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Comisión Mixta finalizó su trabajo

VIF: monitoreo con tobilleras electrónicas a un paso de votarse en Sala

La iniciativa tiene que ser vista por la Comisión de Hacienda que conocerá el informe financiero que presentó el Ejecutivo para ver cómo se financia esta propuesta

2 de agosto de 2021

Después de un extenso análisis, el proyecto que permite el monitoreo con tobilleras electrónicas a los formalizados por violencia intrafamiliar está a un paso de votarse en la Sala del Senado.

 

Ello, luego que la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias en torno a la iniciativa terminara el estudio del proyecto y lo despachara a la Comisión de Hacienda que tiene la misión de analizar el informe financiero presentado por el Ejecutivo para ver cómo se financia la implementación de esta medida.

 

El proyecto -originado en una moción de la senadora Adriana Muñoz - permitirá el uso tobilleras electrónicas en quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar y tengan prohibición de acercarse a la víctima, así como lo autorizará en determinadas causas que lleven los Tribunales de Familia.

 

De aprobarse la iniciativa y promulgarse durante este mes de agosto, las primeras tobilleras se estarían aplicando en febrero o marzo de 2022, en una primera etapa, en los Tribunales de Familia, y luego en los Juzgados de Garantía, según informaron los Ministros de Justicia y Derechos Humanos; y de la Mujer y Equidad de Género, Hernán Larraín y Mónica Zalaquett, respectivamente.

 

Cabe recordar que con la actual legislación el uso de tobilleras electrónicas se aplica solo en las personas que son condenadas por diversos delitos, pero no se pueden utilizar mientras sean imputados, impidiendo así hacer efectiva la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, que habitualmente dictan los Tribunales de Garantía en los casos de violencia intrafamiliar.

ASPECTOS PRINCIPALES

 

En lo principal, este proyecto tiene por objeto incorporar la supervisión mediante monitoreo telemático (MT) de la prohibición de acercamiento que decreten los tribunales con competencia en materia de familia y penales en las causas por violencia intrafamiliar en los supuestos que indica.

 

La responsabilidad de la administración del monitoreo telemático será de cargo de  Gendarmería de Chile y  la información obtenida a través de monitoreo telemático, sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la medida cautelar, suspensión condicional del procedimiento o medida accesoria respectiva. No obstante, dicha información podrá ser utilizada por un fiscal del Ministerio Público que esté investigando al monitoreado si aparece como imputado.

 

Con todo, la información debe ser eliminada transcurridos dos años desde que queda a firme la resolución que pone término al uso de la tobillera.

 

En tanto, Gendarmería deberá informar semestralmente a las Cortes de Apelaciones las condiciones técnicas para decretar la supervisión por monitoreo telemático de las medidas de prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, en las comunas o sectores geográficos de sus respectivos territorios jurisdiccionales, considerando el funcionamiento de las supervisiones por monitoreo telemático impuestas en dichos territorios.

 

Asimismo, se crea una Comisión para la Elaboración de Proposiciones Técnicas para el Seguimiento y Evaluación de los Casos de Violencia Intrafamiliar, que tendrá como objetivo diseñar y proponer al Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, las proposiciones técnicas que faciliten el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar.

 

Especialmente tendrá que hacer propuestas para el diseño uniforme de los criterios de la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgos con base en la cual se emiten los informes de

 

La Comisión será coordinada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y estará integrada por la subsecretaria de la Mujer; un representante del Ministro Público, uno del Poder Judicial; uno de la Defensoría Penal Pública; uno de Carabineros; uno de la PDI y uno de la Subsecretaría del Interior.

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