Interrupción del embarazo: despenalizar o sólo permitir en casos determinados son algunas de las propuestas

El lamentable caso de una menor embarazada, producto de abusos sexuales, puso nuevamente en el tapete público la discusión sobre el estatuto de protección a los menores en toda su dimensión. Al respecto, se han presentado numerosas iniciativas que apuntan a sancionar drásticamente a los abusadores y que promueven el respeto a la dignidad y los derechos de los menores.

Asimismo, la situación del embarazo producto de violación también posicionó en la agenda pública el debate sobre la interrupción del mismo, que tiene por un lado a detractores, que consideran al bebé como otra víctima más del abuso y, por otro, a defensores que manifiestan la necesidad de contar en Chile con una legislación que permita la interrupción del embarazo.

En nuestro país, el aborto inducido o la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal según el Código Penal; sin embargo, en 1931 se legalizó el aborto terapéutico contemplándose dentro del Código Sanitario para ciertos supuestos definidos por ley; estatus jurídico que cambió en 1989 y que rige hasta el día de hoy.

Cabe precisar que la prohibición está contemplada tanto en el Código Penal, como en el Sanitario.

En el Senado, actualmente, se encuentran en tramitación cuatro iniciativas que tienen diferentes miradas, desde la despenalización hasta la irrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en riesgo.

En 2010 el senador Guido Girardi, junto al ex senador Carlos Ominami, presentaron una moción que despenaliza el delito de aborto y consagra el aborto terapéutico, lo que está siendo debatido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Boletín 6.845-07.

Entre las causas apuntadas en esta iniciativa legal están las razones médicas, cuando hay riesgo vital de la madre o inviabilidad del feto, además de considerar los casos de violación.

Desde un punto de vista jurídico, la moción argumenta “el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es la base de la argumentación a favor de la legalización del aborto, como también la necesidad de garantizar condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas a las aproximadamente 160 mil chilenas que cada año se someten a abortos clandestinos. La libertad de decidir y por ende de abortar, se circunscribe en una libertad mayor, que viene dada por el compendio de derechos que implican los llamados "derechos reproductivos".

Al año siguiente, los senadores Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar propusieron permitir la interrupción del embarazo ante riesgo demostrado para la vida de la madre, lo que es analizado por la Comisión de Salud. Boletín 7.965-11

En lo fundamental, el texto legal que modifica el Código Sanitario, señala que "no se considerará aborto la acción destinada a salvar la vida de la madre, cuando existiere un riesgo demostrado para la misma, si a consecuencia de ello se produjere la interrupción del embarazo. Para proceder de esa forma se requerirá de un informe de dos especialistas registrado en la ficha clínica de la paciente".

Asimismo, se aclara “la referencia a “fines terapéuticos” no deja de tener una dosis de ambigüedad, en la medida que puede implicar la salvaguardia de la salud, y no sólo la vida, de la madre. En este proyecto consideramos solamente el caso de riesgo de "vida de la madre", y no de "salud materna", en cuyo caso se cae en una aceptación amplia que incluye todas las situaciones en la cual el embarazo o la maternidad pueden provocar daño de la salud física o psicológica en la madre.

En tanto, este año se planteó establecer licitud de los procedimientos de interrupción del embarazo en casos determinados, propuesta por los senadores Isabel Allende, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi. Boletín 8.862-11.

Los casos determinados aludidos – y que son estudiados por la Comisión de Salud-son: cuando está en riesgo la vida de la madre, existe inviabilidad fetal extrauterina o se constata una violación. El proyecto contó con el respaldo de integrantes del  Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De la iniciativa se desprende que “no será punible la interrupción de un embarazo, practicada por un médico-cirujano, previo consentimiento escriturado de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o cualquier abuso sexual con eficacia reproductiva, o bien, sea producto de cualquier técnica de reproducción asistida no consentida por la mujer embarazada. En este caso, no se podrá interrumpir el embarazo más allá de la semana doce de gestación”.

La última moción presentada, y que pasó a la Comisión de Salud de la Cámara Alta, es la del senador  Guido Girardi, con la que da inicio a un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para autorizar el aborto en los casos que indica y el Código Penal para su despenalización en las mismas hipótesis. Boletín Nº 9.021-11.

Se consagra en la iniciativa, “con conocimiento de nuestras convicciones sociales pero al mismo tiempo de la dramática y soterrada realidad que presenta en Chile la práctica del aborto, es que hemos querido plantear una iniciativa legislativa que enfrente la práctica abortiva en nuestro país, bajo el ánimo de dar una solución clínica y a la vez jurídica a las diversas situaciones o hipótesis que a este respecto es posible plantear objetivamente, fuera de todo sesgo valórico, emocional, político o filosófico”.

Es importante señalar que ante el interés surgido respecto a la materia, la Comisión de Salud hizo presente que dentro de sus prioridades para el segundo semestre de este año –entre otros- está el poner en tabla, para su debate, los proyectos de ley sobre aborto que se encuentran en dicha instancia parlamentaria.

En la misma línea, varios senadores han manifestado la urgencia de retomar este debate legislativo, para el que tienen una nutrida lista de iniciativas a analizar.