Una regulación necesaria

La instalación de antenas de telecomunicaciones o de telefonía es uno de los temas que más debate produce en los distintos barrios, localidades o en las organizaciones sociales en las cuales nos movemos en cada una de las jornadas que hacemos en nuestras circunscripciones.

Y es curioso porque en algunas partes nos reclaman por la instalación de las antenas celulares y en otras partes nos piden que instalemos antenas celulares.

En las zonas rurales la gente forma comités pro-antena. Arman trabajos comunitarios, juntan recursos, ceden terrenos, trabajan con los municipios para lograr construir caminos, tendidos eléctricos para llegar a los cerros que, a su vez, son cedidos por particulares o por comuneros, para poder instalar las famosas antenas. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es conectividad, necesitan la telefonía, Internet y estar en contacto con el resto del país y del mundo.

A la inversa, en las zonas urbanas, nos encontramos con casos donde la comunidad organizada y de manera masiva, muchas veces, repudia y reclama por la existencia de estas torres o de estas antenas que han sido instaladas de una manera bastante arbitraria, irruptiva, generando problemas serios en las comunidades donde se instalan.

Eso lleva, lógicamente, a que se genere un reclamo y una molestia generalizada en la población y nosotros somos objeto de esa molestia cuando nos dicen: ¿Cómo es posible que no exista regulación? ¿Cómo es posible que no existan normas que obliguen a la instalación de antenas en determinados sectores o bajo ciertas condiciones? ¿Cómo es posible que los municipios no tengan nada que decir en esta materia? ¿Cómo es posible que los alcaldes o los concejales no se involucren y cuando lo hacen no tienen ningún instrumento a través del cual poder ejercer una influencia para que la instalación de las antenas no contaminen, no compliquen el medio ambiente, no afeen barrios o zonas arquitectónicas?

Por eso que el primer objetivo de este proyecto es regular el funcionamiento y la instalación de las antenas a lo largo y ancho de Chile.

Lo segundo es que establece una serie de requisitos y obligaciones que hasta hoy no existen y que van a obligar a que las empresas operadoras de los distintos servicios, fundamentalmente de telefonía o de servicios de Internet, entiendan que ellos mismos tienen que generar un proceso de la instalación de antenas participativo. Que las antenas no sean propiedad de los operadores que tienen que instalarlas para tener una cobertura y ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, sino que pueda existir autonomía en los operadores de antenas, como existe en otros países que, a su vez, permitan que con estructuras únicas puedan conectarse todos los que quieran operar un determinado servicio.

Ese es uno de los problemas más graves que tenemos, y es una de las situaciones que provoca conflicto de intereses entre las distintas empresas operadoras. La idea es generar una situación nueva que permita reducir o, al menos, controlar la instalación del número de antenas que hoy día existen en el país y que están proyectadas.

Por último, el tema de la retroactividad es un problema que tenemos que definir en el detalle en particular. Se ha planteado un plazo de 36 meses y me parece que es demasiado. Si queremos realmente ser efectivos tendríamos que acotar ese plazo.

Estamos tratando de buscar una fórmula intermedia que permita exigir una cierta retroactividad con una transición, en que las operadoras que actualmente tienen las antenas tengan un plazo para el cual se puedan adecuar a la actual legislación y normas, y si no lo hacen, van a tener bajar sus antenas y establecerlas de acuerdo a la legislación actual.