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  Nuevo llamado a paralización genera discrepancias entre senadores

  Mientras los senadores de la Concertación adhirieron y respaldaron el derecho a manifestarse en forma pacífica, sus pares de la Alianza precisaron que ¿no se puede dejar llevar al país por posturas tan extremas ya que se trata de problemas que tienen su origen en gobiernos anteriores¿.

22 de agosto de 2011

La convocatoria a paro por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sociales, para el próximo 24 y 25 de agosto generó diversas opiniones entre senadores.

 

El senador Ignacio Walker manifestó que "compartimos y hacemos nuestras las principales demandas y aspiraciones de este movimiento social - reforma constitucional, reforma laboral, reforma educacional, reforma tributaria- la sustancia de este convocatoria está en temas que interpretan el sentir de una amplia mayoría de chilenos y el derecho a manifestarse en forma pacífica". Asimismo instó al gobierno a escuchar la demanda social y garantizar el ejercicio de este derecho.

 

Por su parte, el senador Hernán Larraín, calificó el respaldo de sus pares a la movilización como "un acto impúdico porque estuvieron 20 años gobernando y los problemas por los cuales hoy día reclaman muchos fueron causados por ellos. No pueden ser juez y parte. Ellos fueron responsables del Estado que tiene Chile hoy día en el ámbito político, económico y social, y no pueden ahora salir a protestar de aquello que fueron responsables". Señaló que "las expresiones públicas de los estudiantes y trabajadores son siempre legítimas, pero no hay derecho a dejar a la gente sin atención de salud, sin transporte o sin su vida cotidiana".

 

A su turno, el senador Camilo Escalona, rechazó "las amenazas contra los trabajadores proferidas por los ministros de Hacienda y de Trabajo, porque es apagar el incendio con bencina". Agregó que "el gobierno no toma conciencia del conflicto social que se ha generado en Chile por un conjunto de factores, algunos que vienen antes de asumir este gobierno y otros que son propios de este gobierno". Expresó que "en el caso de la Región de Los Lagos esto dice relación con la indiferencia e insensibilidad social para tratar el tema de la cesantía, para no realizar las inversiones públicas, que permitan aliviar la situación de miles de familias que no tiene un trabajo estable, para pensar que únicamente la recuperación de la industria salmonera iba a resolver los problemas del desarrollo de la región".

 

El senador juan Antonio Coloma, acusó que éste es "un paro que ha convocado, básicamente el Partido Comunista y la CUT y que lamentablemente ha tenido el apoyo de dirigentes de la Concertación, que se han visto, cada vez más tironeados hacia la izquierda. Este es un paro que quiere cambiar la Constitución y todas las leyes de nuestro país y, en tal sentido, queremos hacer especialmente responsable a quienes han convocado a este paro ilegal, a asumir que millones de chilenos, que quieren una vida normal, van a sufrir las consecuencias de este llamado irresponsable".

 

A su turno, los senadores Jorge Pizarro y Ximena Rincón respaldaron la movilización pacífica de los trabajadores y de todas las familias chilenas convocadas para el 24 y 25 de agosto porque creemos y queremos un Chile más igualitario". Agregó que "es hora que el Presidente de la República esté a la altura de su investidura y que termine con las descalificaciones y la estrategia de polarización,  porque hasta ahora no dice nada sobre cómo se va a encarar el problema educacional. Lo que más hace es estigmatizar a quienes participan en las manifestaciones".

 

Por su parte, el senador Víctor Pérez Varela explicó que la decisión de los partidos de la Concertación "se pone al borde de la institucionalidad y le hace un daño al país". Puntualizó que "la oposición no ha estado a la altura del momento que vive el país. Este llamado a sumarse al paro nacional no es más que oportunismo político que busca desestabilizar al gobierno", afirmó. Asimismo consideró que el paro de la CUT "tiene un móvil claramente político" y "se pone en riesgo a los más vulnerables del país".  Advirtió que "esto será sancionado por la gran mayoría de los chilenos que quiere avanzar en la solución a los problemas que enfrentamos".

 

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