Somos los más interesados en generar una legislación que prevenga conflictos de interés

A esta Corporación y a los parlamentarios que la integran no les molesta el legítimo control ciudadano ni la exigencia de transparencia. Por el contrario, este Senado ha dado muestras más que concretas del compromiso con el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de probidad y transparencia. En todos estos temas se sigue avanzando y trabajando con profundo entusiasmo: ninguna de estas materias es eludida ni tienen poca adhesión de parte de los parlamentarios.

Por eso es muy importante que la legítima fiscalización o vigilancia que hagan la ciudadanía, otros órganos del Estado o la prensa, se haga con el afán de salvaguardar los principios consagrados en la Constitución y en los demás cuerpos legales que nos rigen. Ganar tribuna, rating o beneficio político-partidario no son, a nuestro juicio, objetivos deseables para la estabilidad y permanencia que la democracia requiere.

No compartimos el afán de desprestigiar instituciones con argumentos generalizados y sin los adecuados matices. En las próximas sesiones que se celebrarán en el Senado, comenzaremos el debate de más de 60 indicaciones propuestas por los parlamentarios al proyecto de ley sobre “Probidad en la función pública” y que está en segundo trámite en la Corporación. Esta iniciativa va a profundizar y homogeneizar las normas de trasparencia a todos los órganos del aparato Fiscal.

Somos los más interesados en generar una legislación que prevenga conflictos de interés y para que las comisiones de ética de la Cámara de Diputados y el Senado definan inequívocamente cuándo se genera un conflicto. No es fácil cuando hay espacios a la interpretación y es por eso que estamos decididos a poyar esta iniciativa para perfeccionar el sistema regulatorio. Esto no tiene vuelta atrás y se avanza. Lo que pasa es que la responsabilidad republicana nos impele a avanzar sin escándalos, sino que de manera seria y cuidando la estabilidad y prestigio de las instituciones democráticas.

Aceptamos las críticas y el control, pero es necesario resguardar las formas. Acá no se trata de cuidar únicamente la reputación de personas (que por supuesto también es relevante y legalmente deseado); lo que pasa es que por tratar de afectar la imagen de algún parlamentario o de la función política, de paso se daña la reputación de instituciones que son esenciales para el funcionamiento del Estado.

La democracia es buena para el país y que haya instituciones respetadas es esencial para la salud de esta democracia. Eso está por encima de todos los demás objetivos sectoriales que por muy legítimos que parezcan, no pueden darse el lujo de saltarse sus propias responsabilidades.