Senadores adelantan parte del debate que se dará en la ley Ricarte Soto

Los senadores Fulvio Rossi y Guido Girardi -presidente y miembro de la Comisión de Salud, respectivamente- aseguraron que no aceptarán “letra chica” en el proyecto que otorga cobertura financiera a los tratamientos de alto costo (TDAC), el que ha sido conocido como ley Ricarte Soto.

La iniciativa acaba de ser aprobada por la Cámara Baja, por lo que la citada instancia legislativa será la encargada de conocer las ideas matrices en los próximos días, iniciando su tramitación en el Senado.

Los legisladores dijeron tener “reparos sustantivos relacionados con el fondo del texto cuyo objetivo es dar certeza a las familias que frente a enfermedades catastróficas tendrán el apoyo del Estado” y a su vez, llamaron a “no poner el pie en el acelerador, hacer una discusión en serio y sacar un muy buen proyecto”.

El presidente de la Comisión, señaló que “esta es una ley imprescindible y urgente para poder acceder a tratamientos medicamentoso de alto costo, pero si bien el acuerdo alcanzado en la Cámara tiene avances -elimina los copagos-, hay materias que corregir o si no, su alcance será limitado”.

Para el senador Rossi no está bien definido “qué se entiende por enfermedad de alto costo. Debe quedar claro para que el paciente tenga certeza y no esté al arbitrio de reglamentos lo que genera incertidumbre y así nos lo han planteado las agrupaciones de los pacientes”.

El parlamentario también cuestionó que existan “tres instancias –ninguna independiente del Minsal- que decidan si es pertinente cubrir el tratamiento. Hay una comisión que evalúa la evidencia científica y puede discriminar por sexo o edad. Hay otra instancia que hace la recomendación, y una tercera del Minsal y Hacienda que determina qué tratamiento entra o sale”.

El senador Rossi afirmó que “creemos que si un paciente necesita un tratamiento de alto costo (TDAC), debe recibirlo sin importar edad, sexo o cualquier otra discriminación. No puede ser que un tratamiento que ha tenido efectividad en otros países aquí quede fuera por razones económicas o de costo beneficio”.

Finalmente manifestó su reparo a que “un paciente que por urgencia acudió un prestador no acreditado se le exija que antes de 24 horas informe a la Superintendencia de Salud. Debe ser responsabilidad de la institución que lo acoge o dar un plazo bastante mayor”.

Por su parte el senador Girardi afirmó que persiguen el objetivo de “transformar la salud en un derecho humano, pues hoy día no lo es. Las personas deberían acceder a la salud independientemente de su condición económica y para eso hemos venido trabajando, pero aún estamos lejos porque faltan 3.800 especialistas en los hospitales, 2.500 médicos en los consultorios y la mitad de las camas (UCI y básicas) que debiéramos tener”.

El congresista manifestó su preocupación de la capacidad de las autoridades “para llevar adelante la política contratar especialistas y construir hospitales. Es muy importante la voluntad y decisión de la Presidenta pero es difícil que se concreten sus objetivos sin una gestión adecuada”.

El parlamentario afirmó que “los medicamentos debieran estar garantizados a todo evento, pues se da la paradoja que tras meses o años de esperar atención y lograr hacerse los exámenes, los pacientes no cierran el círculo porque no pueden acceder a los medicamentos, que es la parte más barata de todo el tratamiento”.

El senador Girardi explicó que actualmente “los hospitales sólo entregan el 40% de los medicamentos que receta un profesional. El 60% restante deben comprarlo a las farmacias y eso es un drama”.

Para el legislador, “los medicamentos para todas las prestaciones del servicio público, debe ser un derecho fundamental. Especialmente aquellos de alto costo que pueden otorgar una vida casi normal a un paciente, pero si no acceden a él están condenados a una eutanasias social en ningún casi compasiva”.

A su juicio, “deseamos una ley sin letra chica ni burocracia. Basta que la evidencia científica determine que existe un tratamiento eficaz, aunque de alto costo para que ingrese a la ley ¿Por qué tiene que haber tanto filtro para que solo una pequeña fracción de la gente acceda a ese derecho?".

Cabe consignar que el jueves 23 de abril, por 94 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en general y luego en particular, el proyecto.

La iniciativa será parte del Régimen General de Garantías y su aseguramiento a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales,, estará a cargo del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

De éste están excluidas solo las prestaciones cubiertas por los seguros de accidentes del trabajo (SOAP) y los contratos de salud que incorporan la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (AEC).

Se entenderá por tratamiento de alto costo aquel constituido por medicamentos, alimentos o elementos de uso médico que por su costo impide el acceso a éste o accediendo, impacta catastróficamente en el gasto de los beneficiarios.

Desde el gobierno han señalado que con este nuevo fondo en régimen, se espera llegar a cubrir el tratamiento a cerca de 20 mil personas. Esto significa aumentar el presupuesto actual destinado de 17 mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos en cuatro años.

Los tratamientos serán determinados por un decreto de los Ministerios de Salud y Hacienda cada tres años, allí se fijará el umbral nacional de costo anual, tomando en cuenta factores tales como los ingresos anuales de los beneficiarios, su capacidad de pago después de considerados los gastos básicos de subsistencia y la evidencia científica disponible para el tratamiento de una condición específica de salud.