Apoyan iniciativas que apuntan a ampliar atribuciones del Consejo Nacional de Educación y a proteger la seguridad de los estudiantes

Un total de 6 proyectos de acuerdos relativos a diversas peticiones en materia de educación y cultura aprobó la Sala del Senado.

Se trata del proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de la República que contemple recursos suficientes en el presupuesto 2013 para el pago definitivo de la deuda del Estado con los docentes y que estuvo originada en el incumplimiento de los municipios respecto de la asignación especial del artículo 40 del decreto ley N°3551 de 1981.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Soledad Alvear, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Antonio Gómez, Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Mariano Ruiz-Esquide y Patricio Walker.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que “el Estado no puede recusar esta deuda que compromete a toda la sociedad chilena con los maestros, especialmente hoy en que la educación es uno de los temas de primordial preocupación”.

Agregaron que “los profesores son en gran medida el motor y el corazón de una educación de calidad y reconocerles tal dignidad es imprescindible para avanzar; es el mismo espíritu que llevó a crear la beca para los estudiantes de pedagogía el que debiese ser recogido hoy para reconocer a estos profesores en su gran mayoría jubilados y con pensiones muy precarias”.

Asimismo mencionaron que “estos docentes -que según datos del Colegio de Profesores son cerca de 90 mil a lo largo de todo el país- entregaron toda su vida activa para educar a los jóvenes de Chile, con abnegación y generosidad y tal entrega merece al menos una vejez tranquila y un retiro digno”.

AMPLIAR ATRIBUCIONES CNE

Por otro lado, la Sala del Senado aprobó un proyecto de acuerdo presentado por el senador Francisco Chahuán en el que pide al Ejecutivo ampliar las atribuciones del Consejo Nacional de Educación, en relación al funcionamiento de las universidades privadas.

En lo fundamental, se solicita enviar un proyecto de ley al Congreso que incorpore la obligación de cada universidad reconocida oficialmente, de informar trimestralmente al Consejo sobre su funcionamiento, sin perjuicio de la facultad de éste de exigir tal información en oportunidades diferentes.

En opinión del autor de la iniciativa, una modificación de esa naturaleza, permitiría adoptar las medidas correctivas pertinentes, para evitar la revocación del reconocimiento oficial de una universidad y la consecuente cancelación de su personalidad jurídica, con las perniciosas consecuencias que ello significa, para los miembros de la respectiva comunidad universitaria.

CHOFERES DE TRANSPORTE ESCOLAR

La Cámara Alta también respaldó el proyecto de acuerdo de los senadores Alejandro Navarro, José Antonio Gómez y Jaime Quintana, con el que solicitan al Ministro de Hacienda que el reglamento de ejecución de la ley N° 20.630 no limite la forma de acreditar la calidad de chofer de vehículo de alquiler o de transporte escolar a la presentación de un documento contractual.

En ese sentido los legisladores explicaron que dado “el alto grado de informalidad del sector” es preciso reafirmar el alcance de la mencionada norma al establecer “un reembolso de cargo fiscal a los propietarios de vehículos de alquiler o en caso de cesión para su uso a los choferes de estos vehículos, debiendo efectuar en este último caso, de la manera más amplia posible y no circunscrito a la existencia de un contrato de cesión, uso, arrendamiento o cualquier otra naturaleza, sino más bien fundado en los documentos que la propia ley ha utilizado de manera ejemplar”.

SEGURO ESCOLAR

Por otro lado, se acordó solicitar al Presidente de la República que modifique el artículo 3° de la ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo, con el fin de incorporar en el seguro escolar a los estudiantes del nivel parvulario.

Ello, luego que el Senado respaldara un proyecto de acuerdo en tal sentido que presentó la senadora Lily Pérez San Martín. La iniciativa dispone que "estarán protegidos también, todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de su práctica profesional”.

Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

El Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgará y los organismos, instituciones o servicios que administraran dicho seguro.

Asimismo, “quedarán cubiertos por el seguro escolar a que se refiere esta ley, los párvulos que asistan a programas o establecimientos administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles y por aquellas entidades que reciban a través de dicha Corporación de Derecho Público descentralizada, aportes de transferencias de fondos destinados al funcionamiento de establecimientos de edad inicial".

DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS

La Sala también aprobó un proyecto de acuerdo de los senadores Baldo Prokurica, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Alejandro García Huidobro, Antonio Horvath, Carlos Larraín Peña y Mariano Ruiz-Esquide, con el que piden al Presidente de la República la implementación de un sistema de pensiones que beneficie a los docentes de establecimientos municipalizados.

La iniciativa se fundamenta en que “resulta primordial buscar un mecanismo permanente que considere el aporte propio de coda profesor, representado por su saldo de cotizaciones y un aporte estatal que permita al docente, al momento de jubilar, obtener una pensión que no signifique una disminución sustancial de sus ingresos y que represente, a lo menos, el 60% del sueldo mensual promedio, que dicho profesor haya percibido en los últimos cinco años de ejercicio”.

ORQUESTA MARGA MARGA

Finalmente, el senado acordó instar al Jefe de Estado para que adopte medidas especiales que permitan la continuidad de la Orquesta Marga Marga, de la Región de Valparaíso.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Lily Pérez San Martín, Francisco Chahuán, José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Alejandro Navarro e Ignacio Walker.

La Orquesta Marga Marga, dirigida por el maestro Luis José Recart Echeñique, fue fundada en Marzo de 2010 y ha realizado sus actividades en virtud del Programa de apoyo al desarrollo de Orquestas Profesionales en regiones distintas de la Metropolitana según las bases de convocatoria de los años 2010, 2011, 2012 del Consejo Nacional de Cultura y las Artes que la consideró, hasta la fecha, una orquesta de continuidad.

Los miembros de esta agrupación han sido galardonados en los más importantes concursos y festivales nacionales, destacando dentro de los músicos con mejor formación en el país. Obtuvieron Medalla de la Música Chilena año 2011 otorgada por el Consejo Chileno de la Música.

Por ello, abogaron por el respeto a las bases de la convocatoria año 2012 que garantizaba la continuidad a las orquestas creadas en virtud de este programa y que se siga avanzando en la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda, de la creación de Orquestas estables en regiones distintas a la Metropolitana, tal como fue prometido cuando se creó el programa.

En ese sentido solicitaron que se genere un marco presupuestario para el Consejo de la Cultura y las Artes, que permita la mantención de las orquestas profesionales que existen y que permita también la creación de nuevas orquestas.