Queremos que defienda los intereses de los ciudadanos

Según diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en estos últimos días, sólo en el mes de abril entre 85 mil y 100 mil personas trasladaron sus fondos previsionales desde el Fondo A hacia las opciones menos riesgosas como el Fondo E. A esto se suman otras miles que hicieron lo mismo en enero, siguiendo los consejos de asesores financieros que operan en internet. La Superintendencia de AFP respondió con tres medidas que en esencial apuntan a limitar el traspaso de fondos.

Ante este gran movimiento de mercado, la Superintendencia propuso instalar una pantalla informativa de rentabilidad antes de realizar un cambio, establecer una prorrata en caso de traslados masivos de fondos y la autorización para que las AFP puedan hacer más negocios con el Fondo E.

Más allá de lo cuestionable que puedan ser las asesorías u opiniones de sitios que guían a los cotizantes a cambiar sus cotizaciones, lo que verdaderamente inquieta es lo feble del sistema y la poca claridad y contundencia de parte del Gobierno a la hora de defender con fuerza los intereses de los ciudadanos. Más nítida es su defensa y pasividad ante un sistema que es visto por los trabajadores como uno de los bastiones más emblemáticos del abuso.

Lo más grave de todo, es que es altamente probable que muchas personas hayan sufrido importantes daños en su matriz de cotización y en su patrimonio futuro, al tomar decisiones delicadas sobre la base del legítimo temor a pasar una vejez en la miseria. Y aquí viene la pregunta clave: ¿Y dónde estaba el Gobierno? El Gobierno tiene a su gabinete preocupado de explicitar sus preferencias por el candidato A o el candidato L; el Gobierno ha tenido a su ministro de Hacienda ocupado en una campaña del terror económico por las propuestas que está haciendo la oposición; el Gobierno ha estado atareado en una intervención electoral, desesperado porque sabe que no lograra ganar las elecciones.

Se supone que el sistema de AFPs paga alrededor de un millón de pensiones que tienen un monto promedio no superior a los 200 mil pesos. REPITO: no superior a los 200 mil pesos. ¿Y así quiere esta industria que la gente no lo considere un abuso? Ya sabemos que la derecha dirá que recibieron el gobierno con este problema y que la Concertación no hizo nada para arreglarlo.

Pero acá no tienen ningún sustento para mantener el argumento recurrente de que todos los problemas son culpa del gobierno anterior. La ex Presidenta Bachelet logró la emblemática reforma previsional al establecer el pilar solidario, reforma que es la que hoy sostiene buena parte de las pensiones que las AFP pagan sin mover muchos dedos. Hoy, este problema real y grave estructural del país, podría ser bastante más hondo si la Concertación no hubiera sacado adelante esta reforma, a pesar de que es notoriamente insuficiente o que es una obligación seguir perfeccionándola para dotar de mayor justicia social al tema de la vejez.

Este país es más justo gracias a lo que propusimos al país, pero claramente tenemos que ir más allá y corregir lo que sea necesario para que el sistema de pensiones no sea un buen negocio para quienes manejan las platas y una pesadilla para los dueños del capital. Los riesgos no pueden quedar sólo de parte del trabajador: esa es la máxima por la que debemos trabajar. Y eso no significa estar contra la industria, sino estar a favor de un desarrollo armonioso, sustentable en el tiempo y equitativo en lo ético, frente al futuro e millones de trabajadores.

Queremos que el Gobierno aparezca, pero no al final del capítulo y para decir cosas lamentables o temerarias. Queremos que esté justo a tiempo para defender los intereses de los ciudadanos; ese es el mandato que la gente le dio.