Llevamos a la práctica un principio básico que debiera estar presente en cualquier sociedad democrática

La Cámara Alta culminó exitosamente el proceso de declaración del patrimonio e intereses de cada uno de sus integrantes, dando así cumplimiento a lo establecido por la Ley 20.880. Dentro del plazo estipulado, parlamentarios y funcionarios entregamos los datos requeridos en la plataforma creada para tal efecto por la Contraloría General de la República.

De esta forma, llevamos a la práctica un principio básico que debiera estar presente en cualquier sociedad democrática: la transparencia, valor que está estrechamente ligado a la probidad y que permite a la ciudadanía conocer en forma oportuna, completa y veraz los intereses particulares de quienes ejercemos funciones públicas. Se genera así una cadena virtuosa, que posibilita el análisis crítico por parte de la gente hacia sus autoridades y da mayores garantías de que los funcionarios del Estado –elegidos o designados- no obtengan beneficio personal a partir de su cargo.

Frente a los cuestionamientos a la política, exacerbados por casos emblemáticos de corrupción o mal uso de fondos públicos, el Senado se hizo cargo de la relevancia del tema y creó una comisión especialmente encargada de generar proyectos de ley que apunten a la creación de mecanismos que den a la ciudadanía herramientas efectivas de fiscalización. En esa línea, hemos apoyado y seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que signifiquen avanzar en la consecución de mayores estándares de transparencia.

No obstante, de la misma manera en que debemos ser cuidadosos con el uso de los recursos, como país también hemos de serlo con el uso de la información, la que ahora está ahí, al alcance de todos y pone algunas variantes en el camino hacia el Chile transparente que todos queremos.

Por una parte, existe una tendencia en el ser humano a hacer generalizaciones, formular juicios e incluso acusaciones graves sin tener todos los antecedentes en la mano o interpretando antojadizamente una porción aislada de la información, prescindiendo de su contexto. En ello, sin duda, las redes sociales son un soporte poderosísimo, que no mide consecuencias ni repara en consideraciones éticas.

Por otro lado, tener a disposición de cualquier persona el detalle de los bienes e inversiones de los funcionarios públicos nos puede exponer a situaciones como las que se viven en algunos países de la región, donde delitos asociados a la extorsión y a la exigencia de millonarios rescates han causado un dolor muy profundo a su población.

Por lo tanto, el llamado es a ser prudentes en todo sentido, asumiendo que ganar dinero en forma honesta y adquirir bienes con el esfuerzo de toda una vida no es un pecado ni debe ser motivo de oprobio, pero teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que estamos en un escenario particularmente sensible. El camino a la legitimación social de nuestro rol como servidores públicos pasa también por hacernos cargo del derecho que tienen los ciudadanos a estar informados y a exigir la mayor transparencia y probidad de nuestra parte.