Correos institucionales de autoridades sobre actos y resoluciones serían públicos
Así lo acordó la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia que continúa el análisis del proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información.
29 de abril de 2015
A un nuevo instrumento de transparencia tendrían acceso los ciudadanos, luego que la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia, acordara que los correos institucionales que versen sobre actos y resoluciones serán públicos.
El presidente de la Comisión especial, el senador Ignacio Walker, señaló que dentro del concepto de probidad y transparencia que es una garantía, se encuentra un aspecto importante que es el acceso a la información.
En la oportunidad agregó que existe “un síndrome de la casa de vidrio, donde todo es transparente, escenario en el que entran los correos electrónicos de las autoridades gubernamentales”.
En tanto, el senador Felipe Harboe, integrante de la instancia, explicó que después de una profunda discusión sobre estos temas “hemos ido ampliando el ámbito de aplicación de las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información”.
Precisó que “a diferencia de lo que dictaminó el Tribunal Constitucional respecto a los mails del ministro Larroulet durante el gobierno del Presidente Piñera y que impidió que se conocieran los correos hoy hemos establecido que las casillas institucionales de las autoridades que versen sobre actos, instrucciones y resoluciones son públicos, por lo tanto este es un nuevo derecho que tendrán los ciudadanos”.
El senador Harboe manifestó que “este es un avance importante y será contribución para darle mayor acceso a ciudadanos pues se entiende que las casillas instituciones son públicas. Se entienden que las conversaciones respecto de actos y resoluciones administrativas son públicas y eso es un nuevo derecho que ciudadanos tendrán para conocer actos y resoluciones para fundamentos de los mismos”.
Asimismo, puntualizó que ahora la Comisión se abocará a la discusión de la calificación de actos reservados o secretos.
En lo fundamental, la iniciativa modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado con el propósito de rectificar algunas de sus normas, tras años de vigencia, y reforzar la institucionalidad del Consejo para la Transparencia.
Actualmente la ley establece una serie de entidades y personeros que están sujetos a normas de transparencia activa y pasiva, y con esta iniciativa se quiere incorporar a las corporaciones y asociaciones municipales, además de entidades privadas creadas para realizar funciones con recursos públicos, como por ejemplo, la Fundación Integra o Fundación de la Familia.
Asimismo, se quiere establecer la obligación de conservar y archivar la información y tenerla en soporte digital para que esté a disposición del que la solicita.
En lo que respecta a los e-mails, hay que precisar que la ley vigente señala que toda persona tiene derecho a recibir y acceder a información de cualquier órgano del Estado y con esta iniciativa se agrega el derecho a acceder a los correos electrónicos, que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades, funcionarios y servidores públicos hayan recibido por medio de sus casillas electrónicas institucionales, siempre que se trate de aspectos relativos a sus funciones y resoluciones.