Ejecutivo explicó ajustes a proyecto que crea Servicio de Reinserción Penal Juvenil

Una serie de ajustes y precisiones respecto a la determinación de las penas aplicables a jóvenes -entre otras materias- contienen las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que crea el nuevo Servicio de Reinserción Penal Juvenil, que está siendo analizado por una Comisión Mixta de senadores y diputados con el fin de zanjar las diferencias que surgieron entre ambas cámaras.

La instancia, que preside el senador Matías Walker, recibió a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien junto a su equipo explicó los principales aspectos que se quieren precisar en este trámite legislativo. (Revise aquí nota relacionada)

Además, los senadores Pedro Araya y Alfonso De Urresti plantearon la necesidad de conocer las inquietudes que han planteado los funcionarios del actual Sename, que pasarían a desempeñarse en la nueva institucionalidad, por lo que se acordó que los gremios envíen sus inquietudes por escrito a la comisión tal como lo ha hecho la Corte Suprema o la Asociación de Magistrados, entre otros.

Durante la sesión se indicó que los temas relativos a la orgánica de la nueva institucionalidad están aprobados en los mismos términos por ambas cámaras, por lo que las discrepancias son sobre temas más específicos.

En tal sentido, el Ejecutivo separó en seis temas las indicaciones. Tres propios del proyecto y los otros se refieren a la armonización de normas que recientemente entraron en vigencia, como el servicio de protección especializada y la ley de garantías de los derechos de la niñez.

En cuanto a las indicaciones, se explicó que una que busca precisar la regulación de las audiencias remotas para los casos en que se realice la revisión de las condenas y otra relativa a la denominada "regla de abonos", que dice relación con cómo se abona a la condena el tiempo en que un joven ha cumplido con medidas cautelares.

Del mismo modo, hay una propuesta para reincorporar dos elementos para la determinación de las penas y que se refieren a los móviles para cometer el delito y el comportamiento antes y después del delito. En este punto, se indicó que la idea de contar con esta información permitiría dictar condenas acordes en el caso de primerizos, por ejemplo.

Otra de las indicaciones que se busca incorporar es aquella que permitiría que personas naturales (con los debidos requisitos previamente acreditados) puedan cumplir el rol de mediadores, lo que de acuerdo al proyecto aprobado por la Cámara solo quedaba relegado a los funcionarios del servicio.