Reformar el sistema de AFP

El sistema de Administradora de Fondos de Pensiones ha cumplido más de 30 años. Este hito nos exige un debate sobre las proyecciones del sistema, el cumplimiento de las promesas efectuadas al momento de su implementación, evaluar el rol que juega en el sistema financiero y sobre todo, asumir la falta legitimidad que el sistema tiene en  los trabajadores que son quienes lo financian.

El proyecto de acuerdo que presentamos junto a un grupo de senadores y que aprobó la Sala del Senado buscaba crear un espacio para recoger las diversas visiones que existen sobre el sistema previsional, y así contribuir al debate sobre un sistema clave en el bienestar de la población.

Algunos especialistas plantean correcciones de mercado, perfeccionamiento en materia de competencia, costos y administración de carteras, aportes, revisión de la edad de jubilación, mayor transparencia en los gobierno corporativos.

Para los trabajadores y pensionados se requiere un debate de fondo, que de cuenta de los problemas de origen del sistema respecto a su falta de legitimidad. Al ser impuesto bajo la dictadura, establece una sistema de cotización forzada, que no ofrece alternativas reales para que los trabajadores decidan bajo qué modelo desean administras sus recursos.

El sistema de seguridad social es un componente clave para la protección de las personas para el período de vejez. La reforma impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet otorgó protección social a los sectores que estaban excluidos del sistema, que por sus condiciones de vulnerabilidad social y su historia laboral no alcanzarían una pensión mínima, a su vez incorporó una mirada de género reconociendo el aporte que las mujeres efectúan a la sociedad más allá de la vida laboral.

Ahora la sociedad nos exige debatir sobre las condiciones de jubilación que el sistema de AFP ofrece a los trabajadores que están en el sistema. Es preciso abordar su cobertura, evaluar las proyecciones de la tasa de reemplazo, que es el cálculo del ingreso que se obtendrá en el período de jubilación respecto a los ingresos en el período activo.

La promesa de lograr pensiones equivalentes al 70% de los ingresos obtenidos en el período laboral, no se condicen con un mercado laboral donde sólo el 30% de la fuerza laboral accede a un empleo con contrato de trabajo y estable,  con un sector público donde el 45% de los trabajadores están adscritos bajo la modalidad de contrata u honorarios. Y donde sólo el 10% de los cotizantes efectúan su ahorro previsional todos los meses que exige la ley. El promedio de cotización previsional de los trabajadores en Chile es de 6 meses.

El país requiere debatir sobre el tipo de sistema de seguridad social que ofrecerá en el período de jubilación a los trabajadores que han aportado en su vida laboral a los logros económicos que exhibe el país.

Frente a las debilidades que presenta el sistema, las transformaciones demográficas y la falta de legitimidad de éste, el costo no puede ser sólo de cargo de los trabajadores: con un aumento de cotizaciones o extender el período laboral de cotización.

Es claro que una mejor previsión requiere mayor financiamiento, pero no basta con incorporar reformas de mercado toda vez que éstas no resuelve el problema básico que es la falta de legitimidad de una sistema de cotización individual que contribuye al financiamiento de un mercado financiero y de capitales, con aporte sólo de los trabajadores, donde los riesgos son de su cargo y con empresas que presentan una alta concentración, altos costos y ganancias a todo evento.

En una sociedad que consagra la libertad como un valor supremo, lo mínimo que se debe ofrecer a los trabajadores es un sistema que permita elegir dónde quieren disponer sus recursos, que promueva las cotizaciones colectivas, establezca mayor control y transparencia en la gestión e incorpore el aporte de los empleadores. Esperamos con este trabajo contribuir a este desafío de largo plazo que enfrenta nuestro país.