¿Existen retrasos en la implementación de la ley Ricarte Soto?

Una mirada a fondo de la implementación que se está haciendo de la ley Ricarte Soto, dieron los integrantes de la Comisión de Salud en su última sesión. Esto luego de conocer de boca de la titular de la cartera, Carmen Castillo, el cronograma de la dictación de decretos y reglamentos de la norma.

Los legisladores citaron a la autoridad luego que las asociaciones de enfermos que padecen patologías de alto costo, denunciaran que aún no se dictaban los documentos que permiten materializar la entrega de medicamentos, insumos y alimentos que tanto esperan.

Luego de escuchar a la ministra Castillo, la presidenta de la Comisión, la senadora Carolina Goic valoró la información proporcionada, reconociendo que “lo importante es que se han cautelados los 30 mil millones de pesos que se consideraron para este año, y si la totalidad de éstos no son gastados, no se pierden, quedan para el 2016”.

“Quiero destacar el salto que estamos dando como país cubriendo tratamientos de altos costo, lo que fue impensado hace muy poco. Eso sí hay que reconocer que se trata de un proceso gradual, donde la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) tendrá un rol más activo”, explicó abogando porque este organismo se fortalezca en el corto plazo.

En cuanto a la crítica realizada a la demora en la dictación de los decretos, la congresista se mostró satisfecha con la explicación entregada por la autoridad, asegurando que los plazos se estarían cumpliendo.

Desde la otra vereda, el senador Francisco Chahuán cuestionó aquello, quien planteó que “la implementación de la ley ha tenido demoras importantes que tienen en la incertidumbre a los pacientes que no saben si recibirán los medicamentos en los plazos comprometidos”.

“Quedaron muchas enfermedades afuera del primer decreto que determinó qué pacientes serán los primeros beneficiados. Este es el caso de los enfermos con fibrosis quística, el mal de Crohn y la colitis ulcerosa. Por eso pedimos mayor transparencia en este proceso, de manera que cuando se dicte el siguiente decreto, los pacientes puedan participar de él y no se produzca una crisis de expectativas”, argumentó el parlamentario.

El senador Guido Girardi defendió al Minsal, asegurando que “somos un país privilegiado porque muy pocos pueden tener una ley tan completa como ésta. Acá se crea un sistema de apoyo, y dejamos atrás un mero fondo. El problema es que solo beneficia a un 0,01% de la población, y la mayoría de los chilenos no tiene acceso a los fármacos por su alto costo”.

A su juicio, “debemos concentrar los esfuerzos en generar una política de fármacos que los garantice a todos porque no puede ser que muchos no puedan acceder a su tratamiento porque no son capaces de pagarlo dado que las farmacias se han transformado en verdaderos depredadores”.

Por su parte, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe consultó al Minsal respecto a los fondos de Fonasa que son destinados a enfermedades de alto costo. “Quiero saber si ese fondo continúa porque en la glosa de Fonasa, no la vi. Nosotros aprobamos la ley Ricarte Soto con la condición que esos fondos no desaparezcan, sino se complementen”, hizo ver.

Asimismo, cuestionó que el Cáncer de Mamas esté contemplado en el primer decreto de esta norma, considerando que esta patología forma parte del Plan Auge. “Podría haber ingresado otra enfermedad al fondo y la cobertura del fármaco debería haberse gestionado en el Plan Auge”, comentó.

La ministra Castillo reconoció lo complejo que ha resultado implementar la ley Ricarte Soto dado que existen varios flujos de trabajo que implican distintos órganos y donde intervienen prestadores ajenos al Minsal.

Cabe recordar que para que la ley se haga efectiva, es necesario que se dicten decretos, en los que se estipulan los montos del fondo. En tal sentido, la secretaria de Estado explicó que “el primer decreto entra en vigencia en diciembre de 2016, y para este año se dispusieron 30 mil millones y para el próximo, 60 mil millones de pesos”.

“El segundo decreto entra en vigencia en diciembre de 2017, y cuenta con 100 mil millones; y el tercero, en diciembre de 2018 y contempla otros 100 mil millones de pesos”, detalló.

En cuanto a las dudas de la ciudadanía, el ministra planteó que “no ha habido nada fuera de plazo, por el contrario hemos trabajado arduamente para entregar el mejor servicio, pero hay que reconocer que es un proceso complejo contar con fármacos en nuestro país con efectividad comprobada”.

Recordó que el umbral fijado por los expertos es dos millones 418 mil 399 pesos anuales por paciente. “Las primeras 11 enfermedades que serán beneficiadas son: Mucopolisacaridosis Tipo 1, Mucopolisacaridosis Tipo 2, Mucopolisacaridosis Tipo VI, Tirosinemia Tipo 1, Artritis Reumatoide, Esclerosis Múltiple, Gaucher, Fabry, HT Pulmonar Grupo 1, Prematuros extremos con displasia broncopulmonar y Cáncer de Mama, cada una de las cuales tiene asignado un fármaco.

“La ley requiere de 11 decretos y 9 reglamentos, por lo que se trata de un proceso complejo. La Cenabast gestiona la compra y distribución de los beneficios. En el caso de los fármacos, alimentos e insumos nacionales, las gestiones pueden llegar a dos meses y dos semanas; mientras que en el caso de las importaciones, este trámite puede demorar entre 3 meses y 8 meses y medio”, explicó la ministra insistiendo en que se trabaja por minimizar dichos tiempos.

La Comisión también comenzó la votación de las indicaciones al proyecto que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (Boletín N° 9303-11).

La propuesta en primer trámite recibió casi una treintena de mejoras de autoría de los senadores. Las primeras nueve fueron estudiadas, quedando varias de ellas pendientes, mientras que otras resultaron aprobadas.

Parte de la discusión se centró en la idea de la senadora Van Rysselberghe de declarar el amamantamiento como un derecho y un deber al mismo tiempo. El resto de los integrantes de la instancia fueron partidarios de solo plantearla como un derecho.

También se revisó qué vinculación podría tener esta normativa con la ley antidiscriminación,  y el rol que debe jugar el padre y la familia de la mujer que amamanta en garantizar que ella cumpla con esta acción.

La próxima semana se continuarán votando las indicaciones, partiendo con aquellas relacionadas con el lugar donde se podrá amamantar y las facilidades que se deben entregar para aquello.