Parlamentarios piden desarchivar proyecto relativo a los controles de drogas en altos cargos públicos

Con un llamado a “dar el ejemplo” los parlamentarios Lily Pérez San Martín y Francisco Chahuán, solicitaron que se reactive el debate sobre el proyecto de ley que tiene como objetivo controlar anualmente a los diputados y senadores respecto del uso de drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales (Boletín 8.373-07).

En el proyecto, los legisladores establecen que “aun cuando pudiere estimarse que una medida de esta naturaleza podría violar la vida privada de los miembros del Congreso, estimamos que en este caso debe primar el interés general, que es un importante componente del principio de probidad que los parlamentarios deben observar, y también que los electores sepan a ciencia cierta que sus legítimos representantes se encuentran libres de este tipo de adicción”.

Los senadores solicitan que se modifique la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y se agregué el siguiente artículo: “Los diputados y senadores, una vez que han sido proclamados electos y antes de ser investidos como tales, deberán someterse a un prueba científica, con el fin de establecer que no son consumidores de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, la que deberán efectuar anualmente durante su respectivo período, para los efectos previstos en el artículo 60 de la Constitución Política de la República. Los reglamentos de las respectivas cámaras establecerán la forma y condiciones en que este tipo de pruebas se llevarán a cabo”.

El proyecto se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

En paralelo a este proyecto, la senadora Lily Pérez San Martín también solicitó el desarchivo de un proyecto de ley que busca modificar la Constitución Política de la República para considerar el consumo de drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales como causal de inhabilidad para ejercer cargos públicos (Boletín 6.986-07).

El proyecto, que fue respaldado, además, por el senador Francisco Chahuán, dispone que esta sanción se aplique a los altos cargos públicos, es decir: ministros, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, fiscales regionales y nacional, ministros del Tribunal Calificador de Elecciones y del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, intendentes, gobernadores, miembros del Consejo Regional, alcaldes y concejales.

En la iniciativa se pretende establecer  como causal de inhabilidad el hecho de que “dichas autoridades sean consumidores comprobados de alguna de las drogas prohibidas por la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de dichas sustancias”.

Por consiguiente los senadores solicitan que se agregue el siguiente inciso al N°17 del artículo 19 de la Constitución Política de la República: "Será impedimento y causal de cesación de los cargos establecidos en esta Constitución, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, así comprobada, en conformidad a las normas que para tal efecto establezca la ley orgánica respectiva”.

Al igual que el proyecto anterior, esta iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.