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  Piden ampliar hasta el 2030 el plazo de vigencia de las leyes que amparan los casinos municipales

  Los senadores aprobaron un proyecto de acuerdo en el que solicitan al Presidente de la República que envíe una iniciativa legal en esa línea.

17 de enero de 2012

Con 12 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención la Sala del Senado acordó solicitarle al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que amplíe hasta el año 2030 el plazo máximo de vigencia de las leyes que amparan el establecimiento de los casinos municipales.

 

Ello tras aprobar un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Carlos Bianchi, Lily Pérez, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath y Pedro Muñoz.

 

Cabe recordar que la ley 19.995, promulgada el año 2005, y que legisló sobre normas para el establecimiento y operación de casinos privados estableció que el año 2015 se derogará las leyes que amparan el establecimiento de los casinos municipales.

 

Según señalan los autores del proyecto de acuerdo, dicha disposición transitoria ha sido interpretada por la Superintendencia de Casinos de Juego en el sentido de que, a partir de esa fecha caduca el derecho de esos municipios a tener casinos, por lo que las licencias podrán ser otorgadas a particulares.

 

Agregan que "esta interpretación significaría para una ciudad como Viña del Mar, por ejemplo, que de cada $100 pesos que ingresan al casino, y de los cuales $50 pesos los percibe hoy como dueña del mismo, luego del año 2015 sólo podría aspirar a recibir $8 pesos -equivalente a la mitad del impuesto específico- los otros $8 pesos de impuesto específico irían al Gobierno Regional".

 

Agregan que "con esta medida se produce, entonces, un caso de privatización regresivo, en que se toman recursos municipales afectando a finalidades públicas esenciales, para entregarlas gratuitamente a un particular que se quedaría con, al menos, $34 pesos de cada $100 que se ingresa a un casino como el de Viña del Mar".

 

Los senadores agregan que los que se verán perjudicadas serán las ciudades de Iquique, Viña del Mar, Coquimbo y Puerto Natales, entre otras, que "debido a esta norma transitoria perderán, sin duda, su reconocido protagonismo turísticos y más grave aún que eso, la importante función de proveer servicios sociales municipales perderá un importantísimo apoyo, que de seguro afectará de manera importante a la población de menores ingresos".

 

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