Acceso a la información en los Congresos: la obligación de dar cuenta pública

Las demandas de información  y el acceso a la misma en los Congresos fueron los temas de reflexión durante la Mesa de Trabajo respectiva, en el marco del Seminario Internacional sobre Probidad y Transparencia en los Parlamentos y en los Partidos Políticos organizado por la Comisión de Ética y Transparencia.

En la oportunidad participaron los panelistas:  Alejandro Ferreiro, Presidente Consejo para la Transparencia, Chile; Alvaro Caviedes, de la Asociación Nacional de Prensa, Chile; Manuel Arís, encargado del Proyecto Vota Inteligente, Fundación Ciudadano Inteligente, Chile y Heather Brooke, periodista independiente (Reino Unido). (Vea la galería fotográfica)

En tanto, la diputada Andrea Molina actuó como moderadora del panel y destacó la necesidad de legislar y precisar los deberes de información que rigen sobre los parlamentarios, ya que muchas veces, los parámetros no son claros y eso lleva a distintas interpretaciones.

Asimismo explicó que hay que hacer esfuerzos por informar más sobre las labores de los parlamentarios tanto a nivel legislativo como en sus distritos.

Alejandro Ferreiro expuso la visión del Consejo para la Transparencia, en el sentido que estos temas no deben quedar circunscritos a la autorregulación de los poderes del Estado, bajo "un mal entendido prestigio corporativo".  Recalcó que la transparencia debe ser incluso "incómoda". "Es como los abdominales si no duelen no sirve el ejercicio".

A su juicio el debate sobre la Ley respectiva que se zanjó el 2008 "ha sacrificado los alcances deseados de la misma". No obstante, reconoció los avances que ha tenido el Congreso en estos ámbitos los últimos años y dijo que respecto a los Partidos Políticos se debe avanzar decididamente respecto a los principios vigentes.

Por su parte, Manuel Caviedes dio a conocer estudios comparativos de varias encuestas de percepción aplicadas a más de 400 periodistas sobre el acceso a la información pública, antes y después de la Ley de Transparencia y que miden disposición, confiabilidad y oportunidad para entregar información.

Precisó que la percepción general de acceso a la información ha ido mejorando en los últimos años, pero descendió abruptamente en 2011. No obstante, se mostró proclive a pensar que dicha percepción debiera repuntar en los próximos años.
En cuanto al análisis de la Cámara y el Senado, los estudios revelan que "son de alto contacto pero con información baja".

A su turno Manuel Arís dio a conocer la experiencia como usuario de la información de Cámara y Senado y reconoció los avances en transparencia  en los últimos años. No obstante, señaló que existen algunos desafíos y oportunidades en el uso intensivo de las tecnologías de internet", como por ejemplo que las respectivas páginas web del Congreso tienen distintos estándares y oportunidades de publicación.

En materia institucional afirmó que las Comisiones de Ética y Transparencia podrían fortalecer sus facultades y formas de funcionamiento porque en la actualidad se observa una dificultad en cuanto a que debe juzgar a sus pares y no tiene claridad sobre cómo debe coordinarse con otras instancias que analizan proyectos relativos a la transparencia. Además existe un problema práctico porque "no está claro el procedimiento para el ciudadano solicite información a dichas comisiones", dijo.

Finalmente, la periodista Heather Brooke dio a conocer su experiencia en la investigación que detonó el escándalo de las asignaciones parlamentarias en el Parlamento británico. Precisó que su primera impresión fue cierta "arrogancia" con que se manejaba información sobre el manejo de los recursos públicos y el uso del argumento de la vida privada de las personas por sobre el acceso a dichos datos.

Incluso dio a conocer que el procedimiento vigente en el Parlamento británico hasta hace pocos años se basaba en "la buena fe" y la presunción de que las solicitudes de los parlamentarios era bajo su palabra de caballeros. Asimismo se consideraba que la transparencia era "perjudicial".

Comentó que tuvo que recurrir a un abogado y elevar la petición de información al máximo tribunal del Reino Unido, bajo una fuerte polémica. Allí la Corte Suprema emitió un fallo favorable para obligar a la divulgación de la forma en que los parlamentarios ingleses gastaban dineros públicos, con lo cual quedó al descubierto que, en varios casos, se usaban para fines personales.