Universidades Estatales y Crédito con Aval del Estado
Por José García Ruminot, senador por la región de La Araucanía
20 de enero de 2017
El CAE fue creado el año 2005, para ofrecer una alternativa de financiamiento a los estudiantes que ingresaran a entidades de Educación Superior no pertenecientes al CRUCH, con una tasa de UF 6%. Durante la administración de Sebastián Piñera, la tasa se redujo a UF 2% (igual a la del Fondo Solidario de Crédito Universitario) y se limitó el pagó al 10% del ingreso de los egresados, así como se fijó el máximo en 180 mensualidades.
Esta semana los rectores de las universidades estatales han publicado un video en el cual culpan al Crédito con Aval de Estado (CAE) de “mercantilizar la educación y masificar las instituciones privadas poco selectivas y de mala calidad”. Las universidades estatales consideran que el CAE es desperdicio de recursos públicos, ya que estos podrían ser utilizados en expandir la gratuidad dentro de las casas de estudio que representan.
La descalificación hacia las universidades públicas no estatales y privadas se ilustra mediante la aparición de callampas que se alimentan del CAE, y para profundizar la descalificación, se señala que algunas de estas tienen una tasa de deserción de hasta el 50% en el primer año de carrera.
Es inconcebible que un video elaborado por los rectores de universidades, que se están apropiando del concepto de calidad, incurra en simplificaciones tan burdas. Más aún si consideramos que de las 15 universidades con menor deserción, solamente 5 son estatales.
Desde la creación del CAE, este mecanismo ha financiado los estudios de 800 mil jóvenes, de los cuales un 40% pertenecía al quintil más vulnerable, y un 80% se encontraba dentro de los tres quintiles de menores recursos.
La evidencia muestra que la calidad de los establecimientos de Educación Superior no depende de si son estatales, públicos no estatales o privados. Sea cual sea el tipo de la institución, la política de financiamiento debe depender de las condiciones socioeconómicas de cada estudiante, respetando así el principio de Igualdad ante la Ley, tal como lo ratificó el TC en 2015.