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Una reforma en pro de mayor inversión, crecimiento y empleo

Por José García Ruminot, senador por la región de la Araucanía

18 de julio de 2014

Imagen foto_00000019El proyecto de reforma tributaria es enteramente distinto al que recibimos de la Cámara de Diputados. El texto original establecía, en remplazo del FUT, un sistema de renta atribuida, el que presentaba enormes dudas de constitucionalidad; serios inconvenientes de aplicación práctica; dificultades para el reconocimiento de créditos tributarios en los tratados internacionales que evitan la doble tributación y, peor aún, terminaba con todo estímulo al ahorro de las empresas.

 

Chile necesita más ahorro, no menos. Nuestra tasa de ahorro nacional para este año está estimada por el Banco Central entre un 19 y un 20%. La mitad del cual lo hacen las empresas. Lo razonable es fortalecer el ahorro, no debilitarlo.

 

Todos los especialistas que expusieron ante la Comisión de Hacienda, sobre esta reforma tributaria, nos entregaron un mensaje claro y fuerte: cuidemos el ahorro, la inversión, el crecimiento y el empleo. Esa es la forma concreta como los países construyen su mayor progreso económico y su mayor progreso social. Todo ello fue conocido por los senadores que integramos la Comisión de Hacienda y, poco a poco, nos fuimos formando la convicción, todos, que era necesario incorporar a este proyecto un incentivo al ahorro de las empresas.

 

La norma en su idea de legislar cuenta, a partir de dicho protocolo, con un sistema alternativo a la renta atribuida que premia el ahorro de las empresas, distinguiendo entre utilidades retiradas y utilidades reinvertidas, aplicando una menor carga tributaria a estas últimas.

 

El sistema de renta atribuida, por lo tanto, quedará con el carácter de voluntario. Se elimina, obviamente, el 10% de retención que la acompañaba, y que solo ocasionaba grandes problemas de caja a las empresas, y un beneficio solo transitorio y, más aparente que real, para el Fisco.

 

Las PYME se sentían amenazadas por las modificaciones propuestas; las limitaciones para incorporarse al sistema de renta presunta; la derogación de los regímenes especiales del 14 bis y 14 quater de la Ley de Impuestos a la Renta; no lograban ser compensadas por el 14 ter ampliado que proponía el Ejecutivo.

 

Una vez más, la coincidencia de los cinco senadores de la Comisión, con el concurso del Ministro de Hacienda y la participación activa y diligente de sus dirigentes encabezada por Juan Pablo Swett, permitieron que construyéramos incentivos tributarios muy decisivos para este importante sector de nuestra economía, y que se reconociera que son pymes, también para efectos tributarios, las empresas con ventas de hasta 100 mil UF al año.

 

Tengo convicción de que apoyando clara y decididamente a las pymes fortalecemos a los amplios sectores medios de nuestra ciudadanía; estimulamos el crecimiento, tan necesario para crear más y mejores empleos. Las pymes además tienen la virtud de estar repartidas a lo largo y ancho de nuestro país; son factor de unidad e integración, también de soberanía. Por ello, darles un tratamiento tributario especial constituye un imperativo nacional, tal como lo hacen muchos otros países del mundo.

 

También nuestra preocupación estuvo puesta en la protección del patrimonio familiar, constituido básicamente por la vivienda y el ahorro personal y familiar, que tradicionalmente se ha materializado en la compra de bienes raíces. Éste se veía seriamente afectado por diversas disposiciones del proyecto original: aplicación del IVA a todas las viviendas nuevas y a las usadas, cuando existía habitualidad en las operaciones de venta, lo que significaba que la casa propia, aspiración sentida de toda la familia, en lugar de facilitarse, se dificultaba; la disminución del crédito especial del IVA a la construcción; la aplicación del impuesto a la renta en las ganancias de capital en la venta de bienes raíces fueron todas materias de nuestra ocupación.

 

En cada una de ellas hemos logrado, una vez más, por acuerdo de los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda, aminorar sus efectos. No eliminarlos, como hubiésemos deseado, pero sí mitigarlos sustantivamente.

 

El crédito especial del IVA a la construcción permanecerá inalterable para construcciones de hasta 2.000 UF. El impuesto a la renta en las ganancias de capital en la venta de bienes raíces queda con una exención por contribuyente, de por vida, de 8.000 UF, independiente del número de propiedades que venda. El IVA no se aplicará a las viviendas que forman parte de los programas habitacionales para grupos vulnerables, emergentes y de clase media del Ministerio de Vivienda.

 

Las nuevas facultades y atribuciones que el proyecto original otorgaba al Servicio de Impuestos Internos (SII) han sido, a nuestro juicio, debidamente compensadas con el legítimo derecho a defensa que tiene todo contribuyente. En lo pertinente, estas tareas son entregadas a los tribunales tributarios a partir del Protocolo de Acuerdo, impidiendo que el SII vuelva a ser juez y parte, como lo era hasta hace algunos años atrás.

 

Aspiramos que la letra y el espíritu del Protocolo de Acuerdo se reflejen fielmente en las indicaciones que tendrán que materializarlo. Esperamos que la incertidumbre que acompaña a toda reforma tributaria, pero particularmente a ésta, tan profunda y ambiciosa, se disipen, y que la capacidad creadora de nuestras empresas se refleje en mayor inversión, mayor crecimiento y más empleo. En dos palabras, mayor progreso, y que este llegue a todos los rincones de nuestra patria y a todos nuestros compatriotas.

                              

 

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