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  Analizan nuevo marco normativo para la instalación del cableado público

  La Comisión de Vivienda recibió la opinión de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

23 de enero de 2012

Con el fin de elaborar un preinforme sobre el marco normativo que debería regir para obligar a las empresas a soterrar sus obras de cableado público, la Comisión de Vivienda realizó una ronda de audiencias con representantes del Ministerio de Obras Públicas, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Así lo aseveraron los senadores Eugenio Tuma y Gonzalo Uriarte, presidente e integrante de la instancia, respectivamente, quienes coincidieron en que el tema de fondo es evitar que los mayores costos por la instalación de estos sistemas de conexión de cables se carguen a los usuarios.

Cabe recordar que la iniciativa que tuvo su origen en una moción del senador Juan Pablo Letelier, se fundamenta en que la constante instalación de postes y extensión del sistema de cables afecta considerablemente la calidad de vida de los habitantes de los grandes centros urbanos, principalmente por la incomodidad que genera, la falta de mantenimiento en que se encuentran estos sistemas de conexión de cables, y el peligro que irrogan a las personas.

El senador Tuma explicó que junto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones "estuvimos conversando en torno al proyecto y nos expresaron su visión sobre lo que costará soterrar el cableado público".

Sin embargo, nos manifestaron que "están disponibles para ayudarnos en la elaboración de un pre informe sobre lo que significa abordar un marco normativo que obligue a soterrar las obras de cableado". Indicó que pese a que la iniciativa  es "un gran avance para estar a la altura de muchos países desarrollados se cruza con normativas de Obras Públicas, de Vivienda y la normativa que rige a los municipios".
Puntualizó que "este es un proyecto bueno pero hay que resolver cómo entregamos a un concesionario u operador una carretera subterránea para que hayan economías de escalas, ya que todas las estimaciones indican que este soterramiento de cables cuesta entre el 50% y 60% de los costos de urbanización".

Sin embargo, el senador Tuma aclaró que "si establecemos que este tipo de obras se haga por etapas con una empresa que sea operadora de modo de contar con ductos múltiples para bajar los costos".

No obstante, indicó que "deberíamos plantear que todas las construcciones nuevas se hagan soterradas. Estamos hablando de la contaminación de las grandes ciudades donde no se ven semáforos por la cantidad de cables que existen".

Coincidió con su par, el senador Uriarte, quien manifestó que "las mayores complejidades del proyecto tienen que ver con el costo que tiene soterrar las líneas de teléfonos y de las empresas de servicios públicos".

Asimismo, mencionó que "tampoco contamos con un marco normativo que obligue a las empresas a hacer ese trabajo y para lograrlo estamos recogiendo opiniones".

Por ello, indicó que en la Comisión de Vivienda vamos a seguir recabando información de modo de tener una visión general del problema.

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