Representantes de la Sociedad Civil insisten en evaluar con detención los pros y contras del proyecto de aborto

Continuando con la ronda de audiencias en torno al proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la Comisión de Salud escuchó a cuatro entidades representantes de la sociedad civil.

Se trató de la Corporación Opción, el Observatorio Género y Equidad, la Fundación Gref, y la fundación Chile Siempre. Los expositores explicaron el pensamiento de los organismos que representan, los que en su mayoría expresaron ser pro vida.

Cabe consignar que los legisladores están conociendo diversas visiones de la propuesta antes de proceder a votar la idea de legislar. Se estima que en septiembre, la Comisión procederá a pasar el texto a Sala. Por ahora, han sido escuchados actores del mundo médico, académico, del derecho penal, de los derechos humanos y de las iglesias.

El representante de la Fundación Gref, Felipe Mujica aseguró que “hay ciertos elementos que llaman la atención del proyecto, porque vemos vacíos e inconsistencias”. Recordó en el caso de la causal mal formación fetal, cuando se presentó la iniciativa, los padres con hijos con espina bífida, criticaron la norma. A su vez, hizo ver que no están acotadas las patologías que se aplicarían en esta causal.

Aclaró que no apoyan el aborto, asegurando que “éste se presenta como una solución a problemas sociales. Pero no es en sí mismo una solución, sino un síntoma de una sociedad desigual”. Citó una serie de estudios para demostrar que las mujeres no abortan porque quieren, sino por causal externas que terminan presionándola.

La abogada de la corporación Opción, Camila Masa explicó que han trabajado con niñas embarazadas producto de violación. “El embarazo es evidencia de abuso sostenido en el tiempo. Todas las redes de protección de apoyo fallan. La mayoría de las veces estas mujeres se ven violentadas por gente de su entorno familiar, todo lo que las lleva a llevar un embarazo forzado”, describió.

“En cuanto al proyecto, los casos que nosotros atendemos son las menores de 14 años que no están contempladas en esta norma. El texto indica que un adulto debiera ser informado del abuso en el caso de violación. Creemos que debería ser el adulto significativo para esa víctima que muchas veces no está dentro de la familia”, hizo ver.

En representación del Observatorio de Género y Equidad, Soledad Barría planteó que “es indispensable terminar con la ambigüedad de la legislación cuando se pone en peligro la vida de la mujer, se dice que no es necesaria la legislación, pero en 12 años ha habido muerte por embarazo tubario, porque no se hizo una intervención a tiempo”.

“No hay posibilidad de acompañamiento real si no hay posibilidad de decidir si la mujer quiere continuar con ese embarazo”.  A modo de conclusión, solicitó a los senadores aprobar este proyecto porque “creo que fija un piso mínimo para salvar vidas, disminuir duelos y posibilitar que no se siga dañando a personas que han sido violadas”, apuntó.

El presidente de la fundación Chile Siempre, José Francisco Lagos indicó que existe mucha desinformación en esta materia. “Se ha dicho que los que somos pro vida, solo nos interesa el niño que está por nacer y nos desentendemos cuando sale del vientre. Eso es un mito porque tenemos muchos programas en favor de los menores desamparados en el Servicio Nacional de Menores (Sename)”, comentó.

En cuanto a la discusión respecto a que si esta normativa legaliza o despenaliza el aborto, Lagos planteó que “creemos que lo legaliza porque se consagra el derecho a abortar u la obligación del médico a hacerlo”. En relación al acompañamiento, “pensamos en un programa integral que implica ingresar estos casos al plan Auge e incluso apoyo económico que va más allá de un simple panfleto”.

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe recordó el caso de una niña de 11 años que está esperando un niño. “Al momento del diagnóstico, esa menor tenía más de 20 semanas de embarazo, si se autorizara el aborto, debía ser una parto prematuro y eso se hace en otros países. Esto se hace en la segunda causal sin límite de edad. Me preocupa eso porque se está entregando un derecho a matar”, expresó.

El senador Francisco Chahuán consultó al Observatorio de Género y Equidad, “¿qué es lo menos que debía tener el acompañamiento, se ha hecho alguna cuantificación porque se habla que no sirve contar con menos de 24 mil millones de pesos. Es lamentable porque el informe financiero habla de mucho menos”.

Finalmente, el presidente accidental de la Comisión, el senador Guido Girardi reconoció que “es difícil que nos pongamos de acuerdo porque hay una serie de factores que cruzan las creencias de las personas, pese a ello valoro el debate que se ha generado. Quiero dejar en claro eso sí, que se acabó la supremacía moral porque todos tienen cabida”.

Al inicio de la sesión, se escuchó a Juan Carlos Caro, quien expuso un estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte, sobre el impuesto al azúcar. El profesional recordó que en nuestro país se han gravado las bebidas azucaradas, lo que surgió en el marco de la reforma tributaria.

“Lo que se quiso hacer en esta investigación es estudiar diversas hipótesis para ver qué efectos tendría extender esta medida a alimentos como comida chatarra y a todos los líquidos que tengan altas concentraciones de azúcar. Así nos dimos cuenta que los hogares son sensible al consumo de estos productos (dulces, postres, snack salados, bebidas, concentrados de jugo), sobre todo los de bajos ingresos”, describió.

A su vez explicó que gracias al impuesto que tienen las bebidas azucaradas, se ha recaudado un 0,47% del ingreso fiscal, por lo que si se amplía a otros ítems, “es obvio que la recaudación sería considerable para el Estado y beneficiaría la calidad nutricional de la población”.

Mirando la legislación extranjera, Caro hizo ver que “en otras naciones, estas medidas se han complementado con una disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos más saludables como son las frutas, verduras y granos enteros”.

Respecto a lo que viene, el experto comentó que seguirá observando los cambios que implementa la industria a la luz de la ley de composición nutricional de los alimentos (ley súper 8) que introdujo el nuevo etiquetado nutricional.