera que los miembros de las cooperativas conozcan en detalle qué significa ser fiscalizado por la Superintendencia, en particular las exigencias y procedimientos”.

 

Asimismo, el legislador precisó que el sentido es que “las cooperativas pidan voluntariamente ser integradas a este proceso de aprendizaje”. Este aspecto fue respaldado por los senadores, lo que a juicio del congresista Orpis es un avance puesto que “la redacción anterior podía requisitos adicionales, que a mi juicio, complicaban aún más este trámite”.

 

IMPORTANCIA ECONÓMICA

 

Otro aspecto revisado en la sesión fue lo relativo a la importancia económica de estas entidades. En la actualidad, se califican como tales aquellas cuyo capital supera las 50 mil UF o los 500 socios. De acuerdo al texto aprobado por la Cámara en su primer trámite, se eliminó el criterio del número de socios.

 

Al respecto, el senador Orpis se mostró a favor de dicho cambio, sin embargo anunció que presentará una indicación exceptúe aquello en el caso de las cooperativas que se relacionan con servicios básicos, por el ejemplo, el agua potable. “Cuando estas organizaciones tienen un problema, no sólo se ven afectados sus socios, sino también toda una comunidad, por lo que creo que acá el criterio debe ser distinto”, explicó.

 

REGISTRO DE ÁRBITROS

 

En la actualidad, la Confederación Nacional de Cooperativas CONFECOOP-CHILE LTDA lleva el registro de árbitros, los que median las distintas divergencias que se suscitan entre estas entidades; las que posteriormente pueden ser derivas a la justicia ordinaria.

 

Al respecto, el senador Orpis declaró ser partidario que sólo los tribunales intervengan en estos casos puesto que “la confederación es juez y parte, y en honor de la trasparencia creo que no deberían participar en este proceso”.

 

Por su parte, el senador Alejandro Navarro aseguró que “las cooperativas son organizaciones de una naturaleza muy particular que al pasar por la justicia ordinaria se ven inmersas en un proceso engorroso y lento, por lo que creo que lo mejor es buscar un mecanismo más expedito de resolución de conflictos”.

 

En esa línea, el representante por la región del BioBío, anunció que estudiará la experiencia alemana para saber cómo opera la legislación de ese país en cuanto a los juicios y el rol que cumplen los árbitros en la mediación. “Hoy me abstuve de votar porque quiero formarme una opinión”, comentó.

 

GÉNERO

 

Entre las indicaciones que se encuentran pendientes está lo relacionado con la disposición que busca que tantos como hombres como mujeres tengan el mismo porcentaje de representación en las directivas.

 

La senadora Lily Pérez San Martín apoya dicha indicación, la que se apoya en estadísticas. De acuerdo a información que maneja el Ejecutivo, un 26% de los socios de las cooperativas corresponde a mujeres, pero no se encuentran representadas en las directivas.

 

Por su parte, el senador Orpis declaró estar en contra de este enfoque, manifestando que “debe prevalecer otro tipo de criterios ya que las cuotas de género son inconducentes”.

 

 

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