Proyecto de ley Ricarte Soto

Uno de los problemas que más recurrentemente se nos plantea a los parlamentarios en nuestras visitas a terreno es el alto costo de muchos remedios y tratamientos. Lamentablemente, se ha vuelto común ver como se realizan actividades y colectas para poder atender a tantos pacientes, en tanto ni Fonasa ni las Isapres contribuyen a solventarlas institucionalmente y el Estado mantiene un fondo especial que sólo da abasto para atender a unos 2000 pacientes anualmente.

Personalmente, me he involucrado en apoyar a las mujeres con cáncer de mamas a quienes no se quería entregar el Herceptín, remedio que podía mejorar sus perspectivas de vida. Tras una larga disputa los tribunales zanjaron el asunto favorablemente. Asimismo, he acompañado la solicitud de los pacientes de la región aquejados de la enfermedad de Fabry.

Así, hay muchas otras patologías cuyas terapias tienen un valor inalcanzable para las familias, las que deben costearlos endeudándose, vendiendo sus bienes o recurriendo a la caridad pública, mediante colectas, rifas, bingos y eventos para algo tan elemental como preservar su salud y la vida. No es justo.

Por ello causó tanto impacto y adhesión la campaña que realizó el destacado comunicador Ricarte Soto para conseguir que el Estado asumiera su responsabilidad, en financiar los medicamentos para enfermedades de alto costo. Su dramático llamado, que incluyó la organización de una marcha, poco antes de fallecer víctima de cáncer, contribuyó enormemente a visibilizar este grave problema.

El Gobierno acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley que cumplirá el compromiso que se contrajo para legislar sobre la materia.

Se creará un fondo y un mecanismo de aplicación que funcionará de un modo similar al GES-AUGE. Se establecerá un listado de tratamientos cubiertos que se irá actualizando periódicamente. Los pacientes cuya enfermedad disponga de cobertura serán notificados del beneficio por su médico tratante. Los usuarios de FONASA, en sus grupos A y B estarán exentos de pago, mientras quienes pertenecen a los grupos C y D, además de los pertenecientes a las ISAPRES y al sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden, tendrán cobertura financiera igual a la del GES-AUGE.

Todo ello se solventará con un fondo al que se incorporarán inicialmente 50.000 millones de pesos que seguirán incrementándose hasta el 2018, cuando se contará con el doble de recursos. Se estima poder llegar a atender a unas 20.000 personas afectadas de este tipo de patologías poco frecuentes y de alto costo.

Esperamos que el Congreso Nacional lo tramite con celeridad. Muchos chilenos, especialmente de escasos recursos y sectores medios, lo necesitan con urgencia. Lo anterior, además, por cierto, de seguir avanzando en mejorar nuestra salud, de modo que todos los chilenos cuenten con un mayor acceso a las prestaciones que requieren.