Un intento para invalidar el sistema político del país

La decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, en el sentido de elevar la asignación para gastos operacionales en dos millones de pesos, ha generado una polémica que ha ido mucho más allá de su sentido inicial, porque estos recursos pueden o no pueden ser utilizados  por los parlamentarios, ya que, como está informado, estos son entregados directamente a las sedes o personas que se contratan para tales efectos y, en consecuencia, no constituyen ni sueldo ni remuneración alguna para cada parlamentario.

Incluso, uno de ellos -lo dijo el senador Pedro Muñoz, de Magallanes- no siente necesidad de abrir nuevas sedes en su circunscripción y, en consecuencia, no hará utilización de ellos.

De modo que un debate sobre una decisión, que se puede compartir o no, de este Consejo, autónomo de esta Cámara del Congreso Nacional como es el Senado, ha sido empujado en una dirección completamente inesperada, cual es poner en tela de juicio la honorabilidad de una Cámara del Congreso Nacional y, en consecuencia, golpear directamente la legitimidad de esta institución.

Por lo tanto, de lo que estamos siendo testigos es de una ofensiva hacia el sistema político democrático propiamente tal, porque bien sabemos que no es posible que funcione la democracia sin Parlamento.

Es de la esencia del régimen democrático la existencia del Congreso Nacional, ya que en él, periódicamente, se representan las diferentes corrientes de pensamiento que existen en el país y, por ello, cumple una función irremplazable.

Deslegitimar y reducir prácticamente a cero la legitimidad del Senado de la República es, en consecuencia, una manera de debilitar severamente la propia gobernabilidad democrática del país.

Esto no significa una defensa de las personas. Estas pueden ser cambiadas por otras. De hecho, estamos en el mes de abril y la próxima elección presidencial y parlamentaria es en el mes de noviembre del próximo año. Es decir, falta un año y medio para la renovación de las personas que constituyen esta institución, el Senado de la República.

De manera que un ataque como el que se ha desarrollado en el curso de los últimos días no tiene como propósito, desde mi punto de vista, cuestionar o no la decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Esto va más allá de la contingencia. Se ha generado una situación que se escapó completamente del sentido inicial del debate y hoy es un ataque que se está transformando en un esfuerzo, en un intento para invalidar el sistema político del país.

Me pregunto, entonces, a la luz de los efectos que algunos quieren generar en el país, ¿Cómo podría, en el curso del próximo tiempo, operar el sistema político con el grado de descalificación del que está siendo objeto? Francamente, esta pregunta no tiene respuesta.

Hay sectores que han estado profundamente descontentos con la democracia en el país, desde hace ya tiempo. Es cierto que no tenemos un sistema perfecto. Es cierto que éste, además, quedó cercenado en su sentido democrático por los enclaves autoritarios que dejó la dictadura. Pero, no por ello, se puede llegar a la descalificación de lo que significa la democracia como régimen de gobierno.

Entiendo que muchas personas hubiesen preferido que siguiera la dictadura y que no llegara la democracia a nuestro país. De alguna manera, el clima que se ha generado en el curso del último tiempo, me indica que aquellos que prefieren la dictadura son también parte del intento de anular el peso y la función que tienen en la vida democrática del país el Congreso Nacional y el Senado.

Desde este ángulo, lo que está en juego no es la corrección o incorrección de una decisión que tomó el Consejo Resolutivo para Asignaciones Parlamentarias. Lo que está en juego es si concurrimos con nuestro esfuerzo a fortalecer el sistema político democrático o, si ya cansados de este, apostamos a la emergencia de cualquier caudillismo, de cualquier populismo, de cualquier figura, sea civil o militar, que, en definitiva, pretenda alzarse con el control político del Estado de nuestro país.

Hemos llegado a un punto sumamente riesgoso de los acontecimientos en las últimas semanas. Por ello, los demócratas chilenos estamos en la obligación de mirar más allá de los hechos accidentales o puntuales y observar con seriedad lo que está ocurriendo; ya que esto no puede ser alentador para el fortalecimiento de la democracia, para su legitimidad como sistema de gobierno y, en consecuencia, para habilitarla con el propósito de dar solución a los temas pendientes que existen en nuestra sociedad.