Regularización de propiedades

La interpretación correcta de la norma que establece el procedimiento para acreditar la condición de damnificado, en la ley que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización del dominio de la pequeña propiedad, es que dicha calidad se certifica con la ficha técnica de los municipios, con el documento de inhabitabilidad o de daños extendido por la Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.

De este modo, bastará con que se acredite de que se presentó la solicitud de regularización ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales para que se pueda postular al subsidio habitacional, ya sea al de construcción completa o al de reparación de la vivienda.

Cabe recordar que uno de los requisitos que se les exige a quienes resultaron damnificados es que demuestren la propiedad del terreno, o de la propiedad del inmueble que se cayó o que se dañó con la catástrofe. Sin embargo, muchas de estas propiedades se encontraban sin estar legalmente inscritas en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, al 27 de febrero pasado.

De ahí que el Ministerio de Bienes Nacionales se ha empeñado en este plan especial de regularización de la pequeña propiedad en las seis Regiones afectadas por el terremoto y maremoto.

Se busca que en el plazo de un año aproximadamente 36 mil pequeñas propiedades puedan ser legalizadas, regularizadas, acreditar la propiedad de ellas y, de esta manera, con solo la solicitud de regularización el Ministerio de Vivienda les asigne el respectivo subsidio.

Este es un programa extraordinario y tendrá un costo de $3.062 millones que están contemplados en el Ministerio de Bienes Nacionales.

Por lo tanto, lo más importante es que esta legislación sea promulgada lo antes posible por el Ejecutivo porque cuanto más rápido se pongan a regularizar la pequeña propiedad más rápido tendremos en marcha los subsidios para la reparación y reconstrucción de viviendas y más pronto se podrá materializar la solución definitiva al problema habitacional que hoy tienen las personas damnificadas por el terremoto y maremoto.