Aportes al espacio público: aprueban legislar pero anticipan perfeccionamientos al texto legal

La Sala respaldó el proyecto, iniciado en mensaje que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer un sistema de aportes al espacio público, texto que se encuentra en segundo trámite.

Por 26 votos a favor y 3 en contra, los senadores dieron su beneplácito en general a la iniciativa que con anterioridad había sido aprobada por la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Con este acuerdo, se fijó hasta el 26 de agosto el plazo para presentar indicaciones que serán revisadas en la discusión en particular.

Los senadores Lily Pérez, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, Víctor Pérez Varela, Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier hicieron uso de la palabra durante el debate; como así también el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez.

La presidenta de la Comisión de Vivienda, senadora Pérez informó el proyecto destacando que de materializarse se causaría un gran impacto en el concepto de ciudad y en la forma que se percibe el quehacer de privados en materia de construcción.

“Hay muchos proyectos que en la actualidad desarrollan  obras complementarias pero no están reguladas en una ley que garantice aquello. Si esta norma se aprueba las municipalidades podrán recolectar recursos en pro de sus barrios. Así será atractivo invertir en diversas municipalidades, ya no sólo en las más ricas”, explicó.

A su turno, el senador Sabag se mostró a favor de la iniciativa, sin embargo destacó algunos temas que deberán ser profundizados en la discusión en general. Así mencionó el pago en dinero que podrán hacer las inmobiliarias a las alcaldías por el concepto de aportes al espacio público, lo que a su juicio debe ser regulado con fuerza.

Otra de las aristas cuestionadas por el congresista fue el impacto que tendrá esta ley en los precios de las viviendas sociales. “Esto es necesario revisarlo con calma, puesto que las personas deberán pagar dicha compensación. Debido a que las inmobiliarias deberán incurrir en dichos gastos, resulta evidente que elevarán el precio de las construcciones”.

Luego el senador Tuma mencionó el mismo punto entregando un enfoque distinto. Indicó que el alza de las viviendas es un efecto que se producirá, por lo que será obligación del Ministerio de Vivienda elevar el valor de los subsidios, porque de lo contrario “no se cumpliría el objetivo de mejorar la calidad de vida”.

A juicio de este parlamentario resulta básico revisar el concepto de ciudad puesto que hasta ahora éstas han crecido en forma no armónica. “No existen suficientes áreas verdes, no hay espacios para el esparcimiento o para circular, por lo que esta es una oportunidad única para canalizar recursos en pro del bien común”.

En tanto el senador Pérez Varela recordó que hace algunos años se dictó un atrás decreto que ordenaba realizar un estudio de impacto del transporte urbano, sin embargo informó que este análisis no ha dado los resultados esperados, por lo que resultaría necesario derogar el decreto.

Haciéndose cargo de las deudas respecto a la constitucionalidad de algunos artículos, el parlamentario indicó que en el debate en particular será necesario revisar con detención aquello. “Antes derogamos algunas exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en materia de construcción y creo que hoy se requiere una norma para regular los aportes públicos”.

Luego el senador Muñoz Aburto manifestó que “necesitamos una regulación que aumente los estándares básicos en materia de construcción, en particular, de mitigación del daño que se hace a los barrios cuando por ejemplo, se afecta un sector con la edificación de un centro comercial o un edificio de muchos pisos”.

Al respecto vinculó este proyecto con la urgencia de terminar con la segregación de las ciudades, explicando que si por ley que regulan los aportes, todos los municipios deberían verse favorecidos.

En esta línea se pronunció el senador Letelier, quien planteó sus reparos respecto a que las municipalidades puedan delegar la administración de los fondos que reciban por concepto de mitigación. Por ello, catalogó como un acto de privatización este aspecto.

Asimismo, hizo un llamado de atención en cuanto al lugar donde las inmobiliarias pueden efectuar obras de compensación, advirtiendo que la mayoría de los casos se realiza en espacios distintos de los realmente afectados por las edificaciones, lo que “iría en contra del espíritu de esta norma”.

Luego, el senador Escalona calificó la iniciativa como “una fiesta de las inmobiliarias” mencionando que se introduce un artículo que aclara que los municipios y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) podrán aceptar compensaciones en especies, lo que a su juicio resulta irrisorio.

El legislador también enfatizó que la norma fija sólo 30 días para que los órganos públicos puedan cuestionar las formas de compensación, lo que a su parecer es demasiado breve y da cuenta de una política a favor de actores privados ligados a la construcción.

A su vez, el senador Frei enumeró algunas falencias que tendría la propuesta. Así mencionó que todo indica que se mejorará la rentabilidad de los urbanizadores, existirían problemas en materia de concesiones, y no existiría claridad respecto a que las municipalidades se vean beneficiadas.

En concreto, ejemplificó que “el proyecto no es equitativo puesto que no contempla reales mecanismos distributivos”. Por el contrario, aseguró que fomenta la desigualdad entre las ciudades, es decir, que algunas comunas se vean más beneficiadas que otras considerando su densificación urbana.