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  Proyecto que sanciona la evasión en el pago de la tarifa del Transantiago a un paso de ser ley

  El Senado aprobó por amplia mayoría la iniciativa que crea un registro de deudores de la tarifa de locomoción colectiva, por lo que sólo resta que la Cámara de Diputados le informe al Presidente para la firma y promulgación del proyecto.

1 de diciembre de 2010

Con 20 votos a favor, 2 en contra  y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el proyecto que establece una serie de medidas, como la creación de un registro de evasores del Transantiago, para evitar el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva.

Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados para que ésta le informe al Presidente de la República y se proceda a su firma y promulgación como ley.

En lo fundamental, el proyecto apunta a incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva y a disminuir el millonario déficit que enfrenta el Transantiago, aumentando la sanción para los evasores y estableciendo multas que irán entre 1 y 1,5 UTM, es decir entre casi $38 mil y $56 mil. También crea el Sub Registro de Pasajeros Infractores, que incidirá al momento de que las personas traten de obtener beneficios del Estado.

Durante la votación de la iniciativa intervinieron los senadores Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona, José García, Alejandro Navarro y Pablo Longueira.

La senadora Rincón señaló que el proyecto busca evitar el no pago de la tarifa, elevando las multas, por cuanto las actuales son muy poco persuasivas y además se busca impedir un aumento del valor del pasaje para los que sí pagan. Agregó que se establece un subregistro de infractores que se incluye en el registro de multas de tránsito no pagadas.

En su opinión esta iniciativa va en el sentido correcto y en beneficio de las regiones, pues en el mediano plazo permitirá reducir el déficit.

A su turno, el senador Chahuán destacó los alcances del proyecto y el espíritu de acuerdo que ha existido en la Comisión de Transportes para llegar a consensos sobre la materia, y también anticipó que existe el compromiso de esa instancia legislativa de presentar un proyecto para establecer trabajos comunitarios para las personas que no pagan sus pasajes en la locomoción colectiva.

El senador Letelier señaló que junto con establecer las sanciones para quienes no paguen, se deben generar las condiciones para que el Transantiago tenga un diseño más adecuado para evitar que se evite la evasión. No obstante, planteó sus dudas respecto del resguardo de los datos contenidos en el registro de infractores, pues señaló que se debe impedir que esa información se utilice para otros propósitos.

En tanto, el senador Escalona solicitó que se explique cómo se van a aplicar los 120 mil millones destinados a regiones y cuales son las medidas que se han tomado, pues él representa una región en que el transporte es muy caro para la gente lo que se ve agravado por la situación del desempleo, que los lleva a una situación de aislamiento.

El senador García manifestó que le preocupa el hecho de que algunos evasores puedan perder sus licencias de conducir por tener reiteradas infracciones por no pago. En tal sentido, anunció su abstención pues considera un despropósito que exista una sanción sumamente desproporcionada.

El senador Navarro manifestó su voto en contra de la iniciativa señalando que no comparte los criterios de fondo, pues en su opinión solo busca sancionar a las personas que no pagan sus pasajes pero no se consideran sanciones para quienes no cumplen las obligaciones laborales. Agregó que la creación del registro de deudores sólo va a causar resentimiento entre las personas.

El senador Longueira manifestó que esta iniciativa es el "Dicom del transporte público" y recordó que todos han criticado sistemáticamente los efectos que tienen para las personas el mal uso de ese registro. Agregó que esta iniciativa se podría entender si se contara con un  buen servicio público de transporte y señaló que la morosidad es una reacción ciudadana a un monopolio que presta un mal servicio.

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