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  Evitar la contaminación de los ríos

  Por Antonio Horvath, senador por la Región de Aysén

28 de julio de 2011

ImagenPara evitar la contaminación de las cuencas hidrográficas, hemos trabajado no solamente desde el punto de vista legislativo, sino que también del punto de vista de evitar el hecho de que algas, como en este caso el Didymo, se propaguen en nuestro país y en las cuencas compartidas con Argentina.

Es conocido ya que en febrero del año pasado se detectó por parte de un científico norteamericano una sustancia extraña, que revisada con todos los adelantos de la ciencia y del ADN, o código genético, se comprobó que era el Didymo que por primera vez que se introducía en los ríos de nuestro país y del Hemisferio Sur, particularmente en Sudamérica, después de Nueva Zelanda.

La aparición de este Didymo es catastrófica no solo para los ecosistemas, sino que también si se toman en cuenta las características excepcionales que tienen nuestros ríos particularmente en las regiones de Los Ríos, de Magallanes o de Valparaíso. Detrás de esto, hay un daño irreversible, no solamente a los ríos mismos, sino que a su potencial recreativo y por todo el turismo que este encierra.

En esta materia, junto con la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, se intentó desde un principio que se hiciera un convenio con el Servicio Agrícola y Ganadero, ya que, si bien la ley establece una tuición mayor para el SERNAPESCA en esta materia, no es así, como también quedan exentas las facultades del Servicio Agrícola y Ganadero, porque se afectan, entre otros, el agua de la bebida, de las personas, de los animales, de la agricultura, de las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas y otra serie de intereses de carácter económico y ambiental.

Ante un vacío de la legislación, propusimos esta iniciativa. Fue aprobada unánimemente en este Senado, y finalmente se logró una fórmula junto con el Ejecutivo, para introducirla en la Ley General de Pesca y Acuicultura y en los cuerpos legales vinculados con ella, de manera que sea el propio Ejecutivo el que adopte las medidas sanitarias y de bioseguridad, con el fin de evitar la introducción y propagación, aislar la presencia o propender a la erradicación de enfermedades de alto riesgo y de especies hidrobiológicas que constituyan o puedan constituir plagas de conformidad con el reglamento de esta misma ley.

De este modo, la Subsecretaría establecerá, cuando corresponda, la obligación de implementar las normas. Y es ahí,  donde vienen todas las restricciones y los tipos de vigilancia para evitar que esto se traspase de una cuenca a otra. Más aún si tomamos en cuenta que esto puede entrar desde otro país al nuestro en elementos tan simples, como un aparejo de pesca, o una bota de pesca, o un elemento náutico.

Por otra parte,  la simplicidad que tiene para atacarlo desde el punto de vista de la bioseguridad, permite que esto se erradique en una forma fundamental.

Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y esta contaminación que entró al río Futaleufú a los pocos meses fue detectada en la principal cuenca habitada de la Región de Aysén, que es el mismo río Aysén.

Es por estas razones que pedimos que no sólo se dé celeridad al proyecto, sino que también, de acuerdo al mismo Protocolo del Presupuesto de la Nación - en el cual hay un acápite especial para el caso del alga contaminante del Didymo- se den los recursos correspondientes para esta materia.

En este minuto se requieren por parte del SERNAPESCA y SUBPESCA para la vigilancia, control y la debida difusión, de manera que las mismas comunidades se muevan en esta materia, como lo han hecho los particulares, que sí viven y trabajan y aprecian nuestro ecosistema, y particularmente nuestros ríos.

SERNAPESCA requiere 158 millones de pesos para estas actividades en lo que resta del año 2011. Y SUBPESCA requiere otra cantidad significativa de recursos. Por lo tanto, es importante que el Ministerio de Hacienda considere estas cifras de manera de poder hacer lo mínimo que corresponde en esta materia, ya que de acuerdo a lo señalado por expertos, universidades, el sector público y el privado, se requiere un mínimo de mil millones para poder hacer la prevención y la detención de este flagelo.

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