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Comisión de Ética anuncia que velará por respeto a normas de probidad y transparencia

En el marco del debate público por el denominado caso Penta, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado precisó que esperará los procesos en curso antes de emitir un pronunciamiento; mientras diversos senadores hicieron presente la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento del sistema democrático.

13 de enero de 2015

Imagen foto_00000016Diversas posturas y reacciones han generado las diversas aristas del denominado caso Penta. Al respecto, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, que preside el senador Hernán Larraín expresó su “preocupación por los hechos de público conocimiento sobre el financiamiento de las campañas en que aparecen mencionados algunos integrantes de nuestra Corporación”.

 

Asimismo aseveró que la instancia “debe esperar el avance de los procesos correspondientes y, una vez haya pronunciamientos concretos, evaluará y resolverá las acciones a seguir”. (Revise la normativa que rige la Comisión de Ética y Transparencia)

 

Por otro lado, manifestaron “su convicción de que resulta necesario avanzar con rapidez en la instalación de un nuevo marco normativo que permita regular con efectividad la relación dinero-política”.

 

Para ello solicitaron “al Gobierno y a la Presidenta del Senado que pongan el mayor interés por procurar el despacho, a la brevedad posible, de todas las iniciativas legislativas que permiten concretar estos objetivos”.

 

MARCO NORMATIVO

 

Al respecto, la Presidenta del Senado, Isabel Allende, presentó dos mociones con el patrocinio de sus pares Ignacio Walker, Rabindranath Quinteros, Carlos Montes, Felipe Harboe y Lily Pérez San Martín que apuntan a sancionar con la pérdida del cargo a quienes infrinjan las normas de financiamiento electoral; mientras que su par, el senador Alejandro Navarro recordó que también viene impulsando iniciativas en tal sentido desde el año 2008 y 2011.

 

Asimismo, el senador Jaime Quintana, consideró que estos temas deben abordarse en el marco de la discusión de un proyecto que apunte a normar y transparentar el financiamiento de la política. 

 

En tanto, su par Rabindranth Quinteros manifestó que espera que “la Comisión de Ética tome cartas en el asunto con el caso de los parlamentarios vinculados”.

 

A su turno, la senadora Ena Von Baer, cuyo nombre aparece vinculado en los medios desestimó mediante una declaración que haya recibido “recursos de Penta fuera del marco de la ley para la campaña política ni como persona natural, ni como sociedad que yo tenga participación".

 

Asimismo pidió "que la investigación siga su curso y que los tribunales" tomen la decisión.

 

MOCIONES

 

La Presidenta del Senado, Isabel Allende Bussi, ingresó  dos mociones, una que reforma a la Constitución y otra que modifica diversas leyes ante la Oficina de Partes:

 

a)    La que establece la pérdida de escaños de diputados y senadores que hayan resultado electos con inobservancia a las normas sobre el límite de gasto electoral, aportes fraudulentos o ilegales para financiar campañas electorales;

b)    La que dispone la pérdida del cargo, nombramiento o escaño a todo candidato o autoridad electa, que haya incumplido normas sobre gasto electoral o normas sobre probidad y transparencia,

 

A juicio de la legisladora ambas “iniciativas son claves para avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia”.

 

En cuanto al primer proyecto, la Presidenta de la Corporación explicó que con esta moción se busca la modificación de la Constitución Política, en los siguientes términos: “Cesará en su cargo el diputado o senador que haya resultado condenado mediante sentencia penal firme y ejecutoriada, por haber financiado su campaña electoral con aportes de terceros, obtenidos a través de actos ilegales o fraudulentos”.

 

Asimismo la segunda iniciativa ingresada “busca modificar distintas leyes electorales. Así, En el caso que el candidato haya resultado electo, y en forma posterior sea condenado mediante sentencia firme o ejecutoriada, por haber percibido aportes de campaña de manera ilegal, fraudulenta o al margen de la legislación vigente, perderá su cargo, nombramiento o escaño, según corresponda, aunque lo esté ejerciendo en propiedad” explicó la máxima autoridad del Poder Legislativo.

