Aprueban legislar para cambiar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y elevar estándares de probidad y transparencia

En forma unánime la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado, aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que introduce una serie de cambios a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso con el objetivo de elevar los estándares de probidad y transparencia en el ejercicio de la función parlamentaria.

En lo fundamental, el proyecto busca crear una Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria y precisar el impedimento que afecta a los parlamentarios para promover y votar determinados asuntos; prohibir en forma expresa el uso de información privilegiada; reforzar el deber de asistencia; y prohibir expresamente la contratación de familiares y personas jurídicas relacionadas con los parlamentarios, o con funcionarios directivos del Congreso.

Del mismo, modo, pretende dar nuevas reglas sobre publicidad en el caso de comisiones; profundizar la separación entre la función parlamentaria y el ejercicio del lobby o gestión de intereses particulares; incrementar las materias propias del Congreso Nacional comprendidas dentro de la obligación de transparencia activa y robustecer a las Comisiones de Ética y Transparencia, entre otras.

Esta iniciativa fue presentada por los senadores Alfonso de Urresti, José García Ruminot, Alejandro Guillier, Hernán Larraín y Patricio Walker y una vez despachada por el Congreso se convertiría en el sexto proyecto de la agenda de probidad de la función política en convertirse en ley en el último año.

Así lo destacó el presidente de la Comisión Especial, senador Ignacio Walker tras señalar que "estamos hablando de elevar los estándares de probidad y transparencia en el ejercicio de la función parlamentaria, que incluye impedimentos para promover o votar determinados asuntos en los que pudiera haber un conflicto de interés, prohibir el uso de información privilegiada, reforzar el deber de asistencia de los parlamentarios a las comisiones y a la Sala, la publicidad de las comisiones, fijar parámetros objetivos para rendición anual de la cuenta entre otros aspectos".

En la misma línea, el senador Víctor Pérez señaló que si bien se ha avanzado en materias de probidad y transparencia "se requiere dar un salto cualitativo importante. Va a haber una gran discusión, por ejemplo, sobre la exclusividad del ejercicio de los senadores y diputados, sobre el tema de las comisiones de ética para que tengan una mayor potestad, o generar mayor eficacia en todo lo que es el tratamiento de la ley".

Agregó que "veo que hay una predisposición de adecuar al Senado para que la ciudadanía tenga cada vez mayor conocimiento de lo que hacemos, más posibilidad de participación y que tengamos exigencias y obligaciones más precisas y concretas".

Previo a la votación en general de la iniciativa, la Comisión escuchó las opiniones de expertos sobre los alcances del proyecto.

Marcela Ríos del PNUD destacó el proyecto y manifestó que se podría aprovechar esta posibilidad  para abordar temas de gestión legislativa más amplios. En tal sentido, dijo que sería importante pensar en homologar y estandarizar ciertos procesos en ambas cámaras, así como la entrega de información activa, tales como informes. También manifestó la conveniencia de reducir de 12 a tres horas semanales el tiempo que tienen permitido los legisladores para actividades académicas.

En tanto, el profesor de derecho de la Universidad Valparaíso, Cristián Viera destacó aspectos del proyecto, pero planteó, por ejemplo, que en lo relativo a los órganos encargados de la evaluación del comportamiento ético se deberían incorporar pares externos, para garantizar la imparcialidad. agregó que el principio de publicidad debería ser la tónica del trabajo de las comisiones y la reserva, la excepción.

Por su parte, Sebastián Soto del Instituto Libertad y Desarrollo manifestó que en lo que se refiere a dedicación exclusiva de la función parlamentaria, se debería seguir el lineamiento de los ministros de Estado. También planteó la necesidad de especificar bien las conductas que pueden ser sancionables éticamente, para lo cual se debería generar un código de conductas para ambas cámaras. En cuanto a la publicidad del trabajo de comisiones, Soto dijo que se deben establecer mecanismos de reserva, para evitar que la deliberación se traslade a espacios informales.

Finalmente, María Jaraquemada de Espacio Público señaló que es importante estandarizar y homologar la información que se entrega en ambas cámaras, precisar la prohibición de usar las asignaciones parlamentarias para otros fines; revisar la gradualidad de las sanciones y acercarlas a las que existen en la administración central y darle facultades a la Dirección de Ética para verificar la veracidad de las declaraciones de intereses.