Compras del servicio público al privado: Comisión de Salud solicita precisar diagnóstico

Una cruda mirada a la deuda de los Servicios de Salud (SS) conocieron los integrantes de la Comisión de Salud, luego de escuchar en la última sesión a la directora de Fonasa, Jeanette Vega, y a representantes de las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública.

Tras la cita, el presidente de esta instancia, el senador Guido Girardi explicó que se le solicitó al Ministerio de Salud (Minsal) precisar el diagnóstico que se hace del problema, puesto que “no existen dudas respecto al déficit financiero que se generó con la compra de servicios a prestadores privados, pero aún hay que acotar cifras porque todo indica que la deuda es mucho mayor de lo que hoy consideramos”.

El legislador aseguró que “este ítem representa un 17% del presupuesto en salud, es decir, unos dos mil millones de dólares”. Respecto a las razones de este histórico gasto, el legislador reconoció que la compra de prestaciones es una práctica que se lleva haciendo hace años y que se habría acrecentado en la última administración con un afán de “privatizar la salud”.

De acuerdo a los antecedentes entregados por las autoridades, el congresista comentó que el valor de estos servicios está “inflado” puesto que se cancela un 300% más que el costo real que es en el que incurriría el sector público si tuviera la factibilidad de hacerse cargo de estas prestaciones.

“Hoy los servicios de salud se ven en la obligación de contratar médicos especialistas, camas y exámenes de laboratorio porque no cuentan con el personal ni los recursos para hacerlo por su cuenta. Por eso es urgente reponer el rol que un día tuvo el sector público como garante de la salud”, describió.

A su juicio, volver a empoderar los SS significa no sólo subsanar las carencias sino también plantear una medicina con énfasis en la prevención de Enfermedades No Transmisibles (ENT) -tales como la hipertensión y diabetes- que son las que generan el mayor gasto.

El parlamentario aseguró que la única manera de terminar con este círculo vicioso es intervenir los hospitales inyectando los recursos materiales y humanos que se necesitan para responder a la fuerte demanda. En su opinión, “seguir comprando servicios a las clínicas solo termina por acrecentar una deuda imposible de frenar”.

En tanto, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe manifestó compartir el diagnóstico del Minsal, sincerando que gran parte de este desorden se generó por la dificultad de responder a las demandas del Plan Auge, puesto que sucesivamente se han incorporado más enfermedades que requieren ser controladas periódicamente.

“Los hospitales están colapsados por la falta de especialistas, sobre todo en regiones. A mi parecer pueden coexistir ambos sistemas, siempre fiscalizando para garantizar la eficiencia. Las largas listas de esperas son las que dieron lugar al fenómeno de compra de servicios a privados”, explicó.

En lo legislativo, recordó que la actual administración suspendió la tramitación del proyecto que otorga acceso a la modalidad de atención de libre elección a los beneficiarios de la letra A de Fonasa (Boletín N° 9229-11). La norma está en primer trámite en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

“No estoy de acuerdo en que restrinja la libertad de elección de las personas que están en el tramo más bajo de Fonasa. Es una salida porque la atención de los hospitales es malísima y si existen personas dispuestas a hacer el esfuerzo de pagar un bono, no entiendo por qué se le niega esa posibilidad”, aclaró.

La legisladora confesó que le solicitó al Minsal hacer un estudio más acabado de la deuda de los SS puesto que a su parecer, “algunas cifras no cuadran respecto al Hospital Clínico Regional Doctor Guillermo Grant Benavente de Concepción, que es el que conozco”.

En su exposición, la directora de Fonasa, Jeanette Vega reconoció que los SS se ven en la obligación de comprar servicios, particularmente relativos a intervenciones quirúrgicas, exámenes y procedimientos, consultas médicas y no médicas, atención de urgencia, compras de camas y traslado de pacientes.

Respecto a los prestadores recurrentes, la autoridad graficó que entre el 2010 y el 2012, el 18% fue adjudicado a la Clínica Las Condes, un 15% a la Clínica Tabancura, un 10% a la Clínica Colonial y un 7% al Hospital Clínico de la Universidad Católica.

En cuanto a las prestaciones, las camas de la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) y de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad Coronaria, y hospitalización básica y aguda son las que se encabezan los gastos.

De acuerdo al diagnóstico entregado, la compra a privados ha aumentado significativamente de manera desregulada y sin una lógica sanitaria.  Ello considerando que un número importante de camas del sector público, se encuentran bloqueadas o no operativas por distintas razones.

Otro dato relevante que entregó la autoridad, fue que el 86% de los pacientes inscritos en listas de espera deben aguardar más de 120 días para ser atendidos.