 

Por lo tanto, con este proyecto sólo pueden efectuar donaciones o aportes de campaña para gasto electoral, las personas naturales que tengan domicilio en Chile. “Se prohíbe además, toda donación, transferencia, apoyo o aportes de campaña para gasto electoral por parte de personas jurídicas, cualquiera haya sido la forma legal de su constitución, ya sean sociedades, fundaciones o corporaciones, y tengan o no fines de lucro, con excepción de los partidos políticos”, estipuló la senadora quien finalizó destacando que los aportes de campaña “serán públicos y sujetos a revisión por parte de cualquier interesado, y su tratamiento se realizará con plena observancia de los principios de probidad y transparencia”, puntualizó.

 

Argumentó que la política debe ser cada vez más transparente, donde “el sentido de probidad tiene que ser el eje conductor del accionar de quienes realizamos labores de servicio público, en este caso por elección popular. Por ello, debemos establecer un buen marco jurídico para asegurar un proceso eleccionario donde primen las ideas, los proyectos y las personas, más allá del financiamiento que pueda tener el candidato, y así evitar irregularidades como las que han reconocido recientemente parlamentarios de la UDI”, manifestó.

 

INHABILIDADES

 

El senador Alejandro Navarro  lamentó lo que calificó como “tozudez” del Ejecutivo al no acoger la moción de su autoría en que se establece la pérdida del cargo como sanción a quienes transgredan la ley de financiamiento electoral.

 

Si bien valoró la voluntad de sus  pares de legislar para apartar de sus funciones a quienes violen la ley de financiamiento electoral, recordó que “ya existe esa iniciativa y ha sido presentada en forma reiterada, tanto el año 2004 como indicación, y posteriormente el año 2008 y 2011 como proyecto de ley”.

 

a)    Se trata de la iniciativa que modifica ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (Boletín N° 5911-06) que se encuentra en primer trámite, en la Comisión de Gobierno, en el Senado.

b)     La moción que modifica la ley N° 19.884 para establecer el impedimento de asumir el cargo de concejal, alcalde, diputado o senador por incumplimiento de la regulación sobre límite en el gasto electoral. (Boletín N° 8124-06)

 

A juicio del legislador “la crisis que generó el caso Penta, nos puede abrir paso a pensar en un nuevo sistema, que supere los vicios del actual que atenta contra principios elementales de la democracia”.

 

“Pero para eso, se requiere tomar medidas de fondo. El cobro de multas a quienes transgredan la ley de financiamiento electoral es absolutamente insuficiente. Los hechos dejan claro que la pérdida del cargo es la única medida efectiva para terminar con esta promiscua relación entre dinero y política”.

 

Aseveró que “he solicitado de forma reiterada a la ministra Ximena Rincón, quien es quien determina la urgencia a los proyectos de ley, que de suma urgencia a la moción que presente el año 2004, 2008 y 2011 que sanciona con la pérdida del cargo a quienes transgredan la ley de financiamiento electoral”, indicó.

 

En ese sentido Navarro indicó “espero en este escenario la ministra Rincón recoja esta propuesta de ley. Creo que el Ejecutivo debe prestar más atención a mociones parlamentarias, así como lo hizo dando suma urgencia al proyecto de mi autoría que deroga la ley de Amnistía”.

 

Por otra parte, el parlamentario realizó una dura crítica al Ejecutivo “el Gobierno tiene que hacer un punto de inflexión y pasar de ser un gobierno reactivo a un gobierno proactivo. No es posible que se deba  esperar una crisis como Penta para dar urgencia a iniciativas de ley que regulen la promiscua relación entre política y dinero”.

 

SANCIONES DRÁSTICAS

 

A su vez, el senador Jaime Quintana, participó de la reunión informativa de los presidentes de partidos y parlamentarios de la Nueva Mayoría con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, sobre el Financiamiento de la Política que pronto se debatirá en el Congreso.

 

Al respecto, el senador Quintana indicó que “acá lo único que hay es un Gobierno que tal como lo prometió en campaña, iba a enviar un proyecto que busca normar y transparentar el financiamiento de la política y tal como lo suscribió en distintos compromisos en el mes de junio pasado, hay un proyecto en discusión”.

