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Piden patrocinio del Gobierno para modificar la institucionalidad ambiental

Los senadores Girardi y Muñoz aseguraron que urge “terminar con una institucionalidad de papel donde las decisiones técnicas no son vinculantes con las decisiones políticas”.

17 de marzo de 2017

Imagen foto_00000002A raíz de la dura controversia y acusaciones cruzadas que provocó el rechazo del proyecto minero Dominga, que se instalaría en la zona costera de la comuna La Higuera en la región de Coquimbo, los senadores Guido Girardi y Adriana Muñoz manifestaron la imperiosa necesidad de realizar “una profunda reforma a la Ley de Base de Medio Ambiente y a la institucionalidad ambiental”.

 

El legislador afirmó que “la actual institucionalidad ambiental que tenemos esta desprestigiada, politizada y susceptible a las presiones, principalmente, del mundo empresarial y que en el pasado aprobó proyectos ilegales y que la justicia debió detener: Castilla, Pascua Lama, Hidroaysén, Barrancones, Agrosuper que la termino expulsando de Freirina por el daño causado, pese a que contaba con todos los permisos”.

 

Luego agregó que “compartimos con los empresarios que la institucionalidad ambiental no otorga certeza jurídica, porque como no le cree nadie todos los proyectos terminan en los tribunales de Justicia (…) Junto a la senadora Muñoz y un conjunto de parlamentarios, queremos pedirle al Gobierno que terminemos con una institucionalidad de papel donde las decisiones técnicas no son vinculantes con las decisiones políticas”.

 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

 

Por su parte, la senadora Adriana Muñoz planteó que “el problema con la minera Dominga es consecuencia de un débil marco y legislación ambiental que no se condice con los estándares internacionales de exigencias medioambientales y que les hace mal a las empresas que quieren emprender en las regiones y, también, a las comunidades que con esperanza ven llegar iniciativas que pueden dinamizar y activar la economía y la generación de empleo”.

 

La congresista complementó diciendo que “nadie se opone a que se instalen empresas como Dominga o cualquier otra, pero resguardando la normativa de estándares internacionales que protejan la salud de las personas, del medio ambiente, del ecosistema y de la diversidad de nuestras regiones”.

 

La senadora afirmó que desde hace tres años conversa con Andes Iron, el conglomerado tras el proyecto Dominga, “les hice ver mi opinión sobre el lugar de instalación del puerto encima de la isla Dama. Ellos dicen que están a la distancia suficiente, pero les dijimos que nos es posible que instalen un puerto encima de una Reserva y un Santuario de la Naturaleza”.

 

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