A Mixta atención preferente por enfermedad inflamatoria intestinal

De manera unánime, la Sala del Senado aprobó la propuesta de la Comisión de Salud de enviar a una Comisión Mixta el proyecto que regula la atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal.

Según explicó el presidente de la citada instancia, senador Francisco Chahuán, las divergencias se dieron en torno a los cambios que introdujo la Cámara de Diputados a la iniciativa. En total, fueron cinco enmiendas, de las cuales se aprobaron tres y se rechazaron dos.

El objetivo de la iniciativa es asegurar el derecho al respeto de la dignidad humana y la no discriminación de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, facilitándoles el acceso a servicios higiénicos de forma gratuita y expedita, así como la promoción y difusión a la comunidad y destinatarios de ella de su contenido y obligatoriedad.

Para ello, la ley tendrá por objeto propender a mejorar la calidad de vida de los pacientes, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte o del tratamiento médico elegido para paliar el dolor.

Entre las normas aprobadas se cuentan:

Acceso al baño: las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos, así como a los que cuenten el comercio en general y los organismos del Estado. Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas, a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición.

Acreditación de la enfermedad: las personas que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas deberán acreditar su diagnóstico a través de cualquiera de los siguientes medios:

• Documento que acredite que se trata de persona que es beneficiaria de la ley Ricarte Soto para los tratamientos asociados a Colitis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn.
• Credencial emitida por una organización de pacientes registrada conforme a lo dispuesto en la ley Ricarte Soto. 
• Certificado médico, extendido por médico cirujano, que deberá contener su nombre completo, cédula de identidad y el número de registro en el Registro de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud.

Asimismo, se establecen sanciones para la falsificación o mal uso de los instrumentos relativos a la acreditación. En este caso, con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de once a quince sueldos vitales.

En tanto, la persona o establecimiento de comercio que arbitrariamente prive a una persona del citado derecho, será sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al doble del máximo establecido.