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Fondo de Infraestructura: en noviembre esperan iniciar votación de la iniciativa

La Comisión de Obras Públicas ha realizado una serie de audiencias para conocer la opinión de diversas organizaciones sobre la iniciativa que anunció la Presidenta en la última cuenta presidencial.

20 de octubre de 2016

Imagen foto_00000016En noviembre, la Comisión de Obras Públicas del Senado espera iniciar la votación del proyecto, en primer trámite, que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A. Así lo adelantó el presidente de esa instancia legislativa, senador Alfonso De Urresti, tras señalar que la comisión ha estado realizando audiencias con distintas entidades para conocer sus opiniones sobre la iniciativa.

 

De hecho, en la última sesión la comisión recibió al secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz; y a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, entre ellos, Rodrigo Galilea; Cristián Herrera; Carlos Piaggio y Clemente Pérez.

 

"Estamos escuchando a distintos actores, concesionarias, distintas agrupaciones del mundo financiero y de las OO.PP para poder tener el mayor consenso en relación a esta iniciativa en que hay un amplio acuerdo para impulsar este Fondo de Infraestructura y poder garantizar y colaborar para mayores inversiones públicas en nuestro país, necesitamos avanzar en carteras a lo largo y ancho del país para tener mayores obras y tener esta empresa que se quiere constituir precisamente para colaborar", dijo el senador de Urresti.

 

Asimismo, dijo que "es importante tener opiniones, documentos, informaciones especialmente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos planteaba cual es la cartera que ellos disponen a nivel nacional, cual es la curva de obras que se han hecho a nivel de concesiones donde hoy día tenemos un valle desde el punto de vista que ha bajado, se mantiene estable sobre los 600 o 700 millones de dólares pero hay que buscar iniciativas".

 

EL PROYECTO

En primer término, el proyecto autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento o inversión referidas a proyectos de infraestructura, incluida aquella necesaria para el desarrollo de transporte público, y/o la prestación de servicios anexos a los mismos, a través de una sociedad anónima, que constituirán el Fisco (99%) y la Corporación de Fomento de la Producción (1%).

 

El Fondo de Infraestructura S.A. se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas, y quedará sometida a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Contraloría General de la República. En consecuencia, el Fondo deberá ser una empresa solvente y con rentabilidad privada positiva.

 

Para poder llevar a cabo su objeto, el Fondo podrá, siempre a través de terceros, construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o desarrollar proyectos de infraestructura sobre bienes cuya administración sea de su competencia. Asimismo, se le autoriza para que, directamente o a través de terceros, pueda financiar o invertir en los referidos proyectos.

 

Se faculta al Fondo para que, en el desarrollo de su objeto, realice gastos e inversiones en proyectos; emita instrumentos financieros de deuda y garantía; constituya sociedades anónimas filiales o coligadas; y suscriba los contratos necesarios para ello.

 

El proyecto establece que la administración del Fondo la  ejercerá un Directorio que estará compuesto por cinco miembros, dos de los cuales serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Obras Públicas, y los tres restantes serán nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta, para cada cargo, por el Consejo de Alta Dirección Pública por el voto favorable de los cuatro quintos de sus miembros.

 

El Fondo se regirá por las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas, quedando sometido a la fiscalización de la Superintendencia Valores y Seguros. Lo anterior, sin perjuicio del rol que cabe a la Contraloría General de la República en materia de fiscalización del uso de los recursos públicos.

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