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  Comisión de Constitución despacha proyecto sobre penas alternativas y brazalete electrónico

  Ahora corresponde que la iniciativa sea conocida por la Comisión de Hacienda antes de ser votada por la Sala.

17 de enero de 2012

Después de 15 sesiones de intenso análisis y trabajo legislativo, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto, en segundo trámite, que establece medidas alternativas a las penas privativas de libertad y que regula el uso del brazalete electrónico, entre otras.

Así lo informaron los senadores Soledad Alvear y Hernán Larraín, presidenta e integrante de la citada instancia, respectivamente tras explicar que antes de que el proyecto sea votado en Sala, debe ser analizado por la Comisión de Hacienda en lo relativo a los recursos que irroga.

"Finalmente despachamos este proyecto que contempla penas alternativas a las privativas de libertad, hay un catálogo de las mismas que va desde trabajos en beneficio de la comunidad así como también la posibilidad de un brazalete electrónico, entre otras. Se establece además una mayor cantidad de delegados de libertad vigilada para dar cumplimiento a estas penas alternativas y seguirlas a fin de que tengan una adecuada forma de implementación", explicó la senadora Alvear.

No obstante, señaló que "me habría gustado que hubiésemos tenido un servicio especial diferente de Gendarmería que pudiese velar por el cumplimiento efectivo de estas penas alternativas, así como también las tareas de reinserción que son tan importantes. Lamentablemente el Ejecutivo no estuvo de acuerdo en crear ese servicio distinto a Gendarmería que es lo que existe en los distintos países del mundo y esperamos que a futuro esto sea viable".

La senadora Alvear advirtió que esta iniciativa tendrá un impacto en la disminución del hacinamiento carcelario, pues "en estos momentos tenemos más de 50 mil personas privadas de libertad y a lo mejor algunas de ellas podrían estar con penas alternativas cumplidas".

Por su parte, el senador Larraín destacó la importancia del proyecto argumentando que "va a permitir que las penas privativas de libertad tengan un régimen muy acucioso y detallado de cumplimiento de las penas en libertad.  Está acotado, no es para los delitos graves, pero lo que hace es ofrecer un abanico mayor de posibilidades, incluyendo elementos tecnológicos nuevos, como es el monitoreo electrónico que para ciertas alternativas de penas sustitutivas de libertad, son obligatorias y para otros son voluntarios".

El legislador agregó que se "incorpora el cumplimiento de las penas a través de servicios a la comunidad, con lo cual se produce un camino bastante más sensato para quienes cometen un delito por primera vez. Oportunidades de distinta naturaleza que le va a permitir su rehabilitación, su reinserción social y también tiene un efecto que alivia la presión de hacinamiento que hay en las cárceles en la actualidad".

En su opinión "hemos dado un paso muy significativo para que el proceso de sanciones a quienes cometen delitos tenga una oportunidad de reinserción más real a través del cumplimiento alternativos de las penas alternativas de libertad".

ALCANCES DE LA INICIATIVA

En lo fundamental el proyecto establece cinco medidas sustitutivas a las penas privativas de libertad y dos beneficios. Entre las primeras se cuenta la remisión condicional de la pena; la reclusión parcial (que remplaza a la reclusión nocturna); la libertad vigilada; la libertad vigilada intensiva y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

El brazalete electrónico podrá ser utilizado en la reclusión parcial y libertad vigilada intensiva, que estén condenados por delitos que no estén en el listado de los que están excluidos de esta medida, por el daño que generan.

Entre los beneficios se encuentra la expulsión del territorio nacional de los condenados extranjeros y la pena mixta, que permite que las personas que en este momento cumplen pena de cárcel, si cumplen ciertos requisitos, pueden salir antes del término de su condena con libertad vigilada intensiva.

El proyecto crea 585 nuevos cargos, el 95% de ellos destinados a Delegados que velarán por el cumplimiento de las prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada y la libertad intensiva.

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