Rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista

Parecen conceptos muy distintos, pero este gobierno se las arregla para hermanarlos. En lo que ya parece ser un sello de esta administración, la respuesta a un problema no es su resolución directa y expedita, sino la búsqueda de alguien a quien culpar, que evite asumir las responsabilidades propias y desvíe la atención acerca de un problema mal enfrentado y pendiente de resolución.

Es exactamente lo que ha pasado en el asunto de los incendios forestales en las regiones Octava y Novena.

La respuesta tardía de las autoridades, la extensión enorme de la zona en llamas y la muerte de algunos brigadistas realzaban la lentitud de la respuesta oficial y su ineficiencia en el combate contra el fuego. Y el gobierno, en lugar de corregir rápidamente su enfoque, destinando mayores y más radicales medios para frenar el avance de las llamas y evitar un mayor desastre económico y ambiental, descubre que los incendios son intencionales y, sin pruebas, sin proceso, sin investigación, declara que las organizaciones mapuche son las culpables.

Acto seguido, el Ministro del Interior anuncia la aplicación de la ley Antiterrorista. Así, mientras las llamas destruían bosque nativo y plantaciones forestales, el gobierno desviaba el foco de la atención hacia su búsqueda de un chivo expiatorio, que resultaron ser los pueblos originarios.

Así es como se hermanan la impericia y la ineficiencia con la discriminación racial. Y se agrava el asunto porque además el gobierno viola el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia, por una parte, y criminaliza a los pueblos originarios.

Con toda razón, los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se han pronunciado en contra de Chile. Con el senador Jaime Quintana acordamos recopilar todos los antecedentes para enviarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nosotros siempre hemos condenado la aplicación de una ley inicua, la ley antiterrorista, y con mayor razón ahora cuando se presupone, sin proceso y sin pruebas, que organizaciones mapuche son las responsables.

Si hay un culpable, si de verdad los incendios fueron provocados, hay que investigar y encontrar al culpable, no designarlo a través de la prensa. Y es menos admisible aún que por el solo hecho de ser mapuches, el gobierno pida la aplicación de una ley que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como violatoria de los derechos de las personas.