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Preocupación ante miles de familias afectadas por caso Universidad del Mar y Consejo Nacional de Acreditación

El presidente de la Comisión de Educación, senador Carlos Cantero, comentó que en la instancia se solicitó al ministro del ramo, Harald Beyer, que entregue detallados antecedentes de los casos que afectan a miles de jóvenes de dicha casa de estudios.

29 de noviembre de 2012

La situación que viven miles de estudiantes de la Universidad del Mar y de las irregularidades detectadas en el proceso de acreditación de planteles de educación superior, como el mal actuar del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), fueron abordados en la Comisión de Educación.

 

Así lo informó el presidente de la instancia, senador Carlos Cantero, quien agregó que “invitamos al ministro de Educación, Harald Beyer, para que nos de cuenta del plan para dar solución a las graves irregularidades y sus consecuencias en esa casa de estudios y todos las personas que se ven afectadas”.

 

En ese sentido, el parlamentario añadió que “esto tiene que ver primeramente con los estudiantes. Qué respuesta y dónde vamos a reubicarlos, por lo cual le hemos pedido al Ministro que entregue perentoriamente los detalles, porque en este caso claramente hay irregularidades”.

 

Asimismo el legislador fue enfático en exponer que “en mayo hicimos públicas las denuncias efectuadas por la Universidad Andrés Bello, el DUOC, y la Universidad Federico Santa María que por escrito y de forma verbal hicieron llegar a la Comisión de Educación. Se trataron de denuncias vinculadas a faltas a la probidad y de tráfico de influencias”.

 

Inmediatamente añadió el senador Cantero “dimos curso progresivo a las instancias pertinentes; por ello, le consulté qué ha hecho el Ministerio en el caso con los antecedentes que entregamos y miren hasta donde hemos llegado, a una verdadera vergüenza y escándalo nacional, verificando que nuestras denuncias se transformaron en una triste realidad”.

 

Respecto de la Comisión Nacional de Acreditación, el parlamentario dijo que “la composición es disfuncional, pues lo que hacen los 15 miembros es representar a quienes los promueven a esos cargos. Lamentablemente, hemos evidenciado que cayó en el abuso más grosero que es el tráfico de influencias y corrupción que espero la ley sancione con todo el rigor. Esto, porque el sistema de acreditación es bastardo porque se guía por situaciones de apreciación subjetivas, lo que conlleva al tráfico de influencias, para lo cual se necesita un mecanismo con mediciones concretas y justificadas técnicamente cuando se hagan”.

 

Frente a dicho panorama, el legislador informó que se tomarán dos cursos de acción, en el cual se convocará para los días martes y miércoles de la segunda semana de diciembre, para votar de forma general la Ley de Financiamiento (martes 11) y la Ley de Superintendencia (miércoles 12).

 

Enfatizó que “se acabó el plazo de los acuerdos y de las conversaciones, llegó el momento de actuar y simplemente las mayorías y minoría que están definirán el destino de estos proyectos de ley”.

 

Consultado sobre los problemas de la institucionalidad, el parlamentario enfatizó que “toda nuestra institucionalidad pública está en un rol de observador, que es una postura muy permisiva, ya que, insisto, entregamos tres denuncias formales desde la Comisión de Educación del Senado, con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación que las escucharon, a lo cual se agrega que toda la institucionalidad pública se informó, al ser las sesiones transmitidas por televisión en vivo y después se repitieron”.

 

Agregó que “cuántos funcionario fueron proactivos; cuántas denuncias se hicieron. Cuántos cumplieron con la ley de probidad que dice que cuando un empleado público conoce una irregularidad debe automáticamente denunciarla y dar curso progresivo a la autoridad pertinente o a los tribunales de justicia. Hay una lógica de mercado y se pretende que por la vía legal se solucionen estos problemas”.

 

Asimismo, el parlamentario comentó que “hay miles de familias que están sufriendo un verdadero martirio. Todos sabemos cuándo empieza un proceso, pero nadie sabe cuándo termina ese proceso, por lo que la vía administrativa es estrictamente necesaria y el Estado debe cumplir su rol, pues para mí la educación es un bien público que el Estado tiene el papel insustituible de garantizar y permitir el acceso a ella”.

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