Comisión Especial de Recursos Hídricos informó su trabajo en torno al proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas

Durante dos años la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, trabajó un proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre dominio y uso de las aguas, en base a 9 mociones y 1 mensaje. (Boletines 6.124-09; 6.141-09; 6.254-09; 6.697-07; 7.108-07; 8.355-07; 9.321-12; 10.496-07; 10.497-07).

La senadora Adriana Muñoz, presidenta de la instancia parlamentaria, fue la encargada de dar los detalles del trabajo de las 12 sesiones dedicadas a escuchar a expertos y a analizar en profundidad las iniciativas; no obstante, la senadora lamentó que por decisión de Comités se decidiera que solo se informe y no se debata y pase directamente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El acuerdo generó diversas visiones, por lo que acordó que el próximo martes 09 de agosto los Comités Parlamentarios decidirán el proceder legislativo del tema, tomando en cuenta que la Comisión de Constitución está "sobrecargada de trabajo" y se debe dar la celeridad correspondiente al derecho de aguas.

Esto, tras las intervenciones de los senadores Jorge Pizarro, Isabel Allende, Víctor Pérez Varela, Guido Girardi, Andrés Zaldívar, Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Carlos Montes, Pedro Araya y Adriana Muñoz; todos ellos reconocieron que el agua debe estar en el centro de la discusión, con un debate urgente y responsable de todos los sectores.

Lamentando que la propuesta no siga "un trámite legislativo como cualquier ley", la senadora Muñoz abordó los detalles del trabajo de la Comisión Especial, quienes recibieron a 5 profesores universitarios "quienes hicieron interesantes aportes a la discusión", indicó la legisladora.

Entre otras, la pertinencia de entregar al legislador la facultad de regular el tratamiento normativo de los recursos hídricos, línea que se vio reflejada en el proyecto en informe; la importancia de consagrar el derecho humano al agua y al saneamiento, y ampliar el recurso de protección para protegerlos, lo que también fue considerado; propiciar una reforma constitucional que se circunscriba a la relación entre el Estado y los recursos hídricos y a la delimitación de los elementos que configuran el interés público en materia de gestión de los recursos; declarar a las aguas como patrimonio común de la Nación; y derogar el inciso final del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, que es la norma que permite la privatización del agua, propuesta que fue rechazada en la Comisión Especial.

Cabe detallar que las mociones estudiadas aluden a aspectos muy disímiles, tales como:

•         Consagrar el dominio público de todas las aguas;

•         Declarar de utilidad pública, a efectos de expropiación, de todas las aguas de la Nación.                   

•         Mandatar a la ley para regular aspectos como:

•         La entrega de concesiones a particulares, estableciendo las condiciones para adquirir, ejercer y caducar los derechos sobre ellas.

•         La temporalidad de las concesiones.

•         Las prioridades de uso para el otorgamiento de concesiones, tales como consumo humano, necesidades básicas individuales y colectivas y caudales ecológicos.

•         El cobro de patente a quienes se les ha otorgado concesión.

•         El manejo integrado de las cuencas y acuíferos.

Por lo tanto, explicó la parlamentaria, "la labor de conseguir un refundido que conjugara la mayor cantidad de propuestas, en forma coherente, resultaba muy compleja. Más aun considerando, en lo sustantivo, la dificultad de la materia y, en la forma, la necesidad de un texto breve y sintético, acorde al rango constitucional.

Buscando esos objetivos, la Comisión Especial aprobó dos modificaciones a la Carta Fundamental, Una al artículo 19º, numeral 23º y otra al Artículo 20º".

"En el artículo 19º, numeral 23, se introducen tres incisos.

El inciso tercero nuevo, incorpora la misma noción que está contemplada en el debate del proyecto que modifica el Código de Aguas y que señala:

“Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.”

Luego se realiza una declaración de utilidad pública de los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido, a la que me referiré posteriormente.

El inciso cuarto nuevo entrega a la ley la regulación del “procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las  concesiones”, precisión que busca clarificar, a diferencia de lo que algunos sostienen, que la normativa distingue los derechos vigentes de las nuevas concesiones.

Refiriéndose a éstas últimas se indica, a continuación, que “las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.”

El inciso quinto nuevo, se consagran los denominados usos prioritarios, señalando que “En su otorgamiento y ejercicio se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico, para lo cual se podrá reservar aguas superficiales y subterráneas y establecer otras limitaciones y obligaciones. Se dispondrá de un manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos de las cuencas, que considere las características de cada zona del país y que asegure la participación e información de la ciudadanía;”

La modificación al artículo 20º, por su parte, persigue ampliar el ejercicio del recurso de protección a los casos en que se afecten los usos preferentes del agua en los términos mencionados.

"Considero que el trabajo realizado por la Comisión Especial tiene aspectos muy valiosos, como el que hemos arribado a texto que mantiene la síntesis necesaria de las normas constitucionales y contiene elementos generales que puedan ser desarrollados posteriormente por el legislador y recogemos el interés de muchos señores senadores y de la comunidad, en general, por el tema de los recursos hídricos", señaló la senadora.

Asimismo, agregó que "el cambio climático y el calentamiento global nos han impuesto un enorme desafío. La sequía que viven diversas regiones, como la que representó en este Senado, ya por casi una década, no puede ser desatendida".

"Por último -enfatizó- hago presente que no existe en este texto ninguna norma que extinga o caduque automáticamente los actuales derechos. Tampoco hay riesgo para quienes los estén utilizando en actividades productivas cuando no se encuentren afectados usos preferentes".

Cabe recordar que la iniciativa refunde mociones presentadas por las senadoras Allende y Muñoz y por los senadores Araya, Chahuán, De Urresti, Girardi, Horvath, Letelier, Navarro, Rossi y Tuma, y los ex senadores Ávila, Gómez, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide y Vásquez. Asimismo, se tuvo a la vista el proyecto presentado por la Presidenta Michelle Bachelet en su anterior mandato.