Fiscalización efectiva

La iniciativa legal que crea la Superintendencia de Educación Superior, constituye el tercer pilar de lo que constituye un nuevo sistema de educación superior,  tema que ha sido muy discutido durante este último año gobierno y oposición.

Cabe recordar, que el primer pilar es la consagración de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, a través de una iniciativa que está siendo discutida en la Comisión de Educación, en materia de becas, para que nadie quede fuera de este nivel de enseñanza por razones económicas.

El segundo pilar, es el establecimiento de un nuevo sistema de acreditación, en relación con la calidad de la educación. Se trata de un tema muy controvertido. De hecho, el proyecto inicial del Ejecutivo ha sido objeto de muchas críticas desde diversos puntos de vista.

Con respecto a la creación de una Superintendencia de la Educación Superior, ésta permitirá fiscalizar de manera efectiva a dicha educación y hacernos al mismo tiempo, cargo de los tremendos problemas, vacíos y contradicciones existentes en este ámbito.

Existe amplio consenso técnico en cuanto a la necesidad de contar con una institucionalidad, con reglas del juego que permitan fiscalizar el uso de los recursos públicos y cuestiones tan importantes como la prohibición del lucro en las universidades, que data de 1981, la cual -como sabemos- se burla todos los días, en forma sistemática, y garantizar el cumplimiento de estándares de transparencia.

El problema de este proyecto, radica principalmente en su versión inicial, pues es muy débil en un sentido muy fundamental: no fija un marco regulatorio de la educación superior. Es decir, estaríamos creando una institucionalidad sin un objeto, desde el momento en que no hay un modelo normativo que rija la vida de la educación superior.

Por lo tanto, los tres pilares que mencioné (financiamiento, acreditación y fiscalización) requieren un núcleo: un marco regulatorio. Si no lo hay, tampoco hay objeto y, en consecuencia, la institucionalidad queda con pies de barro. Esta situación se lo hemos hecho ver al actual gobierno durante casi un año.

Sin embargo, la buena noticia es que el Ejecutivo se abrió al debate sobre la necesidad de instaurar una estructura general en este ámbito. El Ministerio de Educación, en el pasado mes de enero, acogió la idea de estudiar y establecer un marco regulatorio.

Valoramos que el gobierno se haya abierto a modificarlo, después de presentar un proyecto inicial muy débil, a esta discusión. Pero en el texto legal se deben introducirse muchos cambios: a la estructura, funciones, atribuciones y financiamiento de la Superintendencia, entre otros.

Por lo tanto, estamos ante la gran oportunidad de establecer un amplio consenso y dar un salto cualitativo que permita contar, como núcleo central del nuevo sistema de educación superior, con un marco regulatorio y, a propósito de él, con un sistema de financiamiento, acreditación y  fiscalización, a través de la Superintendencia de la Educación Superior.