Fraudes con tarjetas de crédito: parlamentarios realizarán última ronda de opiniones antes de votar los cambios de la Cámara Baja

Una sesión más de audiencias se dieron los integrantes de la Comisión de Economía antes de votar  el proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtados o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago.

La intención es escuchar a los últimos actores relacionados con esta materia, antes de analizar los cambios realizados por la Cámara Baja a esta norma que cursa su tercer trámite. Todo indica que el proyecto deberá zanjarse en Comisión Mixta dadas las discrepancias que han surgido entre los parlamentarios.

Así las cosas, se espera recibir el miércoles 12 de junio al Servicio Nacional de Consumidor (Sernac), la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) y a los profesores de Derecho Informático, Alejandro Barros y Renato Jijena. En la última sesión los congresistas escucharon a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sernac, Esmeralda Muñoz; y al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón.

Si bien es cierto que el objetivo de las exposiciones era someter a análisis el estado del proyecto de ley, los invitados profundizaron también sobre dos tópicos que despertaron el interés de los senadores: los graves problemas prácticos que ha generado la entrada en vigencia de la ley que modernizó el Sernac y los efectos que ha provocado la dictación de un reglamento que pone nuevas trabas a las asociaciones de consumidores.

Por ambos temas, la Comisión acordó oficial a la citada cartera y al Ministerio de Hacienda, de manera de conocer la opinión del Ejecutivo sobre estas acusaciones.

Esmeralda Muñoz describió la precaria situación en que están los trabadores del Sernac, situación que se ha ido agudizando desde la entrada en vigencia de la ley N° 21081, publicada en septiembre del año pasado.

“En el servicio no existe carrera funcionaria, entonces los profesionales que llegan se van luego para integrarse a empresas que después son nuestra contraparte en los juicios. En el fondo conocen cuál es la mecánica del Sernac para después aprovecharse de ese conocimiento” comentó junto con describir que “cuando una persona se aleja del servicio, los próximos 6 meses no puede ejercer ninguna actividad económica; y cuando se está al interior de la institución, tampoco se puede comercializar nada. Todo ello coarta a las personas que buscan generar más ingresos porque el Sernac es la institución pública con los sueldos más bajos”.

En cuanto a problemas de gestión, la dirigente aseguró que “es imposible ir a terreno porque no hay recursos ni siquiera para cubrir el gasto de bencina. También la ley dice que habrá oficinas del Sernac en todo el país, pero es imposible con el escaso personal con el que se cuenta. En promedio hay 7 personas por oficina, más de la mitad está con licencia médica por estrés laboral. Se imaginarán la calidad de servicio que podemos entregar en este contexto”.

Al respecto los senadores Felipe Harboe y Álvaro Elizalde se mostraron preocupados con esta situación, asegurando el primero que “se suponía que el nuevo Sernac no solo fortalecía la capacidad de fiscalizar sino también la institucionalidad. En el informe financiero nunca quedó muy claro el tema de la planta, pero lo que nos relatan es realmente grave y no sé si hay la voluntad política por mejorar –en serio- el servicio”.

Hernán Calderón comentó el fuerte lobby que generó la Banca en el segundo trámite del proyecto en estudio. “Esperamos que acá, se continúe en la línea de lo que aprobó el Senado en el primer trámite y no se vuelva a abrir la posibilidad de generar un deducible que permita solucionar el problema que ocasiona la clonación, robo o hurto de las tarjetas”, mencionó insistiendo en que “los actores del sector financiero no invierten lo suficiente para proteger sus plataformas”.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para explicar a la Comisión que “el pasado viernes 31 de mayo se conoció un reglamento, aprobado por la Contraloría, donde se modifica el decreto de ley que regula a las asociaciones gremiales. Nos afecta como asociaciones de consumidores porque no se nos consultó y creemos que se exceden las facultades de regulación”.

El dirigente detalló que “este decreto significa la muerte de las asociaciones gremiales porque no vamos a cumplir con todo lo administrativo que se nos exigirá. No tenemos recursos para hacer auditorías. La carga administrativa no se podrá cumplir. Se establecen mecanismos de fiscalización y sanciones de hasta 10 UTM (494 mil pesos y fracción) e incluso se puede llegar a la disolución de la asociación. Por lo antecedentes que tenemos esto no se discutió con el Ministerio de Economía. Vamos a recurrir a todas las instancias  para que esto no se aplique”.

Tras esta denuncia, los senadores acordaron que el citado ministerio explique cómo funciona el reglamento que rige a estas entidades intermedias, de manera no exista discriminación entre ellas. Al respecto, el senador Harboe expresó que “queremos saber si las mismas reglas se aplican para asociaciones de empresas, como por ejemplo, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Creemos que este tipo de normas terminan por ahogar a estas asociaciones. Siempre se habla del financiamiento, pero ahora vemos que también se puede terminar con ellas por sobreregulación”.