Reformas al sistema de fondos de pensiones motivarán la constitución de una Comisión especial del Senado

Por 18 votos a favor y 6 en contra, el Senado acordó constituir una Comisión Especial para el estudio de reformas al sistema de administradoras de fondos de pensiones, tras aprobar un proyecto de acuerdo en tal sentido, impulsado por los senadores Eugenio Tuma, Soledad Alvear, Lily Pérez San Martín, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz- Tagle, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag y Andrés Zaldívar.

La idea es "ampliar la cobertura, aumentar la competencia del sistema, resguardar los fondos de los trabajadores y evaluar la creación de un sistema mixto y universal para los trabajadores que no obtendrán pensiones dignas a través del sistema privado y cuyas jubilaciones serán de cargo del Estado".

La iniciativa se fundamenta en que este sistema de AFP de capitalización individual "cumple tres décadas desde su creación y evidencia importantes falencias estructurales, de gestión y cobertura que es preciso abordar, considerando la necesidad de proteger a los sectores sociales que no estarán cubiertos por el sistema privado y por el esfuerzo que demandará para el Estado garantizar pensiones dignas a los trabajadores que están en el sistema privado y aun así no alcanzarán una pensión digna para su período de vejez".

A esto se agrega los riesgos de baja rentabilidad y retornos de dichos fondos, motivados por las turbulencias económicas. "En la crisis del 2008 todos los sistemas de capitalización individual de América Latina registraron fuertes pérdidas las que superaron los US$45,5 mil millones, cercano al 20% de los fondos. Los países más afectados fueron los que colocaron las cotizaciones en instrumentos de renta variable".

Los impulsores del proyecto de acuerdo señalaron que "el sistema privado de pensiones no constituye un sistema de seguridad social según los parámetros establecidos por organismos internacionales como la OIT que exigen el cumplimiento de principios mínimos como solidaridad, riesgos compartidos y financiamiento colectivo".

Por el contrario, dijeron "el sistema privado de AFP presenta una baja cobertura, garantiza utilidades y comisiones a las empresas a todo evento, dejando el riesgo de la gestión financiera en los cotizantes, asegurando la rentabilidad de la industria en un mercado altamente concentrado".

Agregaron que "ofrece una baja cobertura, no estimula el ingreso del sector independiente, presenta una baja cotización de los trabajadores autónomos y no garantiza una jubilación digna a la gran mayoría de los trabajadores que cuentan con trabajos precarios".

Puntualizaron que "sólo el 30% de la fuerza laboral accede a un empleo con contrato de trabajo y estable, en el sector público un 45% de los trabajadores está adscrito bajo la  modalidad de contrata u honorarios. Un gran porcentaje de la población no alcanza los 20 años de aportes y sólo el 10% de los cotizantes efectúan su ahorro previsional todos los meses que exige la ley. El promedio de cotización previsional de los trabajadores en Chile es de 6 meses".

En ese sentido "este escenario de baja cobertura compromete la promesa del sistema de cotización individual de que el Estado no debería financiar el sistema de jubilaciones y que la cotización previsional permitiría mejorar las pensiones de los trabajadores".

Aseveraron que "luego de tres décadas el Estado actualmente debe destinar el 6 por ciento del PBI para financiar las pensiones, que representa un tercio del gasto público total.  El Estado se debe hacer cargo de 1,5 millones de pensionados, esta cifra ascenderá a 3,5 millones que deberá financiar toda la sociedad. Luego de tres décadas el sistema de pensiones cubre sólo el 5% de los adultos mayores. Se ha debido realizar una reforma previsional para ampliar la cobertura básica puesto que se calcula que más de tres millones de personas no podrán solventar sus ingresos de jubilación a través de las AFP".

A lo anterior, "se suma el esfuerzo fiscal que el Estado debe realizar para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere un presupuesto anual de 877 mil millones de pesos, del cual un 83,8% se destina mensualmente a pagar las pensiones de 104 mil pensionados. De éstas, el 66% corresponden a retiro y el 34% restante a montepíos".

Por otro lado, "diversos estudios dan cuenta de alto grado de concentración y falta de competencia que presenta el sistema de AFP. El número de AFP que operan en Chile se redujo de 22 a mediados de la década de 1990 a 5 en 2008. En marzo de 2010, tres de las cinco empresas tenían el 87% de los afiliados a los fondos de pensiones, el 75% de los activos de los fondos de pensiones es administrado por sólo  3 instituciones y sólo dos de las seis AFP del sistema, Habitat y Provida, concentran el 54,6% de todos los activos del mercado".

Por estas razones, "la reforma al sistema de administración de fondos de pensiones privado es un debate que surge en todos los países de América Latina donde se ha implementado", dijeron.

EMPLEADOS PÚBLICOS

Asimismo el Senado respaldó por 17 votos a favor y 5 abstenciones,  el proyecto de acuerdo que solicita al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley con trámite de suma urgencia, que permita a estos trabajadores optar entre volver al sistema en que se encuentran los trabajadores beneficiados con la Ley 19.200 o mantenerse en el actual sistema de AFP.

Asimismo el texto legal apunta a prorrogar a lo menos por cinco años, las normas legales existentes para promover las desvinculaciones y para esperar un mejor momento para jubilar, permitiendo que todos los trabajadores públicos que están en condiciones de jubilar puedan postergar su retiro y mantener el derecho a los bonos especiales.

La iniciativa fue presentada por los senadores Mariano Ruiz-Esquide, Isabel Allende, Soledad Alvear, Lily Pérez, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz- Tagle, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier,  Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar .

Los parlamentarios señalaron que el proyecto de acuerdo responde a la petición y preocupación que han manifestado dirigentes de trabajadores del sector público, la Asociación de trabajadores por Daño Previsional y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Previsionales de AFP y otras entidades afines.

Explicaron que se fundamenta en  que "la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y establece el derecho a la seguridad social y que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.