Sesión 25ª, Ordinaria, en miércoles 21 de junio de 2017

Por unanimidad, se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Francisco Chahuán, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Lily Pérez, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Guido Girardi, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Carlos Montes, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Eugenio Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar, por medio del cual solicitan a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que modifique la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de resolver la situación de los tripulantes de la flota industrial pesquera que fueron desvinculados de su fuente laboral en virtud de la ley N° 19.713. (Boletín N° S 1.936-12)

Se aprobó en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo. (Boletín N° 10.545-08) Con urgencia calificada de "suma".

El proyecto de ley, iniciado en un mensaje que se enmarca dentro del contexto de la Agenda de Energía del actual Gobierno, tiene por objeto modernizar la Empresa Nacional del Petróleo, mediante la modificación y perfeccionamiento de su gobierno corporativo, dotándola de una nueva forma de dirección que le permita mejorar su gestión, administración y resultados, para  así transformar a la ENAP en una compañía robusta, capaz de erigirse como un actor sólido y con protagonismo en los desafíos energéticos del país.

Contenido del proyecto de ley:

- Otorga a la ENAP la autonomía operativa necesaria para alcanzar sus objetivos, para lo cual se elimina su dependencia de la CORFO, estableciéndose que la relación de la empresa con el Presidente de la República será a través del Ministerio de Energía.

- Dispone que, en lo no previsto en su ley orgánica ni en sus estatutos, la empresa se regirá por las disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

- Somete la gestión de la empresa a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros en los mismos términos que las sociedades anónimas abiertas, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

- Reformula la composición del Directorio de ENAP, excluyéndose de su integración al Ministro de Energía, y a los miembros designados por la CORFO y por los gremios. El nuevo Directorio estará conformado por 7 miembros designados por el Presidente de la República: 2 según su parecer, los que deberán ser de diferente sexo; 4 seleccionados a partir de ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública y uno designado sobre la base de una propuesta presentada por los trabajadores de la Empresa, de conformidad con el procedimiento que se establece.

- La duración en el cargo de director será de 4 años. Para ser director se deberá cumplir un conjunto de requisitos y no incurrir en las inhabilidades e incompatibilidades que se señalan, lo que busca prevenir conflictos de interés en el uso de información privilegiada. Además, dentro de sus responsabilidades se establece la de guardar reserva de los negocios de la Empresa y sus filiales. Los directores tendrán derecho a una remuneración, la que será establecida y revisada por el Ministro de Hacienda, con una periodicidad no superior a dos años.

- Dispone que los directores, con posterioridad a su nombramiento, se deben a los intereses de la Nación, de la Empresa y a lo prescrito por las leyes, teniendo especialmente en cuenta el respeto y consideración por las personas, las comunidades y el medio ambiente con que se vinculan.

- Establece el deber del Directorio de presentar, antes del 30 de marzo del año que corresponda, a la junta de accionistas una propuesta de plan de desarrollo y negocios de la Empresa a implementarse en el transcurso de los 5 años siguientes.

- El Plan deberá considerar, a lo menos, los objetivos y metas de rentabilidad de la Empresa, los planes de inversión y desarrollo, y las directrices o propuestas de creación y disolución de filiales o sociedades con terceros. Asimismo, contemplará la política y eventual necesidad de endeudamiento de la Empresa, el programa de disposición de activos y de unidades de negocios no esenciales, la política de traspaso o de capitalización de utilidades, si las hubiere; los planes de asociación y expansión societaria, y los requerimientos de transferencias fiscales a la Empresa, si fueren necesarios.

- Estructura una Junta de Accionistas, similar a la de las sociedades anónimas abiertas, en la que quedan radicadas las facultades de gobierno, administración y fiscalización.

- Regula la designación del gerente general y demás ejecutivos principales de la Empresa, de las filiales y directores nombrados por empresas y en las coligadas, quienes deberán cumplir con los requisitos de idoneidad, situación académica e incompatibilidades establecidos respecto de los directores y con una experiencia laboral de a lo menos 5 años en los cargos o funciones que se consideren en los perfiles definidos para el cargo.

- Autoriza la capitalización de la Empresa hasta en US$400 millones, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de este proyecto como ley.

- Dispone que la ENAP deberá informar anualmente a las comisiones de Minería y Energía y de Hacienda de ambas Cámaras sobre los recursos que se le han transferido en virtud de esta ley y la rentabilidad obtenida en sus proyectos de inversión y trimestralmente respecto de los proyectos de inversión en energías renovables no convencionales y eficiencia energética.

