Avanzan en normas para colegios particulares, reconocimiento oficial y definición del lucro

Con la votación de nuevas indicaciones, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación continuaron con el estudio en particular del proyecto de reforma escolar en la tercera jornada destinada para tal fin.

Entre las disposiciones aprobadas con votación de mayoría en la última jornada se cuentan:

a) Las que consagran que el rendimiento escolar no será obstáculo para la renovación de la matrícula en los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado,

b) Tampoco se podrá considerar dicho rendimiento en los procesos de admisión de los que reciben aportes del Estado.

c) Los colegios particulares pagados podrán realizar pruebas de admisión a sus nuevos alumnos.

d) Sin embargo, en los colegios particulares pagados no será una exigencia, al momento de renovar la matrícula, el rendimiento académico de los alumnos. Se amplía así a estos establecimientos la norma que rige para los colegios subvencionados.

e) Los alumnos en los colegios particulares pagados tendrán derecho a repetir de año, al menos, una vez en la enseñanza básica y una vez, en la enseñanza media, sin que se les niegue la renovación de la matrícula.

Cabe señalar que en varias de estas disposiciones, los senadores de la Alianza hicieron reserva de constitucionalidad.

En la primera etapa del debate de la jornada de hoy, (Vea la primera parte de la sesión) la discusión estuvo centrada en las normas que establecen deberes y derechos para los padres y sostenedores y también en aquellas vinculadas a los artículos 11 y 12 de la iniciativa que dicen relación con los procesos de admisión y permanencia en los establecimientos educacionales.

En el artículo 11 se rechazaron tres indicaciones presentadas por los senadores Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Víctor Pérez y Ena Von Baer, por lo que la norma finalmente aprobada señala que los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado no podrán poner como obstáculo para la renovación de su matrícula el rendimiento escolar en ninguno de sus niveles.

Cabe recordar que la ley vigente establece que el factor rendimiento no puede ser obstáculo para la renovación de matrícula entre el  primer nivel de transición de la educación parvularia y hasta sexto año de educación general básica en los colegios subvencionados, lo que los senadores de la alianza querían mantener.

Por otra parte, también se estableció que en los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo colegio a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media.

Precisamente fue en esas disposiciones donde se dio un mayor debate respecto de si las normas de este proyecto pueden afectar o no a los establecimientos de educación particular pagada. (Revise acá la segunda parte de la sesión de la mañana) Mientras los senadores Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot y Hernán Larraín, sostienen que tales disposiciones están fuera de la idea matriz del proyecto, los senadores Fulvio Rossi, Jaime Quintana, Alejandro Navarro, Carlos Montes, Andrés Zaldívar e Ignacio Walker señalaron que se trata de normas generales que deben regir para todos los establecimientos. Asimismo, señalaron que ello no contribuye a un desincentivo al esfuerzo y que todos los expertos aconsejan que no se debe seleccionar por rendimiento.

Asimismo, se aprobó con 6 votos contra 4 el artículo 12 que establece que en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, “en ningún caso se podrá considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante” y tampoco será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante.

En esa misma línea se aprobó, con modificaciones, una indicación del senador Carlos Bianchi, que complementa dicha norma, señalando que para los procesos de selección no será requisito la presentación de antecedentes tales como nivel de escolaridad de los padres, entre otros. (Revise aquí la tercera parte de la sesión de la mañana)

Posteriormente, las Comisiones Unidas se abocaron al estudio de las normas relativas a los procesos de admisión de los alumnos tanto en establecimientos públicos, como subvencionados  y particulares pagados. (Revise la cuarta parte de la sesión en la tarde)

En esa línea, se acordó que los colegios particulares pagados podrán realizar pruebas de admisión a sus nuevos alumnos, modificando así, el criterio introducido en la Cámara Baja. Asimismo, dichos establecimiento podrán considerar el rendimiento escolar pasado o potencial de los postulantes en dichos procesos.

No obstante, se acordó que los procesos de admisión de los alumnos deberán ser objetivos y transparentes, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos alumnas y sus familias según las normas de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Según explicó el senador Ignacio Walker,  las normas que disponían la eliminación de las pruebas de admisión en los colegios particulares pagados "no estaba en el proyecto inicial del Gobierno", sino se incluyeron mediante indicaciones en la Cámara de Diputados"  y aclaró que no corresponde dicha imposición ya que los colegios pagados no reciben aportes del Estado.

