Sesión 16 ª, Ordinaria, en miércoles 13 de mayo de 2015

Por unanimidad, se aprobó el proyecto de acuerdo de los senadores Patricio Walker, Isabel Allende, Carolina Goic, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Pedro Araya, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Ricardo Lagos, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a la Presidenta de la República que instruya a las autoridades competentes sobre la urgente adopción de medidas para el otorgamiento de pensiones de gracia a menores afectados por enfermedades irrecuperables, subvenciones al gasto de aquellos que son electro-dependientes, acceso de sus familias a viviendas adaptadas a la habitabilidad de niños con necesidades especiales, normalización de permisos laborales y, además, el establecimiento de una mesa de trabajo para atender los requerimientos específicos de todo niño o niña aquejado por enfermedades crónicas o terminales.  (Boletín N° S 1.810-12)

Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permitiendo la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública. (Boletín N° 9.601-25) Con urgencia calificada de “Suma”.

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto lograr una mayor y mejor coordinación entre todas las instituciones públicas en materia de seguridad; fortalecer el rol del municipio en el ámbito de la seguridad; generar mayor participación de los ciudadanos en la elaboración de soluciones respecto de los problemas detectados, así como también permitir la generación de mayor transparencia frente a las medidas, acciones y programas que se están ejecutando o que se pretendan realizar, en materia de seguridad.

Proyecto de ley:

- Incorpora, entre las funciones que las Municipalidades podrán realizar, aquellas que digan relación con el desarrollo, implementación, promoción y apoyo de acciones de prevención social, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal.

- Los municipios también tendrán la potestad para elaborar, aprobar y ejecutar el plan comunal de seguridad pública, incorporándolo como instrumento de gestión municipal.

- Define el referido plan como el instrumento de gestión encargado de fijar las orientaciones y las medidas que acuerden la municipalidad y los demás órganos en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las facultades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del  Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

- Dos o más comunas con menos de 5.000 habitantes podrán constituir consejos intercomunales de seguridad pública o participar en el consejo comunal de una comuna vecina con mayor número de habitantes.

- El plan tendrá una vigencia de un año y deberá coordinarse con las planificaciones que, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se efectúen en este ámbito.

- Corresponderá al alcalde presentar este instrumento a la aprobación del Concejo Municipal.

Intervinieron los senadores Alberto Espina, Felipe Harboe, Jacqueline Van Rysselberghe, Lily Pérez, Ena Von Baer, Pedro Araya, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma, Carlos Montes, Alejandro Guillier, Víctor Pérez, Alfonso De Urresti, Antonio Horvath, Francisco Chahuán, Iván Moreira, Alejandro Navarro y el Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey.

En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión, para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 15 de junio próximo.

Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública. (Boletín Nº 7.616-06) Con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto regular el principio  de la probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención de conflictos de intereses.

Contenido del proyecto:

- Dispone que todo aquél que desempeñe funciones públicas, cualquiera que sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.

- Enumera los sujetos obligados a efectuar una declaración de intereses y patrimonio y establece su contenido, extendiéndola a todas las autoridades, incluidas aquéllas contratadas a honorarios con remuneraciones equivalentes a las del tercer nivel jerárquico.

- Obliga a dichos sujetos a efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, de carácter público, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción en el cargo, la que deberá actualizarse anualmente, así como también dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones el declarante.

- La declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones se realizarán en un formulario electrónico.  Tratándose de autoridades superiores y de jefes de servicios, esta declaración y sus actualizaciones se publicarán en la página web del servicio hasta 6 meses después del cese de sus funciones.

- Fija el contenido mínimo que deberá cumplir la declaración de intereses y patrimonio, precisándose las actividades y bienes del declarante cuya inclusión es obligatoria.

- Dicha declaración deberá, además, comprender los bienes del cónyuge o conviviente civil, así como también las actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia que realice, sean o no remuneradas. Igualmente, se deberán incorporar en la declaración los bienes de los hijos.

- Establece las sanciones para quienes, estando obligados a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, no lo realizaren oportunamente o lo hicieren de manera incompleta, las que van de 5 a 50 UTM ($217.495 a $2.174.950) hasta la destitución del cargo del infractor.

- En caso de autoridades que tengan acciones cuyo valor total supere las 25.000 UF ($620 millones) se establecen dos alternativas: venderlas o bien, entregarlas a un mandatario para que las administre sin que los dueños se informen de su destino, figura conocida como “fideicomiso ciego”, estableciendo las normas que regirán esta modalidad.

- Regula la obligación de las autoridades que indica, de enajenar o renunciar a su participación en la propiedad de las empresas que tengan algún tipo de relación comercial con el Estado.

- Establece normas sobre la fiscalización de las normas de este proyecto de ley y de las sanciones por la infracción a la obligación de constituir mandatos y el respectivo procedimiento de reclamación.

Intervinieron los senadores Alberto Espina, Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Lily Pérez, Juan Antonio Coloma, Felipe Harboe, Andrés Allamand, Ricardo Lagos, Alejandro Navarro y el Ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza.

En consecuencia, procede continuar con la discusión en particular de esta iniciativa en la próxima sesión que celebre el Senado.

Se dio cuenta de la renuncia del senador Carlos Montes a la Comisión de Ética y Transparencia, eligiéndose en su reemplazo al senador Alfonso De Urresti.