Moción impide al Estado destinar fondos a proyectos con fin de lucro
La propuesta del senador Ruiz-Esquide apunta a terminar con los abusos que se han registrado en materia de educación, salud y previsión, donde “el bien particular ha primado por sobre el general”
4 de mayo de 2013En el marco del amplio debate que se ha generado por el lucro en distintas áreas, el senador Mariano Ruiz-Esquide presentó un proyecto que reforma la Constitución Política con el fin de velar por el bien común en ámbitos de la protección de la salud, la educación, las pensiones y los seguros.
La propuesta señala que “el Estado tiene la obligación moral y política de imponer normas que eviten las incompatibilidades entre la persecución del bien común y el tipo de actividad económica puesta en marcha, ya que la empresa crea riqueza para los propietarios y para toda la sociedad”.
Asimismo, reconoce como justo la búsqueda de una ganancia o beneficio cuando el funcionamiento de la empresa refleja el respeto a sus integrantes y a los fines de la sociedad a la que sirve.
Sin embargo, la propuesta también señala que “la realidad de nuestro país muestra que la avaricia insaciable de unos pocos ha generado una desigualdad que afecta los valores esenciales, transformando el legítimo afán de obtener una justa retribución en usura, lo que se agrava con el uso de recursos públicos para esa torcida finalidad”.
El parlamentario apunta a la salud, educación y pensiones como las áreas que se han visto más afectadas por el lucro. “Esto se ha transformado en una penosa realidad para la mayoría de los chilenos y se han convertido en una pesada carga financiera para el país, afectando derechos contemplados en diversas disposiciones constitucionales nacionales y en tratados internacionales”.
En virtud de lo anterior, el proyecto plantea que "la promoción del bien común implica la obligación del Estado de proteger a través de políticas púbIicas concretas a todas las personas y sectores, especialmente a los más vulnerables de la sociedad”.
A su vez indica que “el Estado no podrá destinar recursos públicos, en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas que tengan por finalidad el lucro en cualquier forma y que desarrollen actividades educacionales, de salud, pensiones de jubilación y de seguros".
La iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento donde deberá ser analizada en general, de manera de evacuar un primer informe que deberá ser conocido por la Sala.