Presentan propuesta para modificar ley antiterrorista

“Hemos presentado nuestra propuesta para sustituir el texto actual de la Ley Antiterrorista, considerando las dificultades que han existido para identificar y condenar a los responsables de estos graves delitos que han ocurrido en el país durante los últimos años”, con estas palabras los senadores del Comité RN, Alberto Espina, Andrés Allamand, Baldo Prokurica, José García Ruminot y Francisco Chahuán dieron a conocer el proyecto de ley al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; al ministro de Justicia, José Antonio Gómez y al subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.

Posteriormente, los legisladores formalizaron la presentación ante la Oficina de Partes del Senado del proyecto de ley que sustituye el texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social (Boletín N° 9669-07).

De este modo, el texto legal inició su tramitación, dándose cuenta ante la Sala y siendo derivado a la Comisión de Constitución y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se envió el proyecto para conocimiento de la Corte Suprema.

Los legisladores explicaron que “en los más de 200 atentados con bombas, en muy pocos casos se ha logrado la identificación y condena de sus autores, lo que genera una legítima inseguridad en la ciudadanía”.

Por ello, la propuesta dada a conocer en La Moneda apunta a ampliar la definición de lo que se considera como conductas terroristas; dotar de mayores facultades del Ministerio Público; e incorporar la figura de los agentes encubiertos, entre otras medidas. Junto con esto se sugiere que el gobierno incluya un mecanismo de indemnización para las víctimas de ataques.

“Nuestro objetivo es dotar al Estado de Chile de una Ley Antiterrorista que permita dar más protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social”, señalan los legisladores e hicieron presente que, tal como lo señala nuestra Constitución Política, el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos.

Aludieron a que “el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), al referirse a las distintas formas de violaciones a los derechos humanos, señala que son actos terroristas, calificados de violación a los derechos humanos, los cometidos por particulares por motivos o bajo pretextos políticos si se trata de atentados contra víctimas indiscriminadas, como ser la colocación de explosivos en un lugar frecuentado por el público o el derribamiento deliberado de cables de alta tensión con la intención de (o sin importar que) mueran electrocutados vecinos o transeúntes. Se ha calificado también como actos terroristas los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro, en contra de agentes del Estado”.

Puntualizaron que “nuestra propuesta es una contribución para lograr un amplio acuerdo en una materia que debe ser abordada como política de Estado, de tal manera que logremos como sociedad en su conjunto enfrentar a quienes incurren en estas graves conductas delictuales”.

1.-     Amplía los casos en que los delitos más graves como los homicidios, las lesiones graves, los secuestros, los incendios y el apoderarse o atentar contra vehículos de transporte o de carga, entre otros, pasan a ser considerados como terroristas.

Actualmente, sólo se configuran como delitos terroristas cuando él o los autores tengan por finalidad producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.  Agregamos tres nuevas causales independientes a que provoquen o no temor en la población: 1) Que obedezca a un plan determinado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas; o  2) Arrancar o impedir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias; o 3) Que tenga por finalidad desestabilizar el orden constitucional democrático.

Además, será delito terrorista el emplear bombas o explosivos que afecten o puedan afectar la vida o integridad física de un número indeterminado de personas.

2.-     Los delitos antes señalados son siempre terroristas, con independencia de que sean cometidos por una o varias personas o grupos o asociaciones ilícitas, sin limitarlo sólo a estas últimas.

3.-     Las investigaciones por los delitos terroristas pueden iniciarse indistintamente por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, por otras autoridades a cargo del orden público, por las víctimas o sus familiares o por cualquier persona que tenga domicilio en la provincia donde se cometió el delito.

4.-     Se otorgan nuevas facultades al Ministerio Público, tales como autorizar los agentes encubiertos, los informantes, las entregas vigiladas de armamentos y explosivos destinados a cometer un delito terrorista, las cuales actualmente sólo se autorizan en los casos de tráfico de drogas.

5.-     Los condenados por cualquier delito terrorista no tendrán derecho a la sustitución de la pena de cárcel por otras que se puedan cumplir parcial o totalmente en libertad como son la reclusión parcial, la libertad vigilada, etc.

6.-        Finalmente, solicitan al gobierno que establezca un mecanismo de apoyo, reparación e indemnización a los pequeños y medianos sectores productivos que desarrollan sus actividades en zonas de alto riesgo de violencia extrema, que les permita, a lo menos, acceder a seguros que le den una adecuada protección ante las pérdidas económicas que sufren por la falta de garantías de la acción del Estado en otorgar protección frente a estos actos terroristas.

Al respecto, manifestaron que “sabemos que esta es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo pero no podemos aparecer indiferentes ante esos pequeños y medianos empresarios, especialmente en los sectores agrícolas y de transportes, que resultan ser las víctimas permanentes de la violencia extrema en determinadas zonas del país, y que son quienes sufren la pérdida y destrucción de sus instrumentos de trabajo, viéndose además perjudicados por el alto precio de los seguros e incluso la negación a acceder a ellos”.