Una meta exigente y elevada

Recientemente el Presidente de la República ha anunciado que espera alcanzar una meta de generación de electricidad de 20% al año 2020, recurriendo a energías renovables no convencionales. Esta situación se ve difícil de alcanzar y se han tomado una serie de medidas.

Lo que se pretende es cambiar tanto la temporalidad como la cantidad que estaban establecidas en la ley anterior que señalaba solo un 10% de energías renovables no convencionales al 2024.

El actual marco regulatorio, caracterizado por los principios de mercado y de neutralidad tecnológica, ha generado problemas económicos, sociales, ambientales y de seguridad de suministros, entre ellos: concentración de generación; escasa diversificación e inseguridad en el abastecimiento eléctrico; contaminación e incremento de emisiones de gases de efecto invernadero; inequidad social y regional en el abastecimiento; creciente dependencia de combustibles importados, y débil rol del Estado y los ciudadanos en las decisiones sobre el desarrollo energético.

El proyecto de ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, aumenta los porcentajes establecidos de generación y, adicionalmente, reduce los plazos. En efecto, se considera que difícilmente se alcanzará el porcentaje del 20% si, en definitiva, dicho objetivo no se traduce en una obligación legal. La idea del 20% de generación de energía renovables no convencionales para el año 2020 constituye una meta exigente y elevada.

La Comisión Nacional de Energía ha señalado que al 2008 habían instalados cuatro sistemas eléctricos que alcanzaban 13.137 megawatts, y que de esta capacidad el 96,3% corresponde a energías convencionales y solo el 3,4% a energías renovables. La asimetría es más que evidente.

Por ello, el proyecto no hace más que responder a la convicción de que para alcanzar el 20% es indispensable modificar desde ya la gradualidad que se ha contemplado, acelerando el ritmo de consecución de las metas para llegar a ese porcentaje.

Materializar el objetivo implicará inversiones significativas y el desarrollo de nuevas tecnologías que deberán ser instaladas en el país, o incluso concebidas a nivel nacional.

En otro orden de ideas, se busca incrementar decididamente el porcentaje de generación mediante energías renovables no convencionales, lo que supone transparentar los costos, de manera de considerar las externalidades reales. La insuficiencia de nuestra legislación no estimula ni favorece la concreción de proyectos de energías renovables no convencionales. Este es un aspecto que requiere una urgente agilización, sin que ello implique restar rigurosidad, exhaustividad y revisión crítica a los proyectos que se pretende desarrollar.

Parece razonable propender a la asociación público-privada, en aras de la formación de capital humano y material en relación con la investigación.

Con incentivos económicos y financieros bien estructurados se podrá obtener del sector privado una acción más vehemente y sistemática en la materia. No es posible continuar profundizando un modelo de generación que basa su expansión, fundamentalmente, en centrales a diésel y carbón, sobre todo porque en distintas Regiones ya hay diversas áreas geográficas del país saturadas o altamente contaminadas, sin olvidar que estamos sufriendo los efectos de un cambio climático que torna inexorable una crisis hídrica de grandes proporciones.

De allí, entonces, que sea más que oportuno pensar en la generación de energía recurriendo a fuentes renovables como el viento, el sol y el mar. La función del Estado es asegurar que se desarrollen distintos tipos de energía dándoles el impulso pertinente.

Quisiera advertir que en el Norte Grande la matriz de carbón alcanza al 80% y que en el Sistema Interconectado Central la matriz estaba compuesta por 73% de energía hidroeléctrica, mientras que hoy solo alcanza al 30%. En cambio, el carbón se ha duplicado en cinco años.