Ratificó dicha postura, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre quien coincidió en que “no se puede prohibir que un padre o madre que pague por ese colegio”  participe en un proceso de admisión pues “eso equivaldría a que el Estado disponga qué es lo que la gente puede o no hacer con sus propios recursos”.

A su turno, el senador Fulvio Rossi, se mostró contrario a esa postura que fue parte de un acuerdo de la Nueva Mayoría “que no comparto”, pues a su juicio se trata de “terminar con la exclusión en los proyectos educativos”. No obstante, valoró que se hayan aprobado algunas disposiciones en orden a regular estos establecimientos privados para garantizar que “no haya ningún tipo de discriminación”. (Revise el video con la quinta parte de la discusión en la tarde)

En esa línea, se aprobó que el rendimiento académico de los alumnos no sea una exigencia al momento de renovar la matrícula y que no se pueda negar una matrícula por motivos tales como, “la separación de los padres o que una alumna quede embarazada”.

Según explicó el ministro de Educación, estas disposiciones apuntan a evitar que algunos colegios pagados impongan requisitos de notas para permanecer en ellos, aun cuando los alumnos hayan pasado de curso.

Estas normas fueron criticadas por los senadores de la Alianza, pues a su juicio “se apartan de las ideas matrices del proyecto que apunta a regular la educación subvencionada.

Por estas razones hicieron reserva de constitucionalidad en varias modificaciones introducidas y consideraron que se está "desincentivando el esfuerzo" de los estudiantes. "La señal que estamos dando es que da lo mismo sacarse buenas o malas notas, que el rendimiento no importa", dijo el senador Andrés Allamand.  A su vez, el senador Juan Antonio Coloma consideró que todas estas disposiciones son “una zancadilla al emprendimiento y “un gran trancazo a la calidad en la educación".

Asimismo, las Comisiones Unidas se abocaron al debate de las disposiciones relativas a los procesos de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, y de las causales de inhabilidad e infracciones de los sostenedores de dichos recintos educacionales. (Revise el video con la sexta parte del debate en la tarde).

Hacia el término de la jornada, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, iniciaron el estudio de las indicaciones que definen el uso de la subvenciones educacional, contenidas en el DFL N°2 del Ministerio de Educación y que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de 1996, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales.

Al respecto, ahondaron en algunos conceptos de los fines educativos de los establecimientos particulares subvencionales y lo que se entenderá y regulará como lucro. Al respecto, los senadores de la Alianza, Andrés Allamand, Ena Von Baer y Hernán Larraín, insistieron en que el proyecto tal como está presentado no apunta a la calidad ni tampoco a la gratuidad, porque los rendimientos educacionales "no tienen que ver con el lucro". (Revise el video con la séptima parte del debate en la tarde)

Cabe recordar que la semana pasada, la instancia se constituyó y se inició el despacho del texto legal con la primera treintena de indicaciones. (Revise la nota relacionada)

En tanto, frente al funcionamiento de las Comisiones Unidas los senadores Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda y Fulvio Rossi, presidente de la Comisión de Educación,  emitieron una declaración donde  privilegian el acuerdo político para la presidencia de las instancias unidas, es decir, que presida el senador Rossi:

• “Si bien es cierto hay diversas interpretaciones al reglamento, lamentamos la rigidez que ha planteado la Alianza a la hora de flexibilizarlo para permitir que el Presidente de la Comisión de Educación dirija esta instancia y que simultáneamente se permita la presencia del Presidente de la Comisión de Hacienda.  Es de común ocurrencia en el Senado que sesionando unidas dos o más comisiones se acuerde que presida el Presidente de aquella Comisión que tenga directa relación con la materia del proyecto de ley.

• Frente a esta acción de la Alianza de obstaculizar la Presidencia de esta Comisión por parte del titular de educación, hemos decidido que se funcionará bajo la misma modalidad usada el miércoles 6 de enero cuando se reunió la instancia.

• Nuestro compromiso con la ciudadanía, es para fortalecer una Educación Pública de calidad y para eso necesitamos que se puedan cumplir los plazos legislativos para tramitar la Ley de Inclusión Escolar que estamos discutiendo”.