Apoyan diversos proyectos de acuerdo que favorecen a bomberos y que disponen la reasignación de viviendas sociales

 La Cámara Alta aprobó diversos proyectos de acuerdo donde se solicita al Ejecutivo adoptar medidas que favorezcan a voluntarios de bomberos con más de 50 años de servicio y que dispongan un mecanismo de reasignación de viviendas sociales.

Asimismo visó dos iniciativas donde se piden estudios de factibilidad para establecer un seguro para futbolistas amateur y para incorporar a la dotación de planta o contrata a los 94 funcionarios a honorarios de la Unidad de Defensa Penal de la Defensoría Penal Pública.

Además apoyó otra iniciativa que insta a evaluar la posibilidad de disminuir la contaminación mediante un régimen legal de tributación que grave la producción e importación de plásticos no retornables, con excepción de aquellos que contengan productos lácteos y medicamente.

El proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera que disponga los estudios para el otorgamiento de una pensión no contributiva a los voluntarios que han prestado servicios por más de cincuenta años al Cuerpo de Bomberos de Chile. (Boletín Nº S 1.599-12), obtuvo el apoyo de la Sala del Senado.

La iniciativa, presentada por los senadores, Soledad Alvear, Hosain Sabag Francisco Chahuán, Antonio Horvath, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar busca responder al sacrificio de este voluntariado.

En los fundamentos de la iniciativa señalan que “debido a sus funciones estos voluntarios no reciben remuneración, siendo éste un trabajo altamente exigente en términos de tiempo y de preparación y que conlleva un sacrificio de su propio desarrollo profesional y laboral”.

Destacan que “su compromiso para estar disponible en atender una emergencia en cualquier momento del día limita sus posibilidades de ascenso e incluso puede significarles la pérdida de sus fuentes de trabajo remuneradas”.

Durante la sesión el Senado aprobó también  el Proyecto de Acuerdo presentado por los senadores Soledad Alvear , Hosain Sabag, Francisco Chahuan, Antonio Horvath, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma y Andres Zaldívar con el que solicitan al Presidente de la República que otorgue rango de Ministerio al Servicio Nacional de la Discapacidad.

Asimismo se insta a que “instruya al  Ministro de Desarrollo Social para mejorar la coordinación de las instituciones públicas y privadas que atienden las necesidades de los discapacitados”. (Boletín Nº S 1.598-12)

Con la iniciativa se pretende solicitar  al Ministerio de Desarrollo Social del cual depende Senadis, que asuma la tarea de mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y privadas para atender con más eficiencia las necesidades de los discapacitados e impulsar en un diálogo abierto una redefinición de las políticas públicas sobre la materia.

Además se insta al Ministerio de Desarrollo Social que requiera un aumento del presupuesto para Senadis y garantizar que parte de este presupuesto esté orientado a subvencionar el funcionamiento y las actividades de las organizaciones sociales que atiendan a personas discapacitadas.

También el Senado aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el senador Baldo Prokurica en conjunto con los senadores Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, Antonio Horvath y Carlos Kuschel que solicita al Presidente Sebastián Piñera, un mecanismo de reasignación de las viviendas sociales para el caso en que el beneficiario incumpla sus obligaciones de habitación o de no enajenar. (Boletín Nº S 1.604-12).

Esto a raíz de una serie de incumplimientos e irregularidades que se han suscitado con la adquisición de viviendas sociales, al ser vendidas o arrendadas por sus dueños.

Por esto se dispuso establecer un mecanismo que permita al Servicio de Vivienda y Urbanismo, una vez acreditado el incumplimiento de las obligaciones de habitación y no enajenación, poder, en tiempos breves reasignar la vivienda a familias que cumplan los requisitos legales para ello.

La Corporación aprobó por mayoría el proyecto de acuerdo presentado por el Senador Francisco Chahuán, con el que solicita al Presidente, Sebastián Piñera, que evalúe la factibilidad de disminuir la contaminación ambiental mediante un régimen legal de tributación que grave la producción e importación de envases de plástico no retornables para uso en cualquier clase de bebidas, con excepción de aquellos que contengan productos lácteos o medicamentos. (Boletín N° S 1.601-12)

La iniciativa legal especifica  la factibilidad de establecer un impuesto a la producción o importación de botellas plásticas no retornables, que contengan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas y no gaseosas, aguas minerales, sean de origen nacional o extranjero, con excepción de las que contengan productos lácteos o medicamentos, el que pueda ser recuperado por quien recolecte, entregue y retorne dichas botellas, mediante una tarifa que se fije.

Para este efecto le correspondería “al Servicio de Impuestos Internos establecer los mecanismos normativos pertinentes, referidos a la declaración y devolución de los tributos correspondientes y al Ministerio de Medio Ambiente, la dictación de las normas relativas a los centros de acopio y tratamiento de este tipo de botellas”.

La Sala también dio su respaldo al proyecto de acuerdo presentado por los senadores  Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro, Antonio Horvath, Hernán Larraín y Hosaín Sabag, con el que solicitan al Primer Mandatario que remita una iniciativa legal para integrar a la dotación de la Defensoría Penal Pública, en calidad de funcionarios de planta o a contrata, a los noventa y cuatro profesionales que prestan servicios a honorarios en la Unidad de Defensa Penal de dicho organismo. (Boletín N° S  1.596-12)

Los autores de la iniciativa señalan que “en la actualidad se desempeñan en la Unidad de Defensa Penal Adolescente, dependiente de la Defensoría Penal Pública, un total de noventa y cuatro profesionales; que prestan sus servicios bajo la modalidad de prestación de servidos a honorarios, lo que no permite dar plena estabilidad a las importantes funciones que cumplen”.

Agregaron que “esta situación se arrastra desde hace bastante tiempo sin que hasta ahora se haya obtenido una solución definitiva a la misma, no obstante que existe un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, en orden a solucionarla mediante una iniciativa legal”.

Recordaron que, “en la sesión de fecha 18 de octubre de 2011 que efectuó la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto de la Nación, la Ministra de Justicia manifestó que estaba considerado en un futuro proyecto de ley dejar a contrata en la Defensoría Penal Pública a los defensores de adolescentes infractores de ley”.