 

El parlamentario consultado por el proyecto en momentos que se conoce el caso Penta, agregó que “esta es una discusión que no se puede eternizar por que el próximo año donde se vienen las elecciones municipales y debemos tener las reglas claras para este proceso. Es un proyecto que admite perfeccionamiento y que por cierto, a la luz del caso Penta, efectivamente pueden surgir la incorporación de otras materias. Es evidente que es una ley que debe tener herramientas fuertes de fiscalización. La Contraloría es un tema que se debe atender”.

 

Asimismo señaló que “en el marco de este proyecto, hay que revisar bien si tiene todos los estándares de transparencia de lo que hoy la sociedad espera, los que por cierto son más elevados y tenemos también que mirar lo que ha pasado con Penta. Hay quienes creemos que debemos incorporar sanciones más drásticas en este proyecto para quienes incumplen la normativa electorales, tributarias y cualquier otro tema asociado a las campañas, y por supuesto la pérdida del escaño es un tema que debe ser discutido”.

 

“Lo que yo he escuchado, lo que se valora, es que existe disposición para avanzar en un proyecto que termina con el financiamiento de las empresas y que termina con los aportes reservados. Lo que vamos a tener es una norma muy transparente para enfrentar los proceso electorales”, dijo.

 

INSTITUCIONALIDAD

 

El senador Rabindranath Quinteros afirmó  que espera que la Comisión de Ética tome cartas en el asunto con el caso de los parlamentarios vinculado al caso Penta: “La opinión pública no logra entender cuando se declara que por error se recibieron recursos económicos de grandes empresas a través de boletas a terceros o que esto representó un error involuntario, más aun cuando en los medios se afirma una cosa pero los hechos son otros”.

  

Puntualizó que “se ha generado un manto de dudas sobre el parlamento, la ciudadanía desconfía del trabajo legislativo, se ha realizado un grave daño a nuestra institucionalidad, por eso la Comisión de Ética debe actuar”.

 

Incluso  indicó que “hay parlamentarios que han reconocido que pidieron a dueños de empresas pagar sus deudas de campaña, eso compromete gravemente la independencia legislativa y debe ser analizado por la Comisión de Ética que deberá tomar las medidas pertinentes para recuperar la confianza ciudadana.    

 

COMISIÓN DE ÉTICA

 

La Comisión de Ética y Transparencia del Senado, frente a los recientes acontecimientos relacionados con investigaciones del Ministerio Público en que aparecen involucrados Senadores, señaló textualmente lo siguiente:

 

"1.- La Comisión tiene la obligación legal y reglamentaria de velar por el respeto de los principios de probidad y transparencia por parte de los integrantes del Senado, para lo cual está facultada para sancionar las faltas a la ética parlamentaria en que incurran. Por consiguiente, está atenta a pronunciarse sobre cualquier situación de orden ético que afecte a los Senadores

 

2.- La Comisión observa con preocupación los hechos de público conocimiento sobre el financiamiento de las campañas en que aparecen mencionados algunos integrantes de nuestra Corporación.

 

Sobre el particular, la Comisión ha adoptado como criterio permanente en situaciones similares que, cuando alguna entidad legalmente competente (Tribunales o Ministerio Público) está investigando y conociendo un caso determinado, sus hechos constitutivos y la eventual participación en ellos de algún Senador o Senadora, debe esperar el avance de los procesos correspondientes y, una vez haya pronunciamientos concretos, evaluará y resolverá las acciones a seguir.

 

En ese espíritu, la Comisión estará atenta a la evolución institucional de esta situación.

 

3.- La Comisión manifiesta su convicción de que resulta necesario avanzar con rapidez en la instalación de un nuevo marco normativo que permita regular con efectividad la relación dinero-política. Para ello señalamos que hemos  solicitado al Gobierno y a la Presidenta del Senado que pongan el mayor interés por procurar el despacho, a la brevedad posible, de todas las iniciativas legislativas que permiten concretar estos objetivos".

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