El Litio para nuestro país

El día jueves 26 de julio, junto con los senadores Ximena Rincón, José Antonio Gómez, Pedro Muñoz, y Jaime Quintana;  y los dirigentes Raimundo Espinoza, Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, y Pedro Fierro, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile,  presentamos una acción de nulidad de derecho público, basada en el artículo 7º de la Constitución Política, con el objeto de invalidar el DS Nº 16 de 2012 del Ministerio de Minería, que establece requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio. De manera conexa, también impugnamos la resolución que aprueba las bases de la licitación pública nacional e internacional que el Estado pretende hacer a estos efectos.

Todo lo anterior, solicitando también al 7º Juzgado que adopte una medida cautelar de prohibición de actos y contratos que de resultar, imposibilitaría la adjudicación de la mencionada licitación, paralizando el proceso.

Consideramos que las mencionadas normas dictadas son nulas por haberse dictado contra el texto de la Constitución en lo referente al estatus que se le asigna al Litio como sustancia no concesible o no susceptible de concesión. Con estas bases se trata de disfrazar mediante un contrato especial de operación una concesión encubierta del Litio para todo el territorio de Chile.

Ya lo hemos dicho. Como senadores es nuestro deber velar por el orden institucional de la República y el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales, como el inalienable y perpetuo derecho de propiedad del Estado sobre sus salares.

Los representantes de los trabajadores que nos acompañan en la presentación de esta acción, consideran también que el Litio es un recurso estratégico y que no debe regalarse. De hecho, así lo estableció el propio legislador de la época de la dictadura militar cuando lo declaró no sujeto a concesión. El Estado ha demostrado sobradamente su eficiencia en ENAP y CODELCO para la explotación de sus recursos naturales.

Las bases de licitación también plantean un royalty realmente absurdo e ilegal en su forma, que hace parecer que éste es un negocio redondo para cualquier inversionista privado, excepto para el Estado de Chile quien solamente se quedaría con un 7% de las ganancias brutas.

Esperamos que esta acción judicial invalide y detenga este proceso de licitación que daña flagrantemente los intereses de todos los chilenos, los cuales tienen derecho a decidir soberanamente el destino de sus recursos naturales.