Tras dos sesiones especiales de análisis y votación Acusación contra Intendente Guevara no prosperó

Los fundamentos jurídicos de la infracción constitucional y un amplio debate sobre la responsabilidad política de la figura del Intendente en el ámbito del orden público y las garantías fundamentales, fueron los ejes que marcaron la discusión y votación en Sala de la acusación constitucional contra el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara.

Tras dos jornadas, donde los parlamentarios escucharon los argumentos de la Comisión de Diputados que formalizó la acusación y de los abogados de la defensa (Revise nota relacionada), la Sala procedió a someter a votación el capítulo del libelo que requería de la mayoría de los senadores en ejercicio para ser aprobado, es decir, 22 votos.  

El resultado fue 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones , con lo cual la acusación constitución en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara Stephens, no prosperó y de acuerdo al artículo 52 de LOC del Congreso y  el artículo 197 del Reglamento, se enviaron los oficios correspondientes para notificar al intendente Guevara -quien se encontraba suspendido del cargo-  del resultado que lo habilitará en sus funciones.

En la sesión hicieron uso de la palabra los senadores Manuel José Ossandón, Alejandro Guillier, Iván Moreira, Carlos Bianchi, David Sandoval, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Carlos Montes, Rodrigo Galilea, Juan Castro, Yasna Provoste, Luz Ebensperger, Adriana Muñoz, José Miguel Durana, Felipe Kast, Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro, Carmen Gloria Aravena, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Francisco Huenchumilla, Kenneth Pugh, Jorge Pizarro, Isabel Allende, Carolina Goic, Jacqueline Van Rysselberghe, Alfonso De Urresti, Víctor Pérez y Rafael Prohens.

El senador Ossandón señaló que sólo 14 de las 74 páginas de la acusación constitucional se refieren a la acusación propiamente tal y "ninguna acompaña evidencia seria y directa de lo que se le acusa. Esta acusación debe ser declarada inadmisible…el único modo que tiene el Congreso de recuperar el prestigio es abocarnos a las tareas sociales".

En tanto, el senador Guillier señaló que existe un contexto histórico donde hay "un cuadro masivo de violaciones a los derechos humanos… El intendente responde a un mandato del Presidente de la República y a un diseño de guerra contra un enemigo poderoso. Todos sabemos que esto no resiste… el gobierno se acabó"

Una opinión distinta manifestó el senador Moreira, quien aseguró que "el gobierno no se ha acabado. Voy a votar en contra porque tengo la convicción de inocencia del intendente Guevara… Gracias por haber tenido los pantalones para asumir con responsabilidad y no lavarse las manos para asumir el orden público".

A su turno, el senador Bianchi señaló que todo funcionario público debe velar por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y "el acusado aportó a generar un riesgo ilícito…ya que era previsible que con el copamiento preventivo se podía generar un enfrentamiento frontal entre varias personas".

El senador Sandoval señaló que la "acusación constitucional no tiene fundamento y estamos perdiendo el tiempo en algo que nuestra comunidad está lejos de querer. Rechazamos la violencia de cualquier forma. No a la violencia y sí a la construcción del dialogo. Esa es la prioridad de nuestra comunidad".

Luego el senador Chahuán enfatizó que “el intendente hizo cumplir la ley (tomar medidas para garantizar el orden público) y se le está acusando por eso”, A su vez advirtió que con este criterio errado, habrá un desfile de intendentes acusados por lo mismo.

Por su parte el senador Latorre calificó autoritaria la estrategia de copamiento que impuso el intendente Guevara. Aseguró que “esta decisión generó la violación de los derechos humanos por parte de Carabineros constatadas por organismos internacionales”.

“Una injusticia a una persona juega en contra de toda la comunidad”. Con esa frase comenzó su intervención el senador Coloma manifestando que “si se aprueba esta acusación ataremos las manos de las autoridades que deben hacer cumplir la ley”.

El senador Quintana reconoció que la acusación tiene fuertes deficiencias, porque se habla que se vulneró el derecho a expresión y a reunión. “Sin embargo, desde el 18 de octubre estamos en un contexto distinto. No tenemos otra herramienta de hacerle ver el Gobierno que su estrategia de orden público no ha funcionado”, expresó.

A su vez, el senador Montes dijo no sentirse convencido por los acusadores ni por la defensa. “Creo que esto es un juicio político con frágiles argumentos jurídicos. Votaré a favor porque esto se trata de la crisis y la responsabilidad de las autoridades”, declaró.

El senador Galilea lamentó que muchas de las argumentaciones “se justifiquen con situaciones de contexto” y aclaró que a su juicio “no hay situación legal plausible”. “Aquí básicamente se trata de establecer una construcción entre libertad expresión y derecho de reunión que daría paso a una protesta social”.

En la misma línea, el senador Castro consideró que los argumentos de la acusación eran “básicos” y “se refieren en su gran mayoría a acciones que no son de responsabilidad  del Intendente”. Incluso recordó que “los hechos más violentos se han producido mientras el Intendente Guevara estaba suspendido de su cargo”.

E la otra vereda la senadora Provoste se preguntó “en qué se funda la defensa para negar la realidad que viven miles de chilenos. Nos dicen que la ocupación de Plaza no tuvo como propósito impedir que se protestara sino garantizar que ciudadanos que no protestaban pudieran ejercer sus labores”. “Es un absurdo argumento político para limitar las libertades públicas”

A su vez, la senadora Ebensperger recordó que “este es un juicio político y jurídico y eso significa que este análisis o juicio que hace el Senado debe fundarse en infracciones jurídicas previas”. Asimismo, precisó que “los derechos como el de reunión son fundamentales, como también los derechos de las personas que viven en el sector de Plaza Baquedano”.

La senadora Muñoz, realizó una reflexión más profunda tras las manifestaciones y preguntó “¿de qué se ha hecho cargo el gobierno y nosotros como clase política?. Se ha intentado hacer una agenda social que busca mejorar las pensiones, sin embargo, todas las medidas son a costo fiscal” y agregó que “las protestas continuarán porque no hemos sido capaces de dar respuesta a las profundas demandas de la ciudadanía”.

En tanto, el senador Durana señaló que los destrozos que se han registrado durante las manifestaciones "han generado graves daños no solo al entorno de la plaza Italia…los derechos humanos son para todos los chilenos y en especial para lo que están sufriendo y para su defensa las autoridades deben usar las herramientas que están a su alcance".

El senador Kast señaló que la acusación constitucional busca polarizar más el país, "sabiendo que el orden es un tema que tenemos que resolver… ojalá que esta acusación se rechace porque se quiere dar una señal que las instituciones no se pueden seguir erosionando. La invitación es que esa altura que hemos mostrado en la agenda social, la tengamos acá"

En tanto, el senador Elizalde manifestó que la protesta es una forma legítima de ejercicio de la ciudadanía y que "los ciudadanos tienen derecho a ocupar los lugares para protestar y la autoridad debe velar por eso". Agregó que "hay una responsabilidad político constitucional y el copamiento preventivo es una medida desproporcionada… las autoridades debe responder por sus acciones y omisiones".

A su turno, el senador García Huidobro dijo que  las manifestaciones que se han desarrollado desde el 18 de octubre "han generado la violación de derechos fundamentales de personas ajenas a las marchas…. corresponde que la autoridad haga uso de los recursos con los que cuenta para resguardar el orden público".

La senadora Aravena coincidió en que "basta observar  la destrucción de este barrio (cercano a la Plaza Baquedano) para ver que muchos días los vecinos se enfrentan a un caos...hay vacíos legales y definiciones poco claras…debemos legislar de acuerdo a nuestra actual realidad más que hacernos acusaciones a nosotros mismos"

El senador Letelier también apeló al contexto de la acusación: “la violación de los derechos humanos por parte de Carabineros, a partir de lo que el intendente Guevara hizo o dejó de hacer (…) El Gobierno es responsable de esta situación. Ha actuado de manera indolente poniéndose del lado de los victimarios”.

“Esta es la crónica de una acusación rechazada”. Así comenzó su intervención el senador Navarro argumentando que “el Presidente es el responsable del orden público más allá de la actitud de Guevara. La paz se puede mantener sin violar los derechos humanos pero este Gobierno no lo entiende”.

El senador Huenchumilla apeló a la rigurosidad que se debe tener para analizar la acusación basándose en la exposición de los diputados y el abogado defensor. “No estamos en presencia de actos jurídicos sino apreciaciones políticas. El intendente no tiene facultades tácticas sino estratégicas, por tanto está por sobre Carabineros”, dejó en claro.

Para el senador Pugh la acusación es un acto de hipocresía citando al abogado Jorge Correa Sutil. “El sistema político es el incompetente. El derecho a reunión no está definido, por tanto no se puede dar respuesta a distintos casos (…) Si la acusación es apoyada se fomenta la anarquía”, mencionó.

El senador Pizarro recordó el rol del Senado de ser jurado. “Tenemos una doble obligación: formarnos una convicción y entender que esto es de orden político (…) Lo básico es alcanzar una estabilidad para lograr un colchón económico y las personas se sientan seguras y dignas”, comentó anunciando su abstención.

La senadora Allende aludió al duro contexto social y de violaciones de derechos humanos de los últimos meses “cómo ignorar la rabia de la gente, cómo ignorar que la policía carece de capacidad y autoridad, cómo creen que se sienten las personas la ver los abusos cometidos”. Afirmó que “hubo soberbia del gobierno” y llamó al Intendente a “hacerse cargo de sus declaraciones”.

Por su parte, la senadora Goic coincidió respecto a la gravedad de la crisis social y las violaciones a los derechos humanos y señaló que “seguimos entrampados en una agenda de violencia y estamos dejando de lado una de reencuentro de los chilenos”. Agregó que “no me gusta un Chile donde salimos a la calle para ser funados” y llamó a que “cada uno haga su trabajo para salir adelante pues no podemos volver a la misma desigualdad o desesperanza”.

La senadora Van Rysselberghe reiteró que esta acusación “es débil y no tiene fortaleza jurídica porque no hay conducta dolosa o intencionada y al final del día solo queda el aspecto político”. “Hay una acusación constitucional y a tal punto están manoseadas que se usan como una coacción”. Llamó a “actuar con responsabilidad y coraje” y “no estar subyugados a las funas por una baja aprobación”.