Brazalete electrónico a un paso de ser debatido en Sala

Esta semana la Comisión de Constitución del Senado podría despachar a Sala el proyecto que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, entre las que se cuenta el uso del brazalete electrónico para aquellos condenados por delitos menores.

Así lo informó el integrante de esa instancia, senador Jaime Orpis, tras señalar que se ha hecho un estudio exhaustivo sobre el proyecto y que solo resta una revisión final para dejarlo en condiciones de ser debatido por el resto de los senadores.

"Espero que el proyecto sobre penas alternativas logremos despacharlo, estamos terminando de hacer una última revisión y es urgente hacerlo, teniendo presente y como lo he señalado en forma reiterada que en ese proyecto hay un gran tema pendiente que es el de los recursos para rehabilitación y reinserción social que no están contemplados", dijo el parlamentario.

Agregó que si bien se aumenta el número de delegados para hacerse cargo del cumplimiento de las medidas "un delegado sin recursos cumple funciones bastante limitadas. El delegado va a tener que implementar los trabajos en beneficio de la comunidad pero no sólo eso, sino que temas vinculados con la rehabilitación, particularmente de drogas porque existe una relación muy directa entre droga y delito".

Indicó que "se aumenta la cantidad de delegados, pero sin recursos, entonces quiero hacer esa salvedad que considerando que el proyecto constituye un avance importante, se concentra en el tema del brazalete y en otorgar penas alternativas, pero si esas penas alternativas a las privativas de libertad  no se agrega de manera fuerte e intensa el tema de la rehabilitación y reinserción social, vamos a seguir teniendo altos niveles de reincidencia en el país".

MUERTE PRESUNTA

Pero además de abocarse al estudio de dicha iniciativa, la Comisión de Constitución comenzará, este miércoles, con el debate del proyecto que modifica los plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte.

Al respecto, el senador Orpis manifestó que si bien la Comisión no ha conocido en detalle la iniciativa "si no tiene grado de dificultad, no debería tener problema (en aprobarse)".

Cabe recordar que el proyecto, en segundo trámite, fue enviado por el Ejecutivo tras la tragedia aérea de Juan Fernández, y busca simplificar el procedimiento para la declaración de muerte presunta en los casos en que las circunstancias de la desaparición llevan necesariamente a concluir que una persona ha fallecido.

Para ello, contempla una norma especial que permite que una vez que se tiene plena certeza de la muerte, se pueda producir la inscripción del fallecimiento, a pesar de no haberse hallado el cadáver o no haber sido posible su identificación.

Del mismo modo, se distinguirá con nitidez los casos en que corresponde declarar muerte presunta de aquellos en que la muerte cierta no puede ser acreditada por el examen físico de los restos.

Actualmente, las normas vigentes señalan que "se reputará perdida toda nave o aeronave que no apareciere a los seis meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Expirado este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la declaración e presunción de muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave. El juez fijará el día presuntivo de la muerte en conformidad al número que precede, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos". La iniciativa propone que dicho plazo se reduzca a tres meses.

Del mismo modo, la ley vigente señala que "después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones". En este caso, el proyecto propone disminuir el plazo a seis meses.