Intervinieron los senadores Carlos Bianchi, Baldo Prokurica, Jorge Pizarro, Alejandro García-Huidobro, Felipe Harboe, y el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo.

En consecuencia, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

Quedo Pendiente la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del mismo. (Boletín N° 10.314-06) Con urgencia calificada de “suma”.

El proyecto de ley, iniciado en mensaje, tiene por objeto dotar al Estado de una institucionalidad específica en materia de coordinación de los servicios públicos encargados del planteamiento e implementación de las políticas públicas dirigidas a la protección y garantía, integral y efectiva, de los derechos de los niños.

Contenido del proyecto de ley:

- Entrega al Ministerio de Desarrollo Social la tarea de velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio, de acuerdo con el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, y a través de las funciones y atribuciones que en el presente proyecto de ley se le entregan.

- Serán funciones del Ministerio, en el ámbito de la promoción y protección integral de los derechos de los niños, entre otras, las de asesorar al Presidente de la República en estas materias; proponerle la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, informar sobre su ejecución y recomendar las medidas correctivas que resulten pertinentes; administrar, coordinar y supervisar los sistemas o subsistemas de gestión entre los diferentes organismos con competencias en materias de niñez; impulsar acciones de difusión, capacitación o sensibilización destinadas a la promoción y/o protección de la infancia y, promover el fortalecimiento de la participación de los niños en todo tipo de ámbitos de su interés.

- Crea, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez como un órgano encargado de colaborar con el Ministro en las funciones que se le entregan en materia de infancia, tales como la de constituirse como Secretaría Técnica del nuevo “Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez”; coordinar el Subsistema “Chile Crece Contigo” y colaborar en la implementación de instrumentos de medición y seguimiento de las condiciones de vida de los niños y niñas.

- Dispone que el Comité Interministerial de Desarrollo Social pasará a denominarse “Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez” cuando le corresponda conocer de las materias relativas a la protección de la infancia, señalando sus funciones y estableciendo normas especiales de funcionamiento para estos casos.

Intervinieron los Senadores Rabindranath Quinteros, Carlos Montes, Ena Von Baer, Patricio Walker, Alejandro Navarro, Lily Pérez, Jaime Quintana, Juan Pablo Letelier, José García, Hernán Larraín, Francisco Chahuán y Antonio Horvath.

En consecuencia, continuar con la discusión del proyecto de ley, en la próxima sesión que celebre el Senado.

Quedó pendiente la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, que aumenta, respecto de los funcionarios municipales, el límite máximo de descuentos voluntarios por planilla en favor de cooperativas de las cuales sean socios. (Boletín Nº 11.199-03)

El proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Lily Pérez y Eugenio Tuma, tiene por objeto equiparar a los funcionarios municipales con el resto de los funcionarios públicos en relación al porcentaje máximo de descuento voluntario por planilla, en favor de cooperativas en las que éstos sean socios.

Contenido del proyecto de ley:

- Hace extensivo a funcionarios del sector municipal, el porcentaje límite para los descuentos voluntarios por planilla establecido en el sector público, incrementándolo desde un 15% a un 25%, cuando estos descuentos adicionales, sean a favor de cooperativas en las que el funcionario sea socio.

Intervino el senador Eugenio Tuma.

En consecuencia, procede continuar con el estudio del proyecto de ley, en la próxima sesión que celebre el Senado.

El SENADOR ALEJANDRO NAVARRO efectuó un extenso análisis respecto de la relación que existe entre la ocurrencia de incendios y el cambio climático. Al respecto recordó el mega incendio que afectó a las regiones de O’Higgins, el Maule y Biobío, el verano recién pasado, en el cual se quemaron más de 467.536 hectáreas de bosques, arrasando pueblos enteros, todo lo cual dejó al descubierto grandes falencias institucionales en materias de prevención, acción y control de estos siniestros. Enfatizó la posibilidad que estos fenómenos vuelvan a repetirse fruto del calentamiento global, por lo cual reiteró la importancia de adoptar medidas para impedir sus desastrosos efectos, entre lo cual destacó un proyecto de ley de su autoría que establece una franja de seguridad de 500 metros alrededor de las ciudades y poblados, y la necesidad de establecer un Ministerio de Gestión de Emergencias y Desastres, una institucionalidad que se preocupe de la administración de la